Juan Antonio Villa instruyó al C4 revisar la videovigilancia y el GPS de las unidades que circularon por la zona

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPC) abrió una investigación interna por el video en el que aparecen policías municipales detenidos en un sitio que las autoridades tienen identificado como punto de venta de drogas.

Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la SSPC, instruyó al C4 Municipal analizar los registros de videovigilancia y el sistema GPS de las unidades que pudieron circular por la zona, con el fin de ubicar la fecha, la hora y las circunstancias en que fue captada la grabación.

La corporación rechazó las afirmaciones que vinculan a sus elementos con presuntas actividades delictivas, dijo respetar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y ofreció dar a conocer los resultados una vez que concluyan las diligencias.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) abrió su propia indagatoria sobre el mismo caso, sin que mediara denuncia. “Por las redes es un acto que se puede hacer de oficio y nosotros lo estamos haciendo”, informó la fiscal general María Manuela García Cázares

La fiscal ubicó el lugar donde fueron captados los elementos como un punto identificado por las autoridades para la venta de drogas, y dijo que la investigación buscará establecer qué acción realizaban ahí los policías y por qué se detuvieron en ese lugar.

“A todo el mundo nos conviene saber qué está haciendo nuestro policía”, afirmó García Cázares, quien llamó a la ciudadanía a denunciar conductas irregulares de cualquier corporación policial y habló de una “apertura total” de la dependencia.

La fiscal señaló que, al momento de su declaración, no había tenido contacto con Villa Gutiérrez ni con el alcalde Enrique Galindo Ceballos sobre el caso.

También lee: Fiscalía indaga a policías municipales en punto de venta de drogas

Manuela García informó que la Fiscalía actuó de oficio a partir de lo difundido en redes, sin que mediara denuncia

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, fiscal general del Estado de San Luis Potosí, informó que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) abrió una investigación contra los policías municipales que fueron captados en cámara en un sitio que las autoridades tienen identificado como punto de venta de drogas.

La indagatoria arrancó sin que mediara denuncia ciudadana. “Por las redes es un acto que se puede hacer de oficio y nosotros lo estamos haciendo”, dijo la fiscal al ser cuestionada sobre el caso.

García Cázares planteó que el eje de la revisión será determinar la conducta de los elementos en ese punto: qué acción realizaban y por qué se detuvieron ahí. Adelantó que el resultado de las diligencias definirá si hubo alguna irregularidad.

Al momento de la entrevista, la fiscal no había tenido contacto con Juan Antonio Villa Gutiérrez

La titular de la FGESLP sostuvo que el escrutinio sobre la actuación policial es de interés público. “A todo el mundo nos conviene saber qué está haciendo nuestro policía”, afirmó.

García Cázares llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta irregular y aclaró que el llamado no se limita a la corporación municipal, sino que abarca a todas las policías que operan en el estado. Habló de una “apertura total” de la dependencia para recibir esas denuncias.

También lee: Guardia Civil detiene a cuatro presuntos delincuentes y asegura armas durante operativos en SLP

Detrás de las fallas de agua que ya suman casi un centenar de reportes desde 2021, hay un consorcio con dueños muy conocidos que maneja el contrato que blinda su pago… pase lo que pase

Por: Carlos Ruíz

Están bien documentados los numerosos problemas que ha tenido San Luis Potosí con la Presa El Realito, un proyecto diseñado para surtir de agua a alrededor de 46 colonias de la Zona Metropolitana potosina, pero que tan solo en lo que va del año, ya ha fallado en al menos siete ocasiones. Múltiples veces se ha propuesto retirarle la concesión a la empresa operadora, la cual tiene a personajes muy poderosos detrás.

El consorcio Aquos El Realito, operador del acueducto que ha fallado al menos 73 veces desde 2021 y dejado 277 días sin agua a las colonias que dependen de él, pertenece a dos de los grupos empresariales más grandes de México: uno controlado por el magnate Carlos Slim, y otro por el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, en sociedad con la cúpula de Grupo Televisa.

Aquos El Realito es una sociedad integrada por Aqualia Gestión Integral de Agua (44%) y Aqualia Infraestructura (5%), filiales del grupo español FCC; Conoinsa (50.999%), filial de Empresas ICA; y Servicios de Agua Trident (0.001%), filial de la japonesa Mitsui.

El bloque Aqualia (49% del consorcio) responde, en última instancia, a Carlos Slim: de acuerdo con registros financieros citados por Bankinter y El Economista en octubre de 2025, Slim controla 81.46% de FCC de forma directa y otro 7.247% a través de Operadora Inbursa de Fondos de Inversión. FCC, a su vez, mantiene 51% de Aqualia después de vender 49% de esa filial al fondo australiano IFM Investors.

Históricamente propiedad de la familia Koplowitz, FCC se consolidó como una de las constructoras más importantes de España, pero fue acumulando una deuda que la dejó al borde de la quiebra a mediados de la década pasada, hasta que el ingeniero Slim inyectó el capital necesario para salvar a la compañía y convertirse en su principal accionista. Desde su llegada, se han hecho con proyectos de la talla de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y de la ampliación del Metro de Nueva York.

El vínculo de Slim con El Realito no se limita a su participación como socio operador. La propia constructora de Carlos Slim, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), fue la que diseñó y construyó físicamente la presa, bajo un contrato adjudicado en 2008. Así lo documenta el propio sitio de CICSA, que enlista la obra en su portafolio de proyectos de agua, junto con reportes de la revista Expansión y los reportes anuales de Grupo Carso, que reportan el avance de la construcción en 2008 y su conclusión en 2012. Es decir: antes de cobrar por operar el acueducto, Slim ya había cobrado por levantarlo.

El otro bloque, Conoinsa/Empresas ICA (50.999% del consorcio, la porción mayor), no es de Slim (o no del todo). Según documentó el periodista Mathieu Tourliere en un reportaje de investigación para la revista Proceso (15 de marzo de 2025), con actas de asamblea y registros públicos, el conglomerado ICA lo controla desde el rescate financiero de 2016-2018 el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, vía vehículos de Luxemburgo ligados a su fondo Fintech Advisory, en sociedad con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, los dos copresidentes de Grupo Televisa. 

La estructura accionaria de ICA Tenedora se ha modificado con el tiempo: tras la venta a la francesa Vinci, en diciembre de 2022, de la participación conjunta en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), quedó en 30% para Martínez y 23.95% para cada uno de los dos ejecutivos de Televisa y un 1.2% de Control Empresarial de Capitales, filial de Grupo Carso de Carlos Slim, es decir, el propio Slim también tiene una participación minoritaria, aunque simbólica, dentro del bloque de ICA. 

Gómez y De Angoitia han sido por muchos años los hombre de confianza de Emilio Azcárraga Jean, al grado que cuando en 2024 este último dio un paso al costado de la presidencia de Grupo Televisa en medio de las investigaciones por el presunto soborno a ejecutivos de la FIFA para asegurar los derechos del Mundial, fueron ellos dos quienes asumieron el puesto de Co-Presidentes Ejecutivo

Su relación con Martínez no se limita a Empresas ICA, pues desde octubre de 2024 (justo unos días antes del cambio en la presidencia) el oriundo de Monterrey ha comprado, además, acciones de la propia Televisa. Empezó con 7.8%, lo que lo volvió su tercer mayor accionista; y hace unas semanas, se acabó se consolidar. El pasado mes de junio, como parte de un aumento de capital de alrededor de 7 mil millones de pesos aprobado por los accionistas de Televisa, la empresa informó que la participación de Martínez podría llegar a 22.3% una vez se conviertan las obligaciones que compró, lo que lo convertiría en el mayor accionista individual de la compañía. 

Esa conversión todavía no ocurre: se proyecta para 2027. Azcárraga ha reducido considerablemente sus acciones de la compañía, aunque conserva (vía un fideicomiso familiar y una clase especial de acciones) el control formal del voto de la empresa, independientemente de cuánto capital tenga cada quien. En resumidas cuentas, aunque Emilio Azcárraga tiene el poder de decisión, el mismo financiero que reparte el control de El Realito con los dos hombres más poderosos de Televisa está, al mismo tiempo, camino a convertirse en el mayor dueño accionario de la propia televisora.

David Martínez es apodado coloquialmente como “El Fantasma de Wall Street”, y ha adquirido un poder inmenso en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde ha servido como negociador para la deuda nacional y en 2017, fue considerado por Forbes como el hombre más rico de dicho país. El regiomontano tiene un historial documentado de tomar control de empresas en dificultades financieras a partir de deuda: lo hizo con la textilera CYDSA en los años 90, con la vidriera Vitro entre 2009 y 2012, y con las ya mencionadas Empresas ICA desde 2016. 

Algo similar realizó en 2020 con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), el operador de, entre otros, el Aeropuerto Ponciano Arriaga de la capital potosina. Fintech compró primero acciones especiales que garantizaban el control de la aeroportuaria y luego concretó una oferta pública con la que en julio de 2021, alcanzó el 30.1% de participación económica, suficiente para mantener el control hasta que lo vendieron a la francesa Vinci Airports en 2022 (El Economista, dic. 2020 y jul. 2021; Folleto Informativo Definitivo, Bolsa Mexicana de Valores, may. 2021). 

Si bien todos estos empresarios se han aliado en otras ocasiones (en 2017 ganaron la licitación para construir el ahora cancelado Aeropuerto de Texcoco), cuando se otorgó la concesión para la administración de El Realito, ni Slim ni Martínez ni los copresidentes de Televisa tenían sus actuales injerencias en Aquos, por lo que se podría decir que ésta fue heredada, y acabó dejando el control de la presa en las manos de cuatro de los hombres más poderosos del país.

Desde entonces, al menos tres intentos de rescindir o modificar el contrato se han hecho sin haber prosperado: en agosto de 2018, la Comisión Estatal del Agua abrió un expediente que no avanzó pese a 350 mil afectados y una queja de oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; en abril de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una petición del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con un “a lo mejor se lo cambiamos” que no derivó en ningún trámite documentado; y desde 2025, la Comisión Nacional del Agua asegura estar “evaluando” el retiro de la concesión, hasta el momento, sin resolución.

También lee: Diputada pide poner un alto a la empresa de El Realito