Según el procedimiento parlamentario validado por Servicios Parlamentarios, en elección por cédula no existen votos en contra, solo nulos

​Por: Roberto Mendoza

​Durante la sesión del Senado de la República celebrada para la elección de la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, la votación emitida por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) fue contabilizada oficialmente como “votos nulos”, hecho que generó interpretaciones divergentes en la opinión pública. Mientras el oficialismo logró la mayoría calificada necesaria para la designación, la bancada panista marcó sus cédulas (papeletas) sin seleccionar a ninguna de las integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo, lo que técnicamente derivó en la anulación del sufragio bajo el reglamento actual.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, la senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, aclaró que la acción representó un rechazo total a la terna. Para validar este procedimiento, la legisladora citó la intervención del Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado, funcionario con más de dos décadas de experiencia y autoridad técnica en el recinto legislativo. Según explicó Rodríguez, fue Garita quien precisó a la Mesa Directiva que, en el formato de votación por cédula para nombramientos, no existe la figura de “voto en contra”; el sistema solo reconoce votos a favor de una candidata específica o votos nulos.

​Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la postura institucional de su partido fue el rechazo absoluto a los perfiles presentados, desestimando las críticas sobre una supuesta falta de definición. En este contexto, la senadora Rodríguez advirtió que la controversia sobre la nulidad de los votos está siendo utilizada políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo con la legisladora, sus exaliados están impulsando una narrativa mediática para señalar al PAN de no haberse opuesto firmemente, estrategia que atribuyó al distanciamiento entre ambas fuerzas políticas respecto a sus alianzas electorales y legislativas.

​”Es una expropiación disfrazada y vamos a exhibir a los senadores de Morena que acaparan agua”, advirtió la senadora Verónica Rodríguez

Por: Roberto Mendoza

​El​ pleno del Senado de la República aprobó la noche de este jueves la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, imponiendo la mayoría oficialista su criterio legislativo. La​ votación en lo particular quedó definida con 82 votos a favor, 34 en contra y ninguna abstención, cerrando un proceso que contrastó notablemente con la colegisladora; mientras que en la Cámara de Diputados el debate se extendió por más de 25 horas, en la Cámara Alta la sesión inició a las 16:00 horas y concluyó cerca de la medianoche, desahogando el trámite en apenas ocho horas.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, la senadora panista por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, calificó la reforma como una “expropiación disfrazada” y denunció un conflicto de interés dentro de la bancada mayoritaria. Rodríguez acusó directamente al senador Jorge Carlos Ramírez Marín de acaparar más de un millón de metros cúbicos de agua, asegurando que la nueva normativa no tocará a los aliados del poder, y adelantó que exhibirá públicamente a quienes votaron a favor teniendo intereses hídricos. En mensaje al sector agropecuario del estado, la legisladora fue contundente: “A los agricultores y ganaderos de San Luis Potosí les digo que no están solos, esto es un engaño para controlarlos políticamente y vamos a dar la batalla”.

​El documento remitido al Ejecutivo Federal define el contenido del derecho humano al agua y garantiza su acceso equitativo, uso sust entable y saneamiento en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales. Además de establecer la interdependencia con otros derechos humanos,

​Durante la discusión en lo particular, senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas que fueron rechazadas en su totalidad por el Pleno, aprobándose los artículos en sus términos. Destacó la propuesta de modificación al 44 presentada por la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota, la cual fue desechada en el tablero electrónico con 69 votos en contra.

Destaca que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, determinó no recibir a grupos de productores ni líderes agrícolas, argumentando que sus inquietudes ya habían sido atendidas previamente en su colegisladora, el Senado ratificó los acuerdos alcanzados desde la Cámara de Diputados, confirmando, según la mayoría oficial, que la legislación final incluye las demandas exigidas por agricultores y ganaderos para blindar el uso, legado y sustento del agua, mismas que quedaron plasmadas en el decreto enviado al Ejecutivo.

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 ​”El agua sí va pegada a la tierra”, confirma en exclusiva el diputado Oscar Bautista tras negociación política que destrabó parte del conflicto.

​Por Roberto Mendoza

​Tras una extenuante jornada de más de 25 horas ininterrumpidas, calificada como difícil y por momentos ríspida, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la expedición de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La sesión, que inició el miércoles 3 de diciembre a las 13:45 horas y concluyó hoy jueves 4 a las 14:10, culminó con una votación en lo particular de 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, validando un nuevo marco jurídico que elimina el mercado de concesiones entre particulares pero mantiene la certeza jurídica para el sector agropecuario tras intensas negociaciones de última hora.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino Oscar Bautista Villegas, quien fungió como enlace clave entre los productores movilizados y la Junta de Coordinación Política, detalló los acuerdos alcanzados para destrabar el conflicto social y evitar la confrontación. Bautista reveló que gestionó directamente con los líderes parlamentarios Pedro Haces y Reginaldo Sandoval y su coordinador del partido verde, varias mesas de diálogo que permitieron blindar el patrimonio campesino, y leyó textualmente el artículo 49 que consagra el binomio agua-tierra: “En la transmisión de la propiedad de terrenos para uso agrícola, pecuario o forestal, se transmitirá conjuntamente el título de concesión de las aguas nacionales que ampare el volumen necesario para el riego de la superficie de que se trate”, confirmando que el derecho al agua no podrá ser separado de la propiedad de la tierra.

​Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría parlamentaria, presentó una reserva firmada por los líderes de la coalición oficialista para desmentir lo que calificó como “mitos” sobre la expropiación de pozos y la prohibición de heredar. Las modificaciones aprobadas al dictamen original rectificaron el artículo 22 para garantizar que los derechos sucesorios y las transmisiones por herencia sean respetados mediante un trámite administrativo expedito; asimismo, se endureció drásticamente el castigo a la corrupción burocrática, elevando de 8 a 14 años la pena de prisión para los servidores públicos que soliciten dádivas a cambio de agilizar trámites o registrar títulos de concesión irregulares.

​El nuevo ordenamiento jurídico también contempla un programa de transición para regularizar cerca de 40 mil pozos en zonas de libre alumbramiento, otorgándoles título de concesión en lugar de clausurarlos, y tipifica por primera vez como delito penal el “huachicoleo” de agua con sanciones de cárcel, aunque exenta de castigo penal el desvío de cauces cuando sea estrictamente para autoconsumo doméstico o abrevadero de ganado, protegiendo así a la economía de subsistencia.