Congreso del Estado
Fundamental, combatir violencia contra mujeres en SLP: Congreso
Esta iniciativa, representa un paso significativo hacia la erradicación de la violencia de género asegurando una respuesta legal contundente.
La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández aseguró que es fundamental fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género en nuestra sociedad, mediante el robustecimiento del marco jurídico penal de nuestro Estado, haciéndolo más efectivo y disuasorio.
Presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado conocida como la “Ley Ingrid” donde establece sanciones a la persona servidora pública que exponga, difunda, entregue, revele, publique, copie, transmita, reproduzca, remita, distribuya, videograbe, audio grabe, fotografíe, filme, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos del hecho, evidencia, objeto alguno relacionado con un procedimiento penal que obren en una carpeta de investigación de un hecho o hechos que la ley señale como delitos.
Este delito será castigado con una pena de 6 a 10 años de prisión y se multará con 500 a 1000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). La sanción será triplicada en el caso de que la información difundida corresponda a mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad.
Esta iniciativa, dijo la diputada Vargas Hernández, representa un paso significativo hacia la erradicación de la violencia de género, asegurando una respuesta legal contundente, la prevención de estos delitos y la garantía de acceso a la justicia para las víctimas.
En la exposición de motivos s eñala que “la violencia contra las mujeres es un fenómeno que ha ido en aumento en el país, atentando contra su vida e integridad. La violencia de género constituye una problemática grave y persistente que afecta a un gran número de mujeres en nuestro país;
La “Ley Ingrid” surge en respuesta a los lamentables casos de feminicidio que han conmocionado a nuestra sociedad, y en particular en memoria de Ingrid, cuya historia trágica y conmovedora ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de acciones legislativas efectivas.
Vargas añadió que “es de suma importancia que se legisle en este Congreso del Estado la protección de los derechos de las mujeres y se castigue a quien infrinja estas conductas, pues el Estado Mexicano forma parte de tratados internacionales”.
“Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la erradicación de la violencia de género, asegurando una respuesta legal contundente, la prevención de estos delitos y la garantía de acceso a la justicia para las víctimas. Esta armonización constituirá un avance importante en la lucha contra la violencia de género y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, puntualizó.
La iniciativa se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.
Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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