El pronunciamiento ocurre después de que el expresidente Vicente Fox planteara una alianza entre PAN y PRI con Galindo como candidato

Por: Redacción

El diputado local Rubén Guajardo Barrera, del PAN, respaldó el perfil de Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, como aspirante a la gubernatura del estado.

El respaldo llegó después de que Vicente Fox, expresidente de México, insistiera en una alianza entre el PRI y el PAN con Galindo Ceballos como candidato.

“Creo que Enrique Galindo es un perfil competitivo, lo ha dado a conocer en la boleta y creo que está haciendo bien su trabajo”, señaló Guajardo Barrera.

El legislador dijo que la definición del candidato no depende de él, sino de la dirigencia nacional del PAN. Añadió que Galindo Ceballos mantiene buen diálogo con esa dirigencia y que ya se inscribió como coordinador estatal de “la defensa del cambio

“.

Fox hizo esa propuesta el 13 de agosto, durante la Feria de la Proveeduría en la capital potosina, donde también calificó de equivocada la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de descartar alianzas electorales para 2027. Galindo Ceballos, quien ha reconocido pertenecer al PRI, necesitaría un acuerdo con el PAN para competir como candidato de oposición.

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Lourdes Zarazúa negó una intrusión al sistema, aunque no descartó que el origen esté en la cuenta de un litigante externo

Por: Redacción

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE) descartó que sus sistemas hayan sido hackeados, luego de que una publicación en Instagram y Facebook difundiera que se habían filtrado “muchos gigas” de información del Poder Judicial.

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del STJE, afirmó que una investigación interna del área de tecnologías, junto con las empresas Kaspersky y Fortinet, encargadas de los sistemas de seguridad del tribunal, no encontró evidencia de que los servidores hayan sido vulnerados.

Explicó que los abogados litigantes externos cuentan con usuario y contraseña propios para consultar el expediente electrónico, donde se concentran documentos como demandas, actas de nacimiento y credenciales del INE de las partes en juicio.

Zarazúa sostuvo que no puede descartarse que la filtración provenga de la cuenta individual de algún litigante y no del sistema del tribunal. “Una cosa es que hayan hackeado el sistema de un banco y otra cosa es que me hayan hackeado mi cuenta a mí como usuario“, afirmó.

Antes de las auditorías, el tribunal operaba con cerca de cuatro firewalls; tras las recomendaciones de Kaspersky y Fortinet, el STJE sumó capas adicionales de seguridad a su sistema.

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De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal

Por: Haniel Valdés Velázquez

El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.

El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.

El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.

Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.

Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.

La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial

—administración, tribunal y tribunal de disciplina— alrededor del 15 de octubre, con el mantenimiento de edificios y el gasto en personal como prioridades declaradas.

De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.

Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.

El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.

El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.

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