agosto 18, 2026

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Diputado Verde reconoce incremento de 20 mil pesos en recurso para asesoría

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La exoficial mayor exhibió que los diputados intentaron “compensar” con dicho aumento, la “pérdida” de una parte de su sueldo en respuesta a la nueva política de austeridad.

Por: José Luis Vázquez

El legislador del Partido Verde Ecologista de México, Edgardo Hernández Contreras, afirmó que sí hubo un incremento de 20 mil pesos en el recurso asignado para los honorarios de los asesores legislativos en el Congreso del Estado de San Luis Potosí (lo que daría un total de 60 mil pesos para tal efecto), tal y como lo afirmó la exoficial mayor, Marcelina Oviedo Oviedo

“Hubo un incremento de 20 mil pesos, creo que el incremento fue apenas, me lo informó la chica de recursos materiales y pues, bueno, que se reparta entre los muchachos. Si hablo de dignificar a la policía y a los agentes de Ministerio Público, pues hay que poner el ejemplo. Yo ni voté, ni dije, ni me consta, pero ha y que repartirlo”, detalló.

En ese sentido, Hernández Contreras se deslindó de este aumento diciendo que no pertenece a la Jucopo: “yo en ese tema del salario que ya estaba constituido en el Congreso no tuve que ver, yo no estoy en la Junta de Coordinación de Política (Jucopo), y quiero ser transparente. Yo no tengo nada que esconder menos quitarle un solo peso”.

Dichas declaraciones contrastan con lo dicho por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Sonia Mendoza Díaz; y la congresista Marité Hernández Correa, quienes afirmaron que existe un presupuesto de 60 mil pesos para los asesores desde el inicio de la Legislatura.

Incluso, la panista despotricó en contra de quien ocupaba el cargo de Oficial Mayor en el legislativo: “la señora dijo muchas cosas que no sé dónde salieron. La señora tiene la obligación de demostrar todo lo que dice, la verdad es que es un tema acabado y estamos por aprobar un nuevo Oficial Mayor y definirlo en el Pleno”.

Finalmente, el diputado Edgardo Hernández dijo que cuenta con dos asesores que ganan alrededor de 75 mil pesos entre los dos, mientras que Marité Hernández cuenta con tres, cada uno con un sueldo de 17 mil pesos; y Sonia con dos, quienes ganan 60 mil pesos también entre los dos.

 

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Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección

Por: Redacción

El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.

Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección

, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.

Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.

Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.

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Estructura de Galindo: Comités Ciudadanos cubren 97 % del municipio

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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.

Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.

Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.

Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.

El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.

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Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema

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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto

Por: Haniel Valdés Velázquez

Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.

Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”

Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.

Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.

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