Un incendio en Santo Domingo concentró más del 70% del daño total, con más de 15 mil hectáreas consumidas

Por: Redacción

San Luis Potosí se mantiene como la entidad más afectada por incendios forestales a nivel nacional en lo que va de 2026, al registrar más de 21 mil 731 hectáreas dañadas y un total de 64 siniestros, informó el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en el estado, Teodoro Morales Organista.

El funcionario explicó que, aunque la cifra de incendios representa aproximadamente la mitad de los registrados durante todo 2025, la superficie afectada coloca a la entidad en el primer lugar nacional.

Detalló que la mayor parte de las áreas dañadas corresponde a matorrales y pastizales, lo que, si bien representa un impacto ambiental, reduce el riesgo en comparación con zonas boscosas.

Morales Organista señaló que un solo incendio, ocurrido en el municipio de Santo Domingo, ha sido determinante en la estadística estatal, ya que consumió alrededor de 15 mil 287 hectáreas tras tres días de intensas labores de combate.

“Ese incendio representa más del 70 por ciento de la superficie afectada en el estado durante este año”, puntualizó.

El titular de Conafor advirtió que la temporada crítica de incendios aún no concluye y se prevé que se extienda hasta finales de junio, por lo que el riesgo se mantiene latente en las próximas semanas.

No obstante, destacó que los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son favorables, ya que anticipan la presencia de lluvias en los próximos meses, incluso durante mayo, periodo que suele registrar las temperaturas más elevadas.

Finalmente, subrayó que los incendios forestales son fenómenos impredecibles, por lo que será hasta el inicio de julio cuando se pueda considerar el cierre de la temporada y hacer un balance definitivo de los daños.

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También se han detectado niñas y niños en situación de riesgo o abandono en la vía pública

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), reconoció que existe una alta incidencia de reportes relacionados con violencia familiar y situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, atendidos a través del sistema de emergencias 9-1-1.

El funcionario explicó que la corporación cuenta con unidades especializadas para atender este tipo de casos, entre ellas la Unidad de Violencia de Género y la Unidad de Medidas, las cuales operan de manera permanente para brindar atención inmediata a las denuncias.

Detalló que, ante un reporte, ya sea por violencia intrafamiliar o por menores en situación de abandono o riesgo en la vía pública, se activa el protocolo correspondiente, enviando a la unidad especializada o a la patrulla más cercana para intervenir.

Juárez Hernández señaló que la atención a estas problemáticas no recae únicamente en la Guardia Civil Estatal, sino que existe coordinación con diversas instituciones, como el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes, instancias de procuración de justicia y autoridades municipales en las cuatro regiones del estado.

En ese sentido, indicó que la estadística completa sobre estos casos es concentrada principalmente por instancias como la Secretaría de las Mujeres, debido a que múltiples corporaciones participan en la atención y seguimiento de las denuncias.

Asimismo, adelantó que se trabaja en la consolidación de un convenio de colaboración interinstitucional para fortalecer la atención a víctimas, particularmente en lo relacionado con medidas de protección, a fin de garantizar un seguimiento puntual a cada caso.

El titular de la SSPCE subrayó que estas acciones buscan reforzar la coordinación entre dependencias y mejorar la respuesta ante una problemática que, reconoció, mantiene una alta demanda de atención en la entidad.

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La ley aplicaría cuando una persona mayor de edad embarace a una menor de 14 años, con o sin consentimiento

Por: Redacción

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa para reformar la denominación del capítulo III, del Código Penal del Estado para denominarlo “Del Embarazo Infantil y el Estupro”, incorporando el delito de abuso sexual por embarazo infantil.

De esta manera, se establece que comete el delito de abuso sexual por embarazo infantil, quien siendo mayor de edad, provoque el embarazo de una persona menor de catorce años, independientemente de que medie o no consentimiento de la persona menor.

Se propone establecer que el delito se persiga de oficio en todos los casos y sea sancionado con una pena de ocho a quince años de prisión y sanción pecuniaria de quinientas a mil días del valor de la unidad de medida y actualización; perdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho de carácter familiar respecto del producto del embarazo, y la obligación de reparación integral del daño, que contemplará como mínimo: gastos médicos, psicológicos y de atención especializada para la menor, así como las que la autoridad determine.

Se busca además, que estas penas se incrementen en los casos en que la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima; si es servidor público o familiar de la menor, y si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o emocional de la menor.

En este caso, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

La legisladora indica en su exposición de motivos, que el abuso sexual infantil aumenta el riesgo de embarazos no deseados, ya que en informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2021 estima que 120 millones de niñas menores de 20 años fueron víctimas de violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja.

Este abuso está profundamente arraigado en la desigualdad de género; afecta a más niñas que niños, aunque muchos niños también se ven afectados. Las estimaciones sugieren que en 2020, al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y 1 de cada 20 niñas de entre 15 y 19 años había experimentado relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida.

El embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial, que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría. Además, se trata de un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional, no obstante, las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.

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