Además del ecocidio hubo violación al territorio y a la identidad del Barrio Unión de Guadalupe; señala directamente a la dependencia estatal que autorizó el sobrevuelo

Por: Redacción

Un peritaje antropológico elaborado por el doctor Mauricio Genet Guzmán Chávez, catedrático del Colegio de San Luis, confirmó que el sobrevuelo de helicópteros sobre el Sótano de las Golondrinas, realizado por empresas filiales de Grupo Vidanta en mayo de 2024, no solo provocó un ecocidio sino que vulneró el territorio y la identidad de la comunidad teenek del Barrio Unión de Guadalupe, en Aquismón. El documento ya fue aportado como prueba pericial en los distintos procedimientos legales abiertos contra los responsables.

El investigador, con 18 años de experiencia en la región y en el tema de ecoturismo en zonas indígenas, subrayó que lo ocurrido va más allá de la mortandad de vencejos documentada por el doctor Leonardo Chapa del IPICYT. Lo que está de fondo, señaló Guzmán Chávez, es que las empresas involucradas violentaron la autoridad comunitaria, mintieron sobre una supuesta aceptación previa y falsificaron firmas.

El peritaje acredita que el Barrio Unión de Guadalupe cuenta con un sistema normativo propio que le asiste como comunidad indígena organizada, cuya máxima expresión es el Reglamento de Conservación y Protección del Sótano de las Golondrinas, elaborado en 1998 y ratificado en asamblea. Ese reglamento es explícito: en su artículo 22 prohíbe expresamente el sobrevuelo de helicópteros sobre el sitio. “Queda prohibido el descenso con artefactos de vuelo, como son helicópteros”, establece el documento.

Ante la ausencia de un Programa de Manejo, que debió elaborarse tras el decreto del Área Natural Protegida en 2001 y que hasta la fecha no existe, ese reglamento comunitario es el instrumento normativo vigente. Su violación, por tanto, no fue un tecnicismo: fue el desconocimiento de la autoridad indígena.

En cuanto al papel de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Guzmán Chávez fue contundente

. La dependencia fue quien autorizó el ingreso de los helicópteros el 6 de mayo de 2024, a través de la entonces directora de Ordenamiento Ecológico de Áreas Naturales Protegidas, Leticia Alejandra Juárez Avonce. El investigador consideró que en esa decisión hubo una descalificación a priori de la comunidad, bajo la suposición de que no tendría recursos para defenderse.

El peritaje plantea como escenario de resolución la reparación del daño mediante contraprestación económica o en especie, una disculpa pública de la SEGAM a todos los habitantes del barrio y la inhabilitación y sanción de la funcionaria responsable. “No se puede repetir esta situación”, advirtió el catedrático, quien además llamó a las instituciones de gobierno a empoderar a las comunidades en lugar de permitir que empresas nacionales o extranjeras coopten sus recursos naturales.

La historia del Barrio Unión de Guadalupe con el Sótano de las Golondrinas tiene más de 25 años. Desde finales de los ochenta, sus habitantes asumieron el proyecto ecoturístico como propio, frenaron la deforestación, recuperaron ecosistemas degradados y construyeron un modelo de administración comunitaria que ha sido referente. Que una empresa llegara a sobrevolar su sitio sagrado con helicópteros, con el aval de una funcionaria estatal y sin consultar a la asamblea, es lo que hoy se dirime en los tribunales.

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