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Ex funcionario de Nava se negó a disculparse con víctimas de acoso sexual
A Ricardo “N” le fue rechazada su solicitud de suspensión de juicio
Por: Redacción
Ayer fue negada la suspensión condicional del procedimiento solicitada por la defensa de Ricardo “N”, ex director de Deporte Municipal, es así que, el exfuncionario se encuentra vinculado a proceso acusado de hostigamiento sexual en contra de Jana y Vale, extrabajadoras del Ayuntamiento.
La solicitud del acusado versaba en la petición de un acuerdo reparatorio del daño con condiciones, mismas que fueron propuestas por Ricardo “N” respaldadas en el Artículo 195 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en su fracción II e indica limitar acercamientos con las víctimas y/o, dejar de frecuentar lugares y a personas específicas, así como solventar el pago de la terapia psicológica de ambas una vez a la semana, durante 12 meses, de un costo aproximado entre 500 y mil pesos por sesión.
A pesar de lo anterior, la abogada de Jana y Vale mencionó que, en razón al artículo 25 de la Ley General de Víctimas, el pago de las terapias psicológicas de las denunciantes no cumplía con los efectos de reparación del daño.
“La terapia psicológica no es una reparación del daño a las víctimas que han sido expuestas a violencia de género, por una situación de poder y subordinación de parte de quién fuera el jefe de ellas”, manifestó la asesora jurídica.
Por lo anterior, la abogada afirmó que; además de la terapia psicológica, sería necesaria vigilancia del acusado y una disculpa pública; ante ello, Néstor Samayoa, abogado de Ricardo “N” se opuso bajo el argumento de que la causa de la cual fue señalado, no necesitaba una disculpa y esto lo revictimizaría.
“La disculpa sería asumir responsabilidades, repercutirían en la vida del imputado y por ello no es procedente. Para efectos de reparación se sugiere tratamiento psicológico”, declaró el abogado.
Después de la lectura de la declaración de Jana y Vale por parte de la Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, en la cual se relatan los hechos acoso sexual, insinuaciones con índole sexual, violencia verbal y violencia laboral, la jueza dio a conocer el dictamen.
“Lo que se busca es una salida pacífica y un acuerdo que comprenda a ambas partes, pero en este caso existe una oposición por parte de las víctimas en cuanto la reparación del daño, la cual es procedente. Por ello debe garantizarse la efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido como lo indica el artículo 191 del Código de Procedimientos Penales”.
La jueza concluyó que, la petición de reparación del daño a la parte afectada es procedente y declaró la disculpa pública como necesaria, pues al momento de los hechos, Ricardo “N” era funcionario público y enfatizó que esta no es un acto de revictimización.
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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado
Por: Redacción
En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.
El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.
Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.
Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.
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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.
El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,
“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.
G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina
“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.
El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.
Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.
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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.
“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.
Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.
“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.
“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.
Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.
Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.
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