119 nacimientos fueron de niñas de entre 10 y 14 años

Por: Ana G Silva

San Luis Potosí registró mil 956 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años durante 2025, de acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra representa una tasa de 9.5 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad, prácticamente en el mismo nivel que la tasa nacional de 9.6.

El dato adquiere otra dimensión al revisar las edades de las madres. De los mil 956 nacimientos registrados en el estado, 119 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, mientras que 277 fueron de madres de 15 años, 660 de 16 años y 900 de 17 años.

Es decir, casi una de cada diez madres adolescentes registradas en esta estadística tenía menos de 15 años.

La ENR contabilizó en total 38 mil 318 nacimientos registrados en San Luis Potosí durante 2025, por lo que los nacimientos de madres de 10 a 17 años representaron alrededor de 5.1 por ciento del total estatal.

El registro de INEGI también permite observar que el fenómeno no se limita a las adolescentes de mayor edad: aunque la mayor parte de los casos se concentra entre los 16 y 17 años, existen también registros de maternidad en edades de 10 a 14 años.

A nivel nacional, INEGI contabilizó 85 mil 357 nacimientos de madres de 10 a 17 años, con una tasa de 9.6 por cada mil mujeres. Las tasas más altas correspondieron a Chiapas, Oaxaca y Puebla.

En San Luis Potosí, además, el dato puede contrastarse con las características generales de los nacimientos registrados. Más de nueve de cada diez partos registrados en el estado ocurrieron en hospital o clínica, de acuerdo con la tabla estatal de INEGI.

La estadística, sin embargo, registra nacimientos y no permite por sí sola establecer las circunstancias en que ocurrió cada embarazo. Para dimensionar las causas detrás de los casos en niñas y adolescentes sería necesario contrastar estos datos con información de salud, educación, violencia sexual, uniones tempranas y acceso a servicios de prevención.

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Jorge Armando Meade ubicó al alcalde como una figura para construir un proyecto común rumbo a 2027

Por: Redacción

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nacional se sumó al respaldo que Acción Nacional dio al alcalde Enrique Galindo Ceballos. Jorge Armando Meade Ocaranza, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, lo reconoció como una figura para construir un proyecto común en San Luis Potosí.

Lo dijo durante el Segundo Informe de Gobierno del alcalde capitalino. En ese mismo acto, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que en su partido son “pro Enrique Galindo”.

Meade Ocaranza destacó la experiencia, los resultados y la capacidad de Galindo Ceballos para construir acuerdos. Dijo que el priismo observa con respeto y atención lo que el PAN ha expresado en torno al alcalde.

Recordó que el PRI y Galindo han caminado juntos en procesos anteriores. Consideró que hoy existen bases políticas y ciudadanas para ampliar los espacios de entendimiento.

“Enrique ya demostró que se puede sumar al PRI, al PAN y, sobre todo, a ciudadanos que quieren participar en un proyecto común”, señaló el dirigente priista. Afirmó que su partido hace la parte que le corresponde para impulsar una alternativa amplia

Meade Ocaranza llamó a mantener abiertos los canales de diálogo entre las fuerzas políticas y los distintos sectores de la sociedad potosina.

Por parte del PAN, Romero Herrera explicó que la decisión sobre posibles alianzas en San Luis Potosí corresponderá a la dirigencia nacional, una vez que escuche a las dirigencias estatales.

El representante del CEN priista subrayó que deberán respetarse los tiempos y procedimientos formales, aunque sostuvo que la cercanía política ya es visible: “Si esas coincidencias siguen avanzando, podremos llegar a 2027 con un proyecto sólido e incluyente”.

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La reforma aplica a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría la minuta de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal, que exige nacionalidad única a quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales. Es decir, quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad.

Una minuta es un proyecto de reforma que ya aprobó el Congreso de la Unión y que, por tratarse de un cambio a la Constitución, necesita también el aval de la mayoría de los congresos estatales.

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que elaboró el dictamen, explicó que la minuta llegó de la Cámara de Senadores. Con la reforma también se considerarán incompatibles con esta obligación el uso de un pasaporte o identificación de otro país, el ejercicio de derechos políticos ante ese Estado, como votar, y acogerse a su protección diplomática, es decir, pedir el apoyo de sus embajadas o consulados como ciudadano de ese país.

Arreola Mallol recordó que la iniciativa la presentó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, con el objetivo de que quienes ocupen esos cargos mantengan únicamente la nacionalidad mexicana mientras los ejercen.

Con la reforma, para ser presidente o presidenta se requerirá ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, haber residido en el país al menos 20 años

Quien ya ocupe la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocarla ante una autoridad extranjera. Si lo hace, será sancionado conforme al Título Cuarto de la Constitución, el apartado que regula las responsabilidades de los servidores públicos.

Para las gubernaturas la regla es similar. Solo podrá ser gobernador o gobernadora un mexicano por nacimiento sin otra nacionalidad, que sea nativo del estado o tenga al menos cinco años de residencia efectiva antes de la elección, y que tenga 30 años cumplidos el día de los comicios, o menos si la Constitución local lo permite.

Los artículos transitorios, que son las reglas para aplicar la reforma, dan al Congreso de la Unión 90 días naturales a partir de que entre en vigor el decreto para ajustar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.

La minuta se remitió a la Cámara de Senadores para continuar con su trámite.

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