Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua

Por: Roberto Mendoza

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.

Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.

De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.

Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.

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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero

Por: Roberto Mendoza

Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.

El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.

La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?

La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.

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Se establecieron acciones para protección de animales de trabajo y especies de animales silvestres

Por: Redacción

A propuesta de la diputada Nancy Jeanine García Martínez, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí, a fin de fortalecer la legislación en la materia.

Entre las reformas, se incorpora en el apartado de animales de trabajo, a los animales para uso de labranza, y establecer claramente a las autoridades encargadas de la atención animal a la persona titular del Poder Ejecutivo.

Se establece también que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, coadyuvará con la Federación y los Municipios, en levantar y mantener actualizados el inventario de la población animal silvestre existente en la Entidad.

Y además, se establecen atribuciones para crear reservas y salvaguardar las especies de animales silvestres.

La legisladora García Martínez expresó que con estas modificaciones se brinda certeza jurídica en las responsabilidades de las autoridades, “y también se incorpora la protección de la vida silvestre, y con ello se protege también la biodiversidad de nuestras especies”.

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