Este jueves en las instalaciones de la empresa Mabe, el alcalde instaló el Consejo de Seguridad como parte de un modelo de participación ciudadana reconocido nacionalmente y aplicado en toda la Capital

Por: Redacción

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó la instalación y toma de protesta del Consejo de Seguridad de la zona industrial, un mecanismo permanente de coordinación que reúne por primera vez a representantes empresariales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia y empresas de seguridad privada. Durante la sesión, Jorge Jaramillo Baena asumió la presidencia del Consejo y José de Jesús Torres Sandoval la Secretaría Técnica.

Este Consejo se incorpora al modelo de seguridad ciudadana de San Luis Capital, reconocido a nivel nacional y alineado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la participación de la sociedad organizada en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas en la materia. Se trata de una labor conjunta entre autoridades y ciudadanía que ya opera mediante más de 800 Comités de Seguridad Ciudadana en colonias y comunidades, además de un esquema consolidado en el Centro Histórico, donde la coordinación permanente ha permitido atender las necesidades particulares de este sector.

Enrique Galindo destacó que la zona industrial concentra diariamente alrededor de 120 mil trabajadores, usuarios y visitantes, una población equivalente a la del cuarto municipio más grande del estado, por lo que requiere una estrategia específica y acorde con su importancia económica. El alcalde instruyó mantener un mando operativo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con elementos y patrullas asignados para fortalecer la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta.

En la integración del Consejo

participaron funcionarios del Gobierno de la Capital, corporaciones municipales y estatales, representantes de la Fiscalía General de la República, del Ejército Mexicano, Protección Civil Municipal y Estatal, el Cuerpo de Bomberos, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, parques industriales y empresas de los sectores automotriz, manufacturero, metalúrgico, petroquímico, logístico y de seguridad patrimonial. Esta amplia representación permitirá compartir información, identificar riesgos y construir soluciones conjuntas para cada sector del corredor industrial.

Mario González Martínez, presidente de la Unión de Usuarios de la zona industrial, afirmó que el trabajo coordinado permitirá avanzar hacia una zona industrial más segura y competitiva. Por su parte, Pablo Díaz del Castillo, director general de Mabe-Leiser, señaló que la seguridad es una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas y usuarios, por lo que reconoció la creación de un espacio permanente para atender problemáticas y dar seguimiento a los acuerdos.

El alcalde Enrique Galindo señaló que este modelo podrá evolucionar para incorporar a otros municipios de la zona metropolitana y fortalecer la coordinación con las empresas de seguridad privada. Reiteró que el Consejo contará con respaldo jurídico, administrativo y operativo para generar condiciones de seguridad, confianza y competitividad que favorezcan a quienes trabajan, invierten y transitan diariamente por la zona industrial de San Luis Potosí.

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El primer síndico municipal, Víctor Salgado Delgadillo, aclaró que la mayoría de los laudos liquidados se originaron en administraciones anteriores. Destacó que el Ayuntamiento ha cumplido resoluciones judiciales y promovido acuerdos para proteger las finanzas municipales

Por: Redacción

El primer síndico municipal, Víctor Salgado Delgadillo, precisó que los pagos realizados por concepto de laudos laborales durante las administraciones 2021-2024 y 2024-2027 corresponden, en su mayoría, a juicios originados en gobiernos anteriores, principalmente en los periodos 2015-2018 y 2018-2021, por lo que resulta incorrecto atribuir dichos conflictos a la actual gestión municipal.

Explicó que cerca del 80 por ciento de los laudos cubiertos por el Ayuntamiento derivan de procedimientos laborales iniciados en administraciones pasadas, cuya resolución fue emitida por autoridades jurisdiccionales competentes. En ese sentido, señaló que el cumplimiento de estas sentencias constituye una obligación legal y administrativa

para el Municipio, ya que desacatarlas podría generar costos adicionales por intereses, actualizaciones y otras sanciones.

Salgado Delgadillo destacó que, además de cumplir con los mandatos judiciales, la actual administración ha impulsado mecanismos de conciliación para alcanzar acuerdos con trabajadores involucrados en litigios laborales, evitando que los montos de las indemnizaciones continúen incrementándose y reduciendo el impacto económico sobre las finanzas municipales.

El primer síndico reiteró que la prioridad del Gobierno de la Capital ha sido actuar con responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, proteger el patrimonio municipal y garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades laborales, siempre con apego a la legalidad y transparencia.

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Estas acciones se desarrollan bajo los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

Por: Redacción

La administración municipal encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha un estudio geométrico y de estabilidad estructural del Centro Cultural Palacio Municipal, con el propósito de preservar y conservar de manera responsable este emblemático edificio, reconocido como una joya arquitectónica y parte del patrimonio histórico de la ciudad.

 

Los trabajos contemplan la revisión del inmueble mediante equipo topográfico especializado, así como una evaluación integral de sus condiciones estructurales, que incluye un estudio de mecánica de suelos, la revisión del comportamiento del edificio y un estudio geofísico.

 

La intervención estará a cargo de un equipo de especialistas conformado por la maestra en Restauración de Sitios y Monumentos, arquitecta Sandra Guadalupe Ochoa Gómez, coordinadora d el proyecto; el director de Estudio Estructural, Jorge Campos Juárez,

con el acompañamiento de las Direcciones Municipales de Obras Públicas, Unidad de Gestión del Centro Histórico, Turismo y Cultura.

 

Estas acciones se desarrollan bajo los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de proteger la integridad del inmueble y asegurar su permanencia para las futuras generaciones.

 

De acuerdo con los especialistas, la decisión de realizar estos estudios deriva de la identificación de grietas en la fachada, entrepisos y muros, consideradas poco habituales, por lo que se determinó llevar a cabo una evaluación técnica que permita conocer el estado actual del edificio y definir las medidas necesarias para su conservación.