octubre 27, 2026

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Estado

Helicópteros de Vidanta violaron territorio sagrado teenek

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Además del ecocidio hubo violación al territorio y a la identidad del Barrio Unión de Guadalupe; señala directamente a la dependencia estatal que autorizó el sobrevuelo

Por: Redacción

Un peritaje antropológico elaborado por el doctor Mauricio Genet Guzmán Chávez, catedrático del Colegio de San Luis, confirmó que el sobrevuelo de helicópteros sobre el Sótano de las Golondrinas, realizado por empresas filiales de Grupo Vidanta en mayo de 2024, no solo provocó un ecocidio sino que vulneró el territorio y la identidad de la comunidad teenek del Barrio Unión de Guadalupe, en Aquismón. El documento ya fue aportado como prueba pericial en los distintos procedimientos legales abiertos contra los responsables.

El investigador, con 18 años de experiencia en la región y en el tema de ecoturismo en zonas indígenas, subrayó que lo ocurrido va más allá de la mortandad de vencejos documentada por el doctor Leonardo Chapa del IPICYT. Lo que está de fondo, señaló Guzmán Chávez, es que las empresas involucradas violentaron la autoridad comunitaria, mintieron sobre una supuesta aceptación previa y falsificaron firmas.

El peritaje acredita que el Barrio Unión de Guadalupe cuenta con un sistema normativo propio que le asiste como comunidad indígena organizada, cuya máxima expresión es el Reglamento de Conservación y Protección del Sótano de las Golondrinas, elaborado en 1998 y ratificado en asamblea. Ese reglamento es explícito: en su artículo 22 prohíbe expresamente el sobrevuelo de helicópteros sobre el sitio. “Queda prohibido el descenso con artefactos de vuelo, como son helicópteros”, establece el documento.

Ante la ausencia de un Programa de Manejo, que debió elaborarse tras el decreto del Área Natural Protegida en 2001 y que hasta la fecha no existe, ese reglamento comunitario es el instrumento normativo vigente. Su violación, por tanto, no fue un tecnicismo: fue el desconocimiento de la autoridad indígena.

En cuanto al papel de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Guzmán Chávez fue contundente

. La dependencia fue quien autorizó el ingreso de los helicópteros el 6 de mayo de 2024, a través de la entonces directora de Ordenamiento Ecológico de Áreas Naturales Protegidas, Leticia Alejandra Juárez Avonce. El investigador consideró que en esa decisión hubo una descalificación a priori de la comunidad, bajo la suposición de que no tendría recursos para defenderse.

El peritaje plantea como escenario de resolución la reparación del daño mediante contraprestación económica o en especie, una disculpa pública de la SEGAM a todos los habitantes del barrio y la inhabilitación y sanción de la funcionaria responsable. “No se puede repetir esta situación”, advirtió el catedrático, quien además llamó a las instituciones de gobierno a empoderar a las comunidades en lugar de permitir que empresas nacionales o extranjeras coopten sus recursos naturales.

La historia del Barrio Unión de Guadalupe con el Sótano de las Golondrinas tiene más de 25 años. Desde finales de los ochenta, sus habitantes asumieron el proyecto ecoturístico como propio, frenaron la deforestación, recuperaron ecosistemas degradados y construyeron un modelo de administración comunitaria que ha sido referente. Que una empresa llegara a sobrevolar su sitio sagrado con helicópteros, con el aval de una funcionaria estatal y sin consultar a la asamblea, es lo que hoy se dirime en los tribunales.

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Congreso del Estado

Congreso endurece castigo por despojo y por retener pacientes por deudas

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El despojo se castigará con dos a siete años de prisión, y la pena crece si se usan documentos falsos o participa un servidor público

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad aumentar las penas por despojo, que ahora será castigado con dos a siete años de prisión. En la misma sesión ordinaria también endureció el castigo para los directivos de hospitales y clínicas que retengan a pacientes, a recién nacidos o un cuerpo por adeudos.

Ambas reformas modifican el Código Penal del Estado, la ley que define qué conductas son delito y qué castigo les corresponde.

Qué cambia con el despojo

El despojo es el delito de ocupar o quedarse con una casa, un terreno o cualquier inmueble ajeno sin tener derecho a ello, ya sea por la fuerza o con engaños. Con la reforma al artículo 227, quien lo cometa enfrentará de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, una cifra de referencia que se usa para calcular multas en lugar del sa lario mínimo.

Además, con el nuevo artículo 228 BIS, la pena podrá crecer hasta la mitad en sus mínimos y máximos en estos casos:

  • Cuando se simulen actos de autoridad.
  • Cuando se use documentación falsa.
  • Cuando la víctima sea un ascendiente (madre, padre, abuelos) o una persona adulta mayor.
  • Cuando participe un servidor público. En ese caso, además, será destituido e inhabilitado para trabajar en el gobierno durante el mismo tiempo que dure su condena de prisión.

Hospitales que retengan por deudas

La segunda reforma, al artículo 248, fija penas de dos a seis años de prisión y multas de 60 a 200 días de UMA para los directores, encargados o administradores de hospitales, clínicas o sanatorios, públicos o privados, que:

  • Impidan la salida de un paciente cuando él o sus familiares lo pidan, con el argumento de que hay deudas pendientes.
  • Retengan sin necesidad a un recién nacido por ese mismo motivo.
  • Retrasen o nieguen la entrega de un cuerpo, salvo cuando se requiera una orden de autoridad.

En la misma sesión, el Congreso aprobó otras reformas, entre ellas el uso obligatorio de casco en scooters eléctricos y nuevas reglas para declarar la presunción de muerte de personas desaparecidas.

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Ciudad

Pozos refuerza vigilancia por festividades a San Judas Tadeo

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Se preveé que se realizarán recorridos de supervisión y cierres viales conforme a las necesidades de movilidad

Por: Redacción

 

Para prevenir incidentes, proteger la integridad de las familias y garantizar condiciones de orden durante las celebraciones en honor a San Judas Tadeo, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la Guardia Civil Municipal y la Dirección de Vialidad, implementará un operativo especial de vigilancia y prevención en el fraccionamiento Los Molinos y la colonia El Palmar, con presencia en las zonas de mayor concentración de feligreses y actividad comercial durante esta festividad religiosa.

El director de la Guardia Civil Municipal, David Valdivia Carranza, informó que las acciones estarán enfocadas en prevenir situaciones de riesgo, mantener el orden en la vía pública y evitar la instalación de toldos o estructuras destinadas a bailes públicos y presentaciones musicales, debido a que no se otorgaron permisos para este tipo de actividades. Señaló que la vigilancia será fundamental para favorecer el desarrollo seguro de las celebraciones y evitar condiciones que puedan poner en riesgo a las personas asistentes.

Por su parte, el director de Vialidad, Juan Ramón Velázquez Urista, indicó que se realizarán recorridos de supervisión y cierres viales conforme a las necesidades de movilidad en ambos puntos, a fin de facilitar el tránsito peatonal, prevenir congestionamientos y brindar condiciones más seguras a quienes acudan a las actividades religiosas y comerciales. El operativo comenzará a las 15:00 horas del 28 de octubre y se mantendrá hasta la medianoche, con el propósito de anticipar riesgos, atender oportunamente cualquier eventualidad y permitir que las familias celebren esta tradición con tranquilidad, orden y seguridad.

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Destacadas

Evidencia exhibe a Sánchez Zumaya y David Azuara con la “Wiwa”

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Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular

Por: Jorge Saldaña

La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.

Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.

Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.

La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.

Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.

En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.

Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas

La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.

En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.

Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.

Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.

Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.

En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya

, confirmó públicamente el congelamiento de cuentas atribuidas a Sánchez Zumaya y a familiares suyos, así como la salida del empresario del país.

Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.

Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.

Los Azuara Zúñiga

La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.

En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.

La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.

La captura que volvió relevantes las fotografías

Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.

Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.

La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.

La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.

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Opinión

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