El instituto aclaró que no interviene en el delito por el que fueron procesadas: su trabajo se concentra en atender la adicción

Por: Ana G Silva

Durante 2026, 100 personas han sido atendidas en el Instituto Temazcalli tras ser canalizadas por jueces debido a antecedentes de consumo de sustancias. De ellas, 94 son hombres y seis mujeres.

Luis Eduardo López Rivas, titular del Área Paraclínica de Temazcalli, explicó que la atención forma parte de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Medidas Cautelares. Hasta julio de este año, el instituto había registrado 324 intervenciones dentro de este esquema.

El especialista aclaró que Temazcalli no interviene en el proceso judicial ni da seguimiento al delito que pudo haber cometido la persona. La institución recibe la referencia relacionada con el antecedente de consumo y, a partir de una valoración, determina el tipo de atención necesaria.

Las personas pueden cumplir con la medida cautelar mediante exámenes toxicológicos, atención ambulatoria o internamiento en la comunidad terapéutica, dependiendo de su condición clínica.

“Nosotros no tenemos nada que ver” con la situación legal, explicó López Rivas, pues la atención se concentra en el consumo de sustancias y sus consecuencias.

Entre las personas atendidas bajo este esquema, señaló, predomina el consumo de cannabis y, muy cerca, el de metanfetaminas.

Tratar la adicción, parte de la reinserción

López Rivas consideró fundamental atender las adicciones dentro de los procesos de reinserción social, al reconocer que el consumo de sustancias puede estar relacionado con algunas conductas delictivas.

Explicó que, en algunos casos, las personas que desarrollan una dependencia pueden llegar a cometer conductas ilícitas para obtener recursos y mantener el consumo, incluso dentro del propio entorno familiar, como vender pertenencias para conseguir dinero.

Sin embargo, precisó que Temazcalli no atiende la reincidencia delictiva, sino la recaída en el consumo de sustancias.

Para el especialista, una persona que enfrenta un proceso judicial o sale de prisión y no recibe atención para su problema de consumo puede volver a presentar una recaída, por lo que consideró necesario incluir el tratamiento de las adicciones dentro de las estrategias de reinserción.

La medida judicial puede ayudar al tratamiento

Aunque algunas de estas personas no llegan a Temazcalli por decisión propia, López Rivas señaló que una medida cautelar puede favorecer el apego al tratamiento.

Según su experiencia, quienes están obligados a acudir como parte de una medida judicial pueden mantener una asistencia más constante que algunos pacientes que buscan atención voluntariamente y abandonan o acuden de manera irregular.

La atención que reciben no cambia por su condición jurídica. El tratamiento incluye valoración médica, psiquiátrica y psicológica, así como atención familiar, terapias individuales y grupales, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

El especialista destacó que la participación de la familia es fundamental, ya que las personas generalmente regresan al mismo entorno social y familiar después del tratamiento, donde pueden enfrentar nuevamente factores de riesgo relacionados con el consumo.

Además, explicó que es frecuente que el consumo de sustancias esté acompañado por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otros trastornos, por lo que atender estas condiciones también forma parte del proceso de rehabilitación.

López Rivas insistió en que, aunque puede existir una relación entre el consumo y determinadas conductas delictivas, la adicción debe atenderse desde una perspectiva de salud.

“Ser adicto es una enfermedad”, sostuvo, al señalar que el consumo de sustancias requiere una intervención profesional y no puede reducirse únicamente a una cuestión de voluntad.

Así, en el caso de las personas canalizadas por jueces, la autoridad determina la medida cautelar, mientras que Temazcalli se concentra en atender la adicción, no el delito.

También lee: Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

José Luis Romero, “Tekmol”, podría pagar hasta 1.9 millones de pesos de multa por la tala de árboles que se le atribuye en el río Valles

Por: Redacción
Ilustración generada con IA para La Orquesta

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) habría abierto un procedimiento sancionador contra José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Valles, luego de que, de acuerdo con Huasteca Hoy, taló árboles y vegetación en la ribera del río Valles, en la zona de Santa Rosa.

La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada habría desbrozado y talado parte de la maleza y la arboleda que crece a la orilla del río, en un tramo que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y la localidad de Santa Rosa. El político habría señalado que buscaba convertir el sitio en un espacio de interés comercial y turístico, y habría atribuido el abandono del lugar al gobierno de David Medina Sa lazar

La ribera es jurisdicción federal. Según Huasteca Hoy, Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua en la zona, señaló que nadie notificó a la dependencia sobre el corte de árboles y que, tras una visita de inspección, se habría iniciado el procedimiento. Habría indicado, además, que la Semarnat

González Castillo habría precisado que el procedimiento podría derivar en una multa de hasta un millón 900 mil pesos.

No sería la primera vez que Romero Calzada enfrenta un procedimiento oficial: desde junio, el Tribunal Electoral del Estado analiza una denuncia del PRI en su contra por presunta duplicidad en la entrega de despensas de programas estatales en Ciudad Valles, señalamiento que también hizo el PAN. Romero Calzada se afilió al PVEM en 2025, después de haber criticado al partido y a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.

La sanción se determinaría una vez que concluya la revisión técnica del expediente.

También lee: Marchan por Salvita y Zahid; exigen a Fiscalía avances en ambos casos

J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó la coordinación con el Colegio de Notarios de San Luis Potosí para facilitar el acceso al trámite

Por: Redacción

San Luis Potosí llevará a cabo de septiembre a diciembre la campaña Meses del Testamento, mediante la cual las familias podrán realizar este trámite a un precio preferencial de dos mil pesos, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre sus bienes y evitar futuros conflictos relacionados con el patrimonio.

Bajo el lema “Decidir hoy, es proteger mañana”, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, pusieron en marcha esta estrategia, que acerca a la población un instrumento legal fundamental para establecer de manera clara el destino de sus bienes.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó la coordinación con el Colegio de Notarios de San Luis Potosí para facilitar el acceso al trámite y generar una mayor cultura de prevención entre las familias potosinas.

Durante los cuatro meses de la campaña, las y los interesados podrán aprovechar este costo especial y dejar establecida legalmente su voluntad, protegiendo su patrimonio y dando certeza a sus seres queridos.