Investigación revela socios, facturaciones y movimientos notariales coincidentes

Una revisión de registros mercantiles identifica al menos a 13 compañías más constituidas en San Luis Potosí, que están vinculadas por accionistas, representantes y operaciones ante las mismas notarías, con la constelación de facturación y desvío de recursos del caso Gómez Mont

Cinco de esas empresas fueron señaladas definitivamente por el SAT como emisoras de facturas por operaciones simuladas. Uno de los empresarios que concentra las conexiones fue detenido en febrero de 2025 en la capital potosina

Investigación especial
San Luis Potosí, S.L.P.
Por: Carlos Ruiz / Jorge Saldaña

Una investigación documental sobre las empresas de San Luis Potosí involucradas en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga permitió identificar una red empresarial más extensa de lo que hasta ahora se había dado a conocer: al menos otras 13 sociedades mercantiles relacionadas entre sí mediante socios comunes, administradores, apoderados y movimientos notariales realizados en las mismas fechas.

La revisión de actas constitutivas, modificaciones societarias, poderes notariales y registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela un patrón de creación y reorganización de compañías, especialmente durante 2016 y 2017, en el que se repiten nombres, notarías, capitales sociales e incluso descripciones idénticas de las actividades para las que fueron constituidas.

Cinco de las empresas identificadas terminaron incorporadas a los listados definitivos del SAT, bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por operaciones consideradas inexistentes para efectos fiscales.

La red tiene entre sus principales personajes a Armando Romero López, empresario relacionado con al menos seis sociedades potosinas, detenido el 14 de febrero de 2025 en la colonia Estrella de la capital del estado y vinculado a proceso seis días después por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información judicial disponible, el juez Enrique Beltrán Santés le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano, misma que sigue vigente.

Romero López aparece como fundador y administrador único de tres compañías vinculadas directamente con el expediente federal: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint y Rancel.

Empresas constituidas en serie ante la misma notaría

Uno de los principales hallazgos está en los registros de la Notaría Pública número 24 de San Luis Potosí, a cargo de Juan Francisco Corripio Andrés.

En menos de 20 días, entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2016, ante ese mismo fedatario se constituyeron tres empresas que posteriormente aparecerían relacionadas con el caso.

La primera fue Comcelint, constituida el 18 de febrero, con Armando Romero López y Joel Alejandro Sánchez Romero como accionistas, cada uno con el 50 por ciento del capital.

Siete días después, el 25 de febrero, se constituyó Gupea Construcciones, con Yareli Eunice Delgado García como accionista mayoritaria, propietaria del 60 por ciento de las acciones, y Steve Santiago Colorado Muñoz con el 40 por ciento restante.

El 8 de marzo se formalizó Rancel, nuevamente con Romero López como socio y administrador único, acompañado de Jorge Armando Romero Gaspar.

Las tres compañías nacieron con un capital social de 50 mil pesos y bajo un esquema de dos accionistas y un administrador único.

Pero las coincidencias no terminaron ahí.

Los documentos registrales muestran que Gupea y Rancel realizaron el pago de su inscripción mercantil el mismo 31 de marzo de 2016, con las boletas 2713157 y 2713159, prácticamente consecutivas.

La proximidad de las fechas de constitución, la intervención del mismo notario y la coincidencia de los trámites registrales constituyen uno de los patrones detectados por la investigación.

Meses después, la misma Notaría 24 formalizó otras dos sociedades relacionadas con este grupo empresarial: Comeceler y Serbatel, constituidas el 28 de octubre de 2016 mediante los instrumentos notariales consecutivos 11993 y 11994.

Ambas tuvieron el mismo capital social de 50 mil pesos y exactamente los mismos dos accionistas, aunque con las participaciones invertidas.

En Comeceler, Mario Alberto Galindo Sáenz concentró el 80 por ciento de las acciones y Juan del Ángel Munguía Navarro el 20 por ciento. Hasta donde se pudo investigar, Juan del Ángel Munguía Navarro se promociona como músico local para eventos sociales.

En Serbatel ocurrió lo contrario: Munguía Navarro quedó con el 80 por ciento y Galindo Sáenz con el 20 por ciento.

En total, cinco compañías de la red fueron constituidas durante 2016 ante el mismo notario.

Los nombres que conectan a las empresas

La identificación de las personas que aparecen en las actas permite reconstruir las relaciones entre las distintas sociedades.

Armando Romero López figura como accionista y administrador único de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, fundada en julio de 2007, así como de Comcelint y Rancel, creadas en 2016.

Además, las consultas de socios del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) lo relacionan con Vialidades del Tangamanga, Innovación en Servicios Integrales Dicont y Tangamanga Innovaciones y Negocios.

Otra figura central es Yareli Eunice Delgado García, socia mayoritaria y administradora única de Gupea Construcciones.

El registro también la identifica como socia de Arquitectura y Acabados Yardel y Electro-Construcciones Quiga. La primera fue incluida en 2019 en la lista definitiva de contribuyentes del artículo 69-B (conocida como la lista negra de empresas factureras).

La conexión entre ambos grupos empresariales se amplía con Mario Alberto Galindo Sáenz.

El 29 de abril de 2016, Gupea le otorgó un poder general que incluía facultades para actos de dominio, es decir, atribuciones para disponer de bienes en representación de la compañía.

Cinco días después, el 4 de mayo, Galindo Sáenz constituyó M y R Proyectos Integrales Constructora y Renta de Equipo, donde tenía el 70 por ciento de las acciones y era administrador.

En octubre participó en la fundación de Comeceler y Serbatel, las dos sociedades constituidas el mismo día ante la Notaría 24.

Así, un apoderado de Gupea aparece también como fundador o accionista de otras tres compañías, un vínculo mercantil que permite extender el mapa de relaciones más allá de las firmas originalmente identificadas en la investigación penal.

Cambios de socios, poderes y operaciones ante otra notaría

La revisión de los movimientos posteriores permitió detectar otro patrón: la participación recurrente de determinadas personas en la compraventa de acciones y los cambios de administración.

La Notaría Pública número 21, de Gerardo Parra Dávalos, aparece en varios actos relacionados con estas compañías.

Ante ella se formalizó el poder que Gupea otorgó a Galindo Sáenz, así como modificaciones de Comeceler y operaciones societarias de M y R Proyectos y Grupo Roilwe.

En junio de 2017, Galindo Sáenz salió de M y R Proyectos mediante una operación accionaria. Alberto Casas Castillo terminó incorporándose a la administración de esa sociedad y también aparece como socio y administrador de Grupo Roilwe, constituida en abril de ese año.

Lourdes García Ávalos participó igualmente en operaciones accionarias de las dos empresas.

En enero de 2018, García Ávalos y Casas Castillo vendieron sus acciones de Grupo Roilwe a Omar y Adriana Rivera Alonso. En junio del mismo año, Alberto y Areli Casas Castillo quedaron con el total del capital de M y R Proyectos.

Por su parte, Comeceler, constituida en octubre de 2016, fue disuelta en marzo de 2018 y liquidada en junio de ese mismo año mediante trámites formalizados en la Ciudad de México.

Los movimientos muestran una secuencia de constituciones, otorgamientos de poderes, compraventas de acciones, sustituciones de administradores y liquidaciones que involucraron a personas recurrentes en un periodo relativamente corto.

El patrón permite establecer documentalmente relaciones que no resultaban evidentes al revisar cada empresa de manera aislada.

El mismo objeto social en compañías diferentes

Otro hallazgo está en la redacción de las actividades autorizadas a varias de las sociedades.

Comcelint, Rancel, Comeceler, Serbatel y Grupo Roilwe reproducen textualmente disposiciones de su objeto social relacionadas con servicios de recepción de llamadas telefónicas y soluciones integrales de centros de contacto.

No se trata solamente de que fueran registradas para desarrollar actividades semejantes: las actas contienen fragmentos redactados con las mismas palabras.

Este patrón se combina con otras coincidencias: capitales sociales de 50 mil pesos, estructuras iniciales de dos accionistas, administradores únicos con facultades amplias y actuaciones notariales próximas.

Aunque las escrituras mercantiles pueden utilizar modelos estandarizados, la repetición de estos elementos, sumada al intercambio de socios y representantes, constituye un dato relevante para comprender la configuración del grupo empresarial.

El vínculo con los millones investigados por la FGR

La relevancia de estas conexiones está en el expediente federal que involucra a Gómez Mont y Álvarez Puga, relacionado con presuntas irregularidades en contratos del sistema penitenciario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según información judicial divulgada por Reforma en febrero de 2025, tres compañías constituidas en San Luis Potosí —Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Rancel y Comcelint— recibieron transferencias por un monto conjunto de aproximadamente 635.2 millones de pesos relacionadas con los recursos investigados.

Los registros difundidos atribuyen a Tangamanga depósitos por alrededor de 315.9 millones de pesos, a Rancel por 181.6 millones y a Comcelint por 137.6 millones.

De Ingeniería y Arquitectura Tangamanga salieron, según la investigación de la Fiscalía, transferencias por 7 millones 395 mil pesos a favor de Gómez Mont.

Otra empresa potosina, Gupea Construcciones, habría realizado operaciones por aproximadamente 7.4 millones de pesos a favor de la exconductora, de acuerdo con la información judicial publicada sobre el caso.

El monto atribuido a las operaciones con Gómez Mont es distinto de los 635.2 millones de pesos que circularon por las otras tres sociedades y también del valor total de los contratos federales investigados.

El 20 de febrero de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Romero López, por considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar el procedimiento penal. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.

Cinco empresas terminaron en las listas definitivas del SAT

La investigación documental permitió confirmar que cinco de las 13 sociedades relacionadas fueron incorporadas a las listas definitivas del SAT por operaciones inexistentes, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Se trata de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint, Rancel, Gupea Construcciones y Arquitectura y Acabados Yardel.

Rancel y Gupea fueron publicadas en el listado definitivo del Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2018.

Tangamanga y Comcelint aparecieron el 31 de diciembre del mismo año.

Yardel fue incorporada el 26 de diciembre de 2019.

La inclusión definitiva implica que la autoridad fiscal no tuvo por acreditada la capacidad material necesaria para realizar las operaciones facturadas, conforme al procedimiento legal aplicable.

Otra compañía de Álvarez Puga trasladó su domicilio a San Luis Potosí

A las 13 empresas identificadas en la revisión de relaciones mercantiles se suma otro hallazgo: Mase Energy, sociedad en la que Víctor Manuel Álvarez Puga aparece como accionista mayoritario.

De acuerdo con la documentación registral referida en el reportaje original, una asamblea celebrada el 23 de noviembre de 2015 acordó trasladar el domicilio de la compañía de la Ciudad de México a San Luis Potosí y aumentar su capital social en 5.1 millones de pesos.

En esa operación, Alejandro Mario Álvarez Puga vendió sus acciones a su hermano Víctor Manuel, quien quedó con el 70 por ciento del capital, mientras Sergio Martínez Vega conservó el 30 por ciento restante.

El acuerdo fue inscrito en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí el 28 de septiembre de 2016, el mismo año en que fueron constituidas varias de las compañías que forman parte de la red identificada.

Según el reportaje original, Mase Energy también fue incluida en abril de 2021 en el listado definitivo del SAT por operaciones inexistentes, debido a la ausencia de activos y personal.

Esta relación directa con Álvarez Puga amplía la presencia de sociedades vinculadas al caso en San Luis Potosí.

La investigación también revisó los antecedentes de señalamientos periodísticos que vincularon a la firma contable Marcelo de los Santos y Cía., S.C., propiedad del exgobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga, con las empresas relacionadas con este expediente.

En febrero de 2022, San Luis Al Instante publicó una información que atribuyó equivocadamente al diario Reforma y en la que se identificaba a Marcelo y Carlos de los Santos Anaya, hijos del exgobernador, como propietarios de compañías potosinas involucradas en el caso.

Sin embargo, en las actas constitutivas y modificaciones societarias revisadas de ocho empresas, ninguno de los dos aparece como accionista, administrador, comisario o apoderado.

La búsqueda de socios en SIGER tampoco permitió establecer una relación entre los folios identificados a nombre de los hermanos y las sociedades investigadas.

Por tanto, los documentos revisados no respaldan atribuirles la propiedad de las empresas analizadas ni tampoco se puede comprobar que las mismas sociedades tengan relación contractual con la firma.

Lo que sí está documentado es la cercanía de Fernando Francisco Gómez Mont con el exgobernador potosino Marcelo de los Santos durante sus dos años de gestión como secretario de Gobernación en el periodo del expresidente Felipe Calderón. Fernando Gómez-Mont Urueta es tío de Inés Gómez Mont. Ocupó la Secretaría de Gobernación del 10 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2010, cuando él y De los Santos militaban en Acción Nacional. Se debe recordar que Gómez Mont tomó protesta luego de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño, en el desplome del Learjet que lo transportaba, precisamente de San Luis Potosí a la CDMX.

Una investigación que amplía el mapa empresarial del caso

La detención de Inés Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre de 2026 por motivos migratorios, reactivó la atención sobre la investigación federal. La FGR informó que mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México contra la exconductora, cuya situación jurídica en Estados Unidos depende de las autoridades de ese país.

La evidencia que se presenta revela que la estructura empresarial potosina alrededor del caso Gómez Mont–Álvarez Puga es más amplia y presenta más conexiones de las que se habían documentado públicamente y es posible que conforme avancen las investigaciones puedan salir a la luz otros vínculos.

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Como parte de la modernización, también se renovaron las redes de agua potable y drenaje sanitario, con 147 servicios intervenidos

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, continúa la modernización de la infraestructura urbana en Villa de Pozos, con la rehabilitación integral de la Calle 101, en la colonia El Palmar, una obra que mejora la movilidad, la seguridad vial y los servicios básicos de 3 mil 500 habitantes, mediante una inversión de 12.9 millones de pesos.

La intervención comprendió 783 metros lineales de vialidad, en el tramo de las calles 24 a 26, donde se colocaron más de 7 mil 360 metros cuadrados de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, además de la rehabilitación de banquetas y guarniciones. En conjunto, los trabajos abarcaron una superficie superior a los 9 mil 978 metros cuadrados, ofreciendo mejores condiciones para automovilistas y peatones.

Como parte de la modernización, también se renovaron las redes de agua potable y drenaje sanitario, con 147 servicios intervenidos, además de incorporar alumbrado público y señalización horizontal y vertical, para brindar mayor seguridad y mejores condiciones de tránsito a las familias de esta zona.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que su administración mantiene la atención en colonias que requieren infraestructura y servicios públicos de calidad, mediante obras integrales que atienden necesidades de la población y contribuyen al desarrollo ordenado de los municipios de San Luis Potosí.

El auditor superior dijo que ya se presentaron denuncias por contratos irregulares en algunos municipios

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha identificado irregularidades en procedimientos de contratación de algunos municipios y ya presentó las denuncias correspondientes, informó su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien advirtió que, de ser necesario, promoverá nuevas acciones legales.

“No abusen del recurso público ni de figuras legales como la adjudicación directa para asignar obra pública. La ley prevé estas modalidades, pero deben utilizarse conforme a los supuestos y requisitos establecidos”, pidió a los funcionarios municipales.

Qué es la adjudicación directa

La adjudicación directa es cuando un gobierno entrega un contrato a una empresa sin concurso, a diferencia de la licitación pública, en la que varias empresas compiten y gana la que ofrece mejores condiciones.

El auditor superior aclaró que adjudicar de forma directa no es ilegal por sí mismo. Sin embargo, en algunos casos se ha usado con incumplimiento de requisitos legales, simulación de procedimientos, direccionamiento de contratos (es decir, arreglar el proceso para que gane una empresa elegida de antemano) o posibles actos de colusión, que son acuerdos entre funcionarios o empresas para repartirse contratos. Esas conductas pueden derivar en faltas administrativas o hechos con apariencia de delito

Denuncias sin esperar el fin de la auditoría

Lecourtois explicó que no es necesario concluir una auditoría para presentar una denuncia: si durante la revisión aparecen elementos que hagan presumir un delito, el instituto da parte a las autoridades competentes.

Así ocurrió en Axtla de Terrazas. En octubre, el IFSE informó que denunció ante las autoridades penales presuntas irregularidades en la construcción de la Unidad Deportiva, donde se ejercieron alrededor de 14.5 millones de pesos durante la administración de Gregorio Cruz Martínez. Según el instituto, en esa obra se evitó la licitación pública y el contrato se asignó de forma directa.

“Lo importante es que se cumpla la ley, que se busquen las mejores condiciones para el Estado y que la ciudadanía tenga la confianza de que los recursos públicos se ejercen de manera transparente y responsable”, concluyó.

La información es del Instituto de Fiscalización Superior del Estado.

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