Rubén Guajardo explicó que la reforma establece que la investigación de todos los delitos del fuero común corresponde al Ministerio Público

Por: Redacción

 

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a los párrafos, primero, tercero y cuarto del artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar en las tareas de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal, y a las policías municipales, que podrán operar bajo el mando del Ministerio Público.

 

Con esta modificación, propuesta por la diputada Leticia Vázquez y el diputado Rubén Guajardo se armoniza el texto constitucional local con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del año 2024, por el que se reformó y adicionó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El diputado Rubén Guajardo Barrera, explicó que la reforma establece que la investigación de todos los delitos del fuero común corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal, y a las policías municipales, a cada una en el ámbito de sus competencias.

 

La actuación de dichas instituciones y corporaciones en materia de investigación se realizará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones. La persecución de los delitos del fuero común ante los tribunales, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y tanto para ello como para las funciones de investigación.

Víctor Nicolás Juárez Aguilar asumirá el cargo hasta 2030, su llegada ocurre previo al proceso electoral de 2027

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí eligió por unanimidad, con 27 votos, a Víctor Nicolás Juárez Aguilar como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, cargo que desempeñará desde este 24 de febrero y hasta el 19 de diciembre de 2030, para concluir el periodo que dejó vacante Luis Fernando González Macías tras su renuncia en diciembre de 2025.

Juárez Aguilar es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

y cuenta con una maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales por la misma institución en colaboración con el CEEPAC. Se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de 2015 a 2021, posteriormente fungió como magistrado en funciones y llegó a ocupar la presidencia del organismo, cargo que dejó en 2025.

Durante su trayectoria, impulsó procedimientos internos en el Tribunal Electoral y sostuvo controversias administrativas con magistradas del propio órgano, además de intervenir en el caso de la inhabilitación del diputado Marcelino Rivera Hernández, donde advirtió posibles sanciones al Congreso por no tomarle protesta; el conflicto no escaló.

El nuevo fiscal electoral rindió protesta este martes en sesión solemne del Congreso y asumirá la conducción de la Fiscalía Especializada en un contexto marcado por la proximidad del proceso electoral 2026–2027, en el que deberá atender e investigar posibles delitos en la materia.

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El Secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que la paz en la entidad es resultado del combate frontal, permanente y coordinado con las fuerzas federales

Por: Redacción

Que San Luis Potosí se haya mantenido ajeno a la violencia que el pasado domingo sacudió a buena parte del país tras la muerte de un objetivo criminal de alto rango es resultado del combate frontal y permanente que el Gobierno del Estado, junto con las fuerzas federales, mantiene contra el crimen organizado.

Lo anterior lo declaró el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez

quien agregó que ayer mismo el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad para acordar lo necesario a fin de mantener blindado al Estado ante cualquier reacción que pudiere provocar la muerte del delincuente.

Enfatizó que no es que se actúe de manera reactiva ante la posibilidad del efecto “cucaracha” que pudiera derivar de esos hechos, sino que el blindaje del estado es permanente.

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