La máxima casa de estudios del estado recibirá su presupuesto 2026 en pagos mensuales y contará con un recurso adicional al cierre del año

Por: Redacción

Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que el Gobierno del Estado ya tiene definido el esquema de financiamiento para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante este 2026, el cual contempla tanto el presupuesto ordinario como una ampliación de recursos hacia el cierre del año.

Explicó que el presupuesto aprobado por el Congreso local se distribuirá en doceavas, es decir, en pagos mensuales iguales a lo largo del año, como parte del funcionamiento regular del gasto público.

“Lo que autoriza el Congreso se entrega en doceavas, que son 12 meses de pagos iguales”, detalló.

En este sentido, indicó que el monto base aprobado ronda los 300 millones de pesos, los cuales se ministran mensualmente a la institución educativa.

Además, García Vidal señaló que, tras gestiones realizadas con la Federación y con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se logró un incremento cercano al 3% respecto al convenio anterior, lo que representa una bolsa adicional aproximada de 216 millones de pesos

Este recurso extraordinario será entregado durante el último trimestre del año, con el objetivo de apoyar a la universidad en compromisos financieros más elevados, como el pago de prestaciones de fin de año.

“El recurso adicional se va a aplicar en el último trimestre para apoyar en temas como aguinaldos, donde los montos son más fuertes”, explicó.

La funcionaria agregó que este esquema fue acordado directamente con el rector Alejandro Zermeño Guerra, con quien —aseguró— existe coordinación y consenso sobre la forma en que se entregarán los recursos.

Asimismo, destacó que, a diferencia del año anterior, en esta ocasión se logró una mejor coordinación con la Federación, particularmente con la Secretaría de Educación Pública, para garantizar la participación conjunta en el financiamiento de la universidad.

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Movimiento Ciudadano mantendrá su postura de acelerar la implementación de la jornada de 40 horas, al considerar que el contexto laboral actual exige medidas más inmediatas

Por: Redacción

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, cuestionó el modelo planteado para la reducción de la jornada laboral en México, al considerar que llevar el esquema de 40 horas semanales hasta el año 2030 es una medida tardía y con impacto limitado para los trabajadores.

El legislador reconoció que la propuesta representa un avance en materia de derechos laborales; sin embargo, advirtió que dista de lo que su partido ha impulsado, que es una implementación inmediata acompañada de dos días de descanso obligatorios por semana.

“Qué bueno que ya se establecieron las 40 horas, aunque sea hasta el 2030, pero es un avance”, expresó, al tiempo que señaló que el esquema aprobado contempla una aplicación gradual que reduciría la jornada de forma paulatina —alrededor de dos horas cada cierto periodo—, lo que, en su opinión, retrasa los beneficios reales para la clase trabajadora.

Gama Basarte insistió en que el planteamiento actual no garantiza de forma efectiva una mejora inmediata en la calidad de vida de los trabajadores, particularmente en lo relacionado con el descanso, al no consolidar desde ahora un modelo claro de dos días libres por semana.

Para Movimiento Ciudadano, explicó, la reducción de la jornada laboral no solo debe centrarse en disminuir horas, sino en replantear el equilibrio entre trabajo y vida personal, donde el descanso digno sea un eje central.

El diputado sostuvo que la gradualidad propuesta diluye el impacto de la reforma y deja en segundo plano la urgencia de atender las condiciones laborales actuales, por lo que adelantó que su bancada continuará impulsando que la jornada de 40 horas se aplique en el corto plazo y con un esquema completo que incluya dos días de descanso.

En ese sentido, reiteró que, aunque el cambio aprobado puede considerarse un paso inicial, aún queda pendiente una discusión de fondo para garantizar que la reforma responda verdaderamente a las necesidades de los trabajadores en San Luis Potosí y en el país.

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El Partido del Trabajo acabó siendo el factor decisivo al oponerse a este ajuste propuesto por la presidenta

Por: Redacción

Durante la madrugada, el Senado de la República aprobó por lo general el “Plan B” de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de control presupuestario para diversos órdenes de gobierno, sin embargo, rechazaron la iniciativa para recorrer la revocación de mandato para el 2027.

El voto decisivo acabó siendo del Partido del Trabajo, cuyos legisladores se opusieron a darle el visto bueno a los cambios al Artículo 35 de la Constitución, impidiendo que se alcanzara la mayoría calificada necesaria para que la presidenta aparezca en las boletas del próximo año.

A pesar de echar para atrás esta parte de la reforma, Alberto Anaya, eterno dirigente del PT, aseguró que su partido es miembro fundador de la Cuarta Transformación, y que se mantendrán de la mano con la presidenta.

Además de esta bancada; PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Luis Melgar, senador del Partido Verde, votaron en contra, impidiendo que los votos de los representantes de Morena y el resto del Verde alcanzaran para que fuese aprobada.

Al respecto, Sheinbaum se manifestó esta mañana en su Conferencia del Pueblo, señalando que los partidos tuvieron miedo de que su presencia en las boletas impulsara votos para su partido en las elecciones para los demás cargos en disputa.

Subrayó que el pueblo se encargará de juzgar a los que impidieron que se aprobara este apartado de su propuesta, recalcando que no solo fue el Partido del Trabajo el que se posicionó adversamente.

Por otro lado, la reforma fue aprobada en lo general al sí contar con el apoyo de los tres partidos que conforman a la 4T, con lo que se regularán presupuestos tanto del Senado como de Congresos Estatales, así como los salarios de funcionarios públicos, quienes no podrán ganar más que el titular del Ejecutivo. 

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