El adelanto del aguinaldo para El Buen Fin depende de las condiciones de cada empresa, detalló el diputado César Arturo Lara

Por: Redacción

El sector productivo de San Luis Potosí cuenta con condiciones para cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, consideró el diputado César Arturo Lara Rocha, quien estimó que la mayoría de las empresas se encuentran preparadas para cubrir estas obligaciones laborales.

El legislador señaló que las empresas formales suelen anticipar sus presupuestos desde meses antes para garantizar el pago a sus trabajadores, por lo que previó que el cierre de año transcurra sin mayores inconvenientes en esta materia.

Recordó que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y que el monto mínimo para las personas trabajadoras sujetas a esta legislación equivale a 15 días de salario. La prestación puede ser mayor cuando así lo est ablezcan los contratos o las condiciones laborales.

Lara Rocha llamó a los empleadores a cumplir con esta obligación dentro del plazo legal y garantizar que sus trabajadores reciban el pago correspondiente.

Sobre la posibilidad de adelantar el aguinaldo para que las personas puedan aprovechar las promociones de El Buen Fin, indicó que depende de las condiciones de cada empresa. Añadió que no todos los trabajadores tienen acceso a este beneficio, particularmente cuando no existen contratos colectivos que contemplen acuerdos de esa naturaleza.

El diputado también señaló que el pago de esta prestación contribuye a incrementar la circulación de recursos y dinamizar la actividad económica durante la temporada de fin de año.

Aunque el legislador previó un cierre sin contratiempos, su pronóstico corresponde a una estimación sobre el comportamiento del sector productivo y no a un balance de cumplimiento de las empresas.

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Incrementa la pena de dos a siete años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la UMA

Por: Redacción

Para fortalecer el marco sancionador respecto al delito de despojo, a fin de incrementar la pena básica  y establecer un catálogo de agravantes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que  reforma al artículo 228 Bis del Código Penal del Estado.

El dictamen, presentado por la Comisión Primera de Justicia que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández, incrementa la pena de dos a siete años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Anteriormente se establecía de uno a cinco años de prisión.

Se establecen agravantes, para incrementar la pena hasta en una mitad más en sus límites mínimo y máximo, cuando: se simulen actos de autoridad; se utilice documentación falsa; participe un servidor público, en cuyo caso, se impondrá además la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; y cuando se cometa en contra de un ascendiente o persona adulta mayor.

En la exposición de motivos se señala que el derecho a la propiedad y a la posesión pacífica de los bienes constituye un pilar fundamental consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México.

El despojo, al implicar la ocupación ilícita de inmuebles o el ejercicio indebido de derechos reales mediante violencia física o moral, engaño o de manera furtiva, no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también genera un profundo impacto en su seguridad, tranquilidad y confianza en las instituciones. En un contexto donde la propiedad es un pilar para el desarrollo económico y social, el aumento de este delito representa una amenaza significativa para el orden público y la cohesión social en San Luis Potosí.

La muerte gestacional, perinatal y neonatal son problemas de salud pública que afectan profundamente a las familias

Por: Redacción

A propuesta de la diputada Sara Rocha Medina, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Hombre y Mujeres del Estado, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incorporando expresamente el derecho al acompañamiento integral ante la muerte gestacional y neonatal.

En la exposición de motivos se indica que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres constituye uno de los principios rectores del orden jurídico nacional y estatal, orientado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos sin discriminación por razón de género.

En este sentido, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas e institucionales que permitan identificar y atender aquellas circunstancias que afectan de manera diferenciada a las mujeres, particularmente en materia de salud, bienestar emocional y acceso a servicios públicos con enfoque de derechos humanos.

La muerte gestacional, perinatal y neonatal son problemas de salud pública que afectan profundamente a las familias, e impactan en los sistemas de salud. La prevención de estos fallecimientos requiere una combinación de intervenciones, como el control prenatal temprano y adecuado, la detección oportuna de complicaciones durante el embarazo y el seguimiento constante del bienestar fetal y la atención de calidad durante el parto.