Destacadas
Nuevos expedientes apuntan a presunta red de lavado ligada a Sánchez Zumaya
Documentos de Reporte Índigo lo señalan ahora como líder de una operación de huachicol fiscal por más de mil 100 millones de dólares
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó este año el no ejercicio de la acción penal en dos carpetas de investigación contra Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados. Pese a ello, nuevos documentos consultados por Reporte Índigo lo señalan como presunto líder de una red de lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción ilícita de hidrocarburos de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La primera carpeta, derivada de señalamientos de 2024 sobre un presunto saqueo de hidrocarburos a Pemex, y la segunda, radicada en Tabasco por lavado de dinero, facturación de operaciones inexistentes y portación de arma de fuego, concluyeron sin acción penal por insuficiencia probatoria.
Estas indagatorias no son nuevas: desde noviembre de 2024 se conoce una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Tabasco que acusaba a Sánchez Zumaya —dueño de Petrogesa, contratista de Pemex entre 2021 y 2024— de lavado de dinero y fraude fiscal mediante una red de empresas y prestanombres que facturaron más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Días después, diputados del PAN exigieron en la Cámara que la FGR investigara esos nexos.
Ninguna de esas resoluciones impidió que su nombre reapareciera en documentos que lo vinculan con una operación de mayor escala. Una investigación de Reporte Índigo, basada en comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros, sostiene que el empresario habría encabezado una organización identificada como Grupo GESA, dedicada a lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y petroquímicos desde instalaciones de Pemex.
El documento describe un mecanismo similar al ya conocido: al menos 15 personas físicas
La investigación sostiene además que la red logró ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— sin registros oficiales de entrada o salida ni contratos que justificaran la presencia de particulares.
El expediente ubica el destino final de los recursos en cuatro empresas constituidas en Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC, que habrían recibido comprobantes fiscales por más de mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, luego de que las operaciones pasaran por un segundo grupo de empresas en Nuevo León y Coahuila asociado al empresario Salvador Vigil Jordán.
Los nuevos señalamientos ocurren mientras Sánchez Zumaya busca la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027. Fuentes de Morena confirmaron que su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación no prosperó debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos; se inscribió entonces ante el Partido del Trabajo (PT), que no aplica ese filtro. Apenas el mes pasado, el empresario tuvo que ampararse para evitar ser detenido después de que trascendiera que pesaba sobre él una orden de aprehensión.
El empresario ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas relacionadas con Pemex y ha sostenido que enfrenta una campaña política en su contra. Hasta el momento, ninguno de los nuevos señalamientos cuenta con una resolución judicial definitiva.
Con información de Reporte Índigo.
También lee: Lo dicho: Morena le da palo a Sánchez Zumaya y no lo inscribe. El PT lo aceptó
Congreso del Estado
Congreso propone aumentar sanciones para hospitales y funerarias que retengan cadáveres
Se busca que la pena establecida actualmente de tres meses a dos años de prisión, se incremente a dos años a seis años de prisión
Por: Redacción
La Comisión de Salud y Asistencia Social aprobó reformar el artículo 248 del Código Penal del Estado, para incrementar sanciones en el delito contra la fidelidad profesional, en los casos en que directivos de clínicas, sanatorios y hospitales públicos o privados, retardan o niegan, por cualquier motivo la entrega de un cadáver, al igual que a funerarias.
La legisladora Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de esta comisión legislativa, indicó que en estos casos se busca que la pena establecida actualmente de tres meses a dos años de prisión, se incremente a dos años a seis años de prisión, para quienes cometan esta conducta.
“Es una modificación al Código Penal para endurecer las penas, las sanciones para incrementar las penas en años para quienes cometan el delito de retención de cadáveres ya sea en hospitales privados, funerarias, o la retención de personas en los hospitales privados de alguna persona que haya fallecido, ya existe este delito y lo que solicita es incrementar las penas”.
Se indica en la exposición de motivos, que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud constituye una de las actividades de mayor relevancia social, ya que de ellas depende, en gran medida, la vida, la integridad física y el bienestar de las personas.
El dictamen se turnará al pleno para su votación.
El organismo monitorea los niveles de almacenamiento y las condiciones del suministro, a la espera de que se restablezca el flujo
Por: Redacción
Hasta la mañana de este sábado, el sistema El Realito continúa sin enviar agua a los tanques de almacenamiento de Interapas, por lo que la interrupción suma ya cinco días.
Con esta suspensión, se acumulan diez fallas en el suministro proveniente de El Realito durante el año. Interapas mantiene activo su protocolo de atención para dar seguimiento a la situación y reducir las afectaciones en las zonas de influencia.
El organismo continuará monitoreando los niveles de almacenamiento y las condiciones del suministro, a la espera de que se restablezca el flujo de agua hacia los tanques.
El gobernador señaló que 2027 será un año de intenso trabajo social y de cercanía con la población, con un equipo preparado
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, anunció que durante 2027 continuará la ampliación de los programas sociales que benefician directamente a las familias de las cuatro regiones, con más apoyos y una atención permanente para quienes más lo necesitan.
Tras reunirse con personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), el mandatario informó que ya se prepara la estrategia de trabajo para el próximo año, con el objetivo de mantener la entrega de beneficios y ampliar la cobertura en comunidades y municipios de todo San Luis Potosí.
Ricardo Gallardo destacó que continuarán programas como Seguridad Alimentaria, apoyos escolares, Tu Casa Tu Apoyo, tortilla subsidiada, Clínicas Rosa y los respaldos dirigidos a personas adultas mayores y madres solteras, acciones que permiten atender necesidades esenciales y generar mejores condiciones para miles de hogares potosinos.
El gobernador señaló que 2027 será un año de intenso trabajo social y de cercanía con la población, con un equipo preparado para mantener presencia en las cuatro regiones y llevar los programas directamente a las familias.
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