Gracias a la implementación del Plan Integral de Seguridad Pública, la entidad se consolida entre las más seguras del país, superando la media nacional en reducción delictiva

Por: Redacción

San Luis Potosí se ubica en el primer lugar nacional por reducir 80.8 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo del 2025, según se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En dicho periodo 26 entidades federativas tuvieron cifras a la baja en este rubro, pero San Luis Potosí superó ampliamente a Zacatecas que con una reducción de 61.8 puntos porcentuales quedó en el segundo lugar de la tabla.

Además, durante el mes de abril, San Luis Potosí fue la sexta entidad del país con menos homicidios dolosos.

Este posicionamiento refleja la efectividad de la estrategia Integral de Seguridad Pública implementado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. A diferencia de estrategias anteriores, este modelo no solo se centra en medidas de disuasión, prevención y combate frontal a la delincuencia, sino que prioriza la reconstrucción del tejido social

.

La administración estatal ha sostenido que la paz social se construye atacando las raíces del problema. Por ello, el plan incluye acciones transversales como la generación de empleos, el rescate masivo de la infraestructura urbana, la recuperación de espacios públicos, así como la entrega de becas educativas y apoyos sociales.

Estas medidas buscan cerrar las brechas de desigualdad y ofrecer alternativas reales a la población, manteniendo a San Luis Potosí como un referente de estabilidad y seguridad en el centro del país.

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De acuerdo con Protección Civil, la superficie afectada rebasa las 23 mil hectáreas, aunque la cifra podría aumentar una vez que Conafor concluya la medición satelital

Por: Redacción

La reciente onda de calor registrada en San Luis Potosí provocó un incremento considerable en los incendios forestales, informó César Manuel Rocha Moreno, encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quien detalló que hasta el momento se tiene un registro de 84 siniestros en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El funcionario explicó que la superficie afectada se mantiene por arriba de las 23 mil hectáreas, aunque aclaró que la cifra continúa en proceso de actualización debido a que la medición oficial se realiza mediante imágenes satelitales, procedimiento que puede tardar entre cuatro y cinco días.

“Conafor tarda entre cuatro y cinco días en determinar las hectáreas afectadas porque lo hace por medio de imágenes de satélite. La imagen no es al momento y además las condiciones nubladas complican el análisis”, señaló.

Rocha Moreno indicó que actualmente no se reportan incendios forestales activos en el estado, luego de que los últimos incidentes registrados ocurrieran en la zona serrana de Santa María del Río, hacia el área colindante con Rioverde.

Sobre estos casos recientes, mencionó que existe la presunción de que fueron originados por tormentas eléctricas derivadas de las condiciones climáticas de los últimos días.

Las autoridades estatales mantienen coordinación con Conafor para continuar con el monitoreo y actualización de los daños ambientales provocados por la temporada de incendios forestales.

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Además del ecocidio hubo violación al territorio y a la identidad del Barrio Unión de Guadalupe; señala directamente a la dependencia estatal que autorizó el sobrevuelo

Por: Redacción

Un peritaje antropológico elaborado por el doctor Mauricio Genet Guzmán Chávez, catedrático del Colegio de San Luis, confirmó que el sobrevuelo de helicópteros sobre el Sótano de las Golondrinas, realizado por empresas filiales de Grupo Vidanta en mayo de 2024, no solo provocó un ecocidio sino que vulneró el territorio y la identidad de la comunidad teenek del Barrio Unión de Guadalupe, en Aquismón. El documento ya fue aportado como prueba pericial en los distintos procedimientos legales abiertos contra los responsables.

El investigador, con 18 años de experiencia en la región y en el tema de ecoturismo en zonas indígenas, subrayó que lo ocurrido va más allá de la mortandad de vencejos documentada por el doctor Leonardo Chapa del IPICYT. Lo que está de fondo, señaló Guzmán Chávez, es que las empresas involucradas violentaron la autoridad comunitaria, mintieron sobre una supuesta aceptación previa y falsificaron firmas.

El peritaje acredita que el Barrio Unión de Guadalupe cuenta con un sistema normativo propio que le asiste como comunidad indígena organizada, cuya máxima expresión es el Reglamento de Conservación y Protección del Sótano de las Golondrinas, elaborado en 1998 y ratificado en asamblea. Ese reglamento es explícito: en su artículo 22 prohíbe expresamente el sobrevuelo de helicópteros sobre el sitio. “Queda prohibido el descenso con artefactos de vuelo, como son helicópteros”, establece el documento.

Ante la ausencia de un Programa de Manejo, que debió elaborarse tras el decreto del Área Natural Protegida en 2001 y que hasta la fecha no existe, ese reglamento comunitario es el instrumento normativo vigente. Su violación, por tanto, no fue un tecnicismo: fue el desconocimiento de la autoridad indígena.

En cuanto al papel de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Guzmán Chávez fue contundente

. La dependencia fue quien autorizó el ingreso de los helicópteros el 6 de mayo de 2024, a través de la entonces directora de Ordenamiento Ecológico de Áreas Naturales Protegidas, Leticia Alejandra Juárez Avonce. El investigador consideró que en esa decisión hubo una descalificación a priori de la comunidad, bajo la suposición de que no tendría recursos para defenderse.

El peritaje plantea como escenario de resolución la reparación del daño mediante contraprestación económica o en especie, una disculpa pública de la SEGAM a todos los habitantes del barrio y la inhabilitación y sanción de la funcionaria responsable. “No se puede repetir esta situación”, advirtió el catedrático, quien además llamó a las instituciones de gobierno a empoderar a las comunidades en lugar de permitir que empresas nacionales o extranjeras coopten sus recursos naturales.

La historia del Barrio Unión de Guadalupe con el Sótano de las Golondrinas tiene más de 25 años. Desde finales de los ochenta, sus habitantes asumieron el proyecto ecoturístico como propio, frenaron la deforestación, recuperaron ecosistemas degradados y construyeron un modelo de administración comunitaria que ha sido referente. Que una empresa llegara a sobrevolar su sitio sagrado con helicópteros, con el aval de una funcionaria estatal y sin consultar a la asamblea, es lo que hoy se dirime en los tribunales.

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