Pascual Martínez, director de la CEA, dijo que las presas están entre 75% y 90% de su capacidad, pero advirtió no bajar la guardia ante una posible sequía en 2027

Por: Haniel Valdés

Las presas de San Luis Potosí se mantienen entre 75% y 90% de su capacidad tras una temporada de lluvias abundante, informó el director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez. Dijo que ese margen se ha sostenido desde octubre de 2025.

Martínez advirtió que, pese a esos niveles, el estado no puede bajar la guardia. Dijo que la CEA debe seguir exhortando y fortaleciendo a los organismos operadores y a los ayuntamientos para sostener acciones estratégicas de administración del agua, porque el volumen almacenado en las presas también da garantía de que se mantengan los mantos freáticos, “porque al final de cuentas van pegados de la mano”. Habló del tema al continuar el balance de obras hídricas de la administración estatal, que ya incluyó la rehabilitación de la presa El Peaje y la ampliación de la flotilla de pipas de la CEA.

Dijo que el objetivo central del organismo es garantizar que el agua llegue a la ciudadanía, y que ya se preparan estrategias ante la posibilidad de que 2027

Martínez dijo que, junto con la infraestructura, la CEA impulsa entre las nuevas generaciones la cultura del agua, porque “no tenemos la cultura del pago del agua” en el estado. Explicó que ese esfuerzo incluye enseñar el concepto de ciclo urbano del agua: cómo las ciudades alteran el ciclo natural del recurso para tener una mejor calidad de vida, y la responsabilidad que eso implica para cada ciudadano.

El director general de la CEA dijo que San Luis Potosí ha atravesado varias sequías, y que por eso insiste en no bajar la guardia aunque los niveles de almacenamiento actuales sean buenos: la infraestructura ayuda, pero si no llueve o los mantos acuíferos se secan, el agua deja de llegar a las casas.

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La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.

La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.

La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.

Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.

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La SGE dijo que el estado coordina con Prevención y Reinserción Social, la Defensoría Pública, la Fiscalía y el Poder Judicial

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo una reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para dar seguimiento a las acciones del Comité Permanente de Preliberaciones y a los casos de personas privadas de la libertad que cumplen con los requisitos establecidos por la ley, por indicaciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En lo que va de 2026, 345 personas han accedido a la preliberación en San Luis Potosí, bajo criterios legales y de vulnerabilidad, informó Torres Sánchez.

El comité analiza los perfiles de personas indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, así como casos de prisión preventiva prolongada, para determinar el acceso a la preliberación, la amnistía federal o la libertad anticipada.

Torres Sánchez dijo que el estado mantiene coordinación con Prevención y Reinserción Social, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial para la revisión de cada caso.

El anuncio se suma al balance que el Gobierno del Estado prepara de cara al Quinto Informe de Gobierno, que se presentará el 21 de septiembre en la capital y el 23 en Rioverde.

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