Congreso del Estado
Gallardo va contra Ley Serrano: Congreso espera
Derogar una ley es facultad exclusiva del Congreso, pero los diputados locales dicen que esperan la propuesta del gobernador
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anticipó el fin de semana que buscará derogar la Ley Serrano, y en su lugar proponer criterios sobre medios de comunicación y evitar el periodismo anónimo. Sin embargo, derogar una ley es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, no del Ejecutivo.
El artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establece que dictar, abrogar y derogar leyes corresponde al Congreso del Estado. El gobernador solo tiene la facultad de veto, prevista en el artículo 80, que le permite presentar observaciones a una ley dentro de los diez días hábiles siguientes a recibirla, antes de su publicación, no derogarla una vez que ya está en vigor. El artículo 61 de la misma Constitución señala, además, que cualquier diputado, y no solo el gobernador, puede presentar ante el Congreso una iniciativa para abrogar o derogar la ley.
A pesar de esa distinción, los diputados locales hablan de la derogación como una decisión que depende del Ejecutivo. Rubén Guajardo Barrera, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que su bancada acompañará la derogación si el gobernador la envía al Congreso, y explicó que la votación depende de la aritmética legislativa: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene la mayoría, con algunas adhesiones adicionales, por lo que ninguna propuesta avanza sin su respaldo. El diputado interpretó el anuncio de Gallardo Cardona como una señal de que el PVEM acompañará la derogación.
El PAN votó en contra de la ley vigente por dos razones, dijo Guajardo Barrera: la bancada respalda regular la inteligencia artificial, pero rechaza que la ley sea punitiva, y considera que el Congreso la aprobó en un proceso exprés, de entre 10 y 11 días
Guajardo Barrera celebró la posible derogación porque, dijo, dará tiempo al Congreso para revisar derecho comparado en otros estados y países. Sostuvo que la inteligencia artificial debe regularse, pero advirtió que no debe ser punitiva mientras exista en México la figura de la prisión preventiva.
Sara Rocha Medina, diputada local y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condicionó su postura de la misma manera: dijo que, si el gobernador envía una nueva ley o la derogación de la vigente, su bancada hará lo que corresponda. Afirmó que aún no hay información oficial sobre el contenido de la iniciativa, más allá de lo declarado públicamente, y que prefiere conocer la propuesta antes de opinar.
Rocha Medina sostuvo que ninguna ley nace perfecta y que toda normativa puede mejorarse, pero evitó pronunciarse sobre si conviene sustituir la regulación de inteligencia artificial por una enfocada en medios de comunicación.
Ninguno de los dos legisladores mencionó la posibilidad de presentar una iniciativa propia para derogar la Ley Serrano, pese a que la Constitución del Estado les reconoce ese derecho sin necesidad de que el Ejecutivo actúe primero. Hasta el momento, el gobierno del estado no ha enviado formalmente la iniciativa al Congreso.
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La pena aumentará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente
Por: Redacción
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández, aprobó el dictamen que adiciona el artículo 342 Bis al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para sancionar la difusión indebida de imágenes y material relacionado con víctimas y escenas del crimen por parte de servidores públicos.
Vázquez Hernández indicó que la adición establece un tipo penal para sancionar a servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones en la procuración e impartición de justicia y sin autorización legal, divulguen, publiquen, transmitan, compartan o entreguen imágenes o videos de cadáveres, restos humanos, lesiones o circunstancias del fallecimiento de una persona, cuando esa conducta vulnere la dignidad, privacidad o intimidad de la víctima o de sus familiares.
Añadió que la iniciativa toma como referencia el caso de Ingrid Escamilla, feminicidio ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, cuyas imágenes de la escena del crimen fueron filtradas y difundidas por medios de comunicación y redes sociales.
El artículo 342 Bis se incorpora en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos. Sancionaría a quien, por sí o por interpósita persona, con motivo del ejercicio de sus funciones en la procuración o impartición de justicia y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercie, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o partes de ellos relacionados con un hecho que la ley señale como delito, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que presentan.
De acuerdo con el dictamen, se impondría pena de prisión de tres a ocho años y sanción pecuniaria de 300 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La pena y la sanción pecuniaria aumentarían hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente, o cuando el contenido se difunda en medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.
El dictamen se turnará al pleno para su votación.
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Gámez dijo que la lista ya está elaborada y que Derechos Humanos sigue en análisis
Por: Redacción
El Congreso del Estado citará a 10 servidores públicos a comparecer por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, informó el diputado local Luis Fernando Gámez Macías.
Gámez Macías dijo que la lista ya está elaborada y que la hará llegar a los medios. De acuerdo con el calendario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Secretaría General de Gobierno abrirá las comparecencias el lunes 19 de octubre.
El legislador señaló que se analiza el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
Cuestionado sobre si se sumarán otros funcionarios, respondió que “de momento son los 10”. Explicó que todas las fuerzas políticas tienen dudas y que habrá un intercambio con los comparecientes. Dijo esperar un ejercicio “muy responsable, muy democrático, muy republicano”.
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El diputado afirmó que Interapas pierde la mitad del agua que extrae en su red
Por: Redacción
El diputado local Luis Fernando Gámez Macías propuso que los ayuntamientos destinen 15% de su presupuesto a reforzar la infraestructura hidráulica y la distribución del agua.
Gámez Macías explicó que la iniciativa de reforma constitucional ya está en la Comisión del Agua del Congreso del Estado y dijo confiar en que se resuelva en breve.
El legislador advirtió que hay un “ecocidio” en la zona metropolitana de San Luis Potosí y afirmó que 50% del agua que extrae el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) se pierde en la red. Por eso calificó de “inoperante” el modelo de gestión del agua.
Habló tras las lluvias que inundaron el Puente de Otón y dejaron vehículos varados. Dijo que la capital enfrenta “una crisis del agua y ahora una crisis de operatividad”.
El diputado anunció que el próximo martes presentará una segunda reforma, a la Ley de Planeación del Estado, para evaluar los indicadores municipales en servicios públicos. Con ella, afirmó, se podría auditar a los alcaldes no solo en agua, sino también en recolección de basura, alumbrado y seguridad.
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