Uno conectará Camino a la Presa con Villa Magna y medirá más de 2 kilómetros; el otro se construirá en la Glorieta de la Familia, en la salida a Guadalajara

Por: Redacción

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la construcción de dos nuevos puentes vehiculares sobre Circuito Potosí como parte de un paquete de obras de infraestructura que busca reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad en la zona metropolitana.

Uno de los proyectos contempla un puente de más de dos kilómetros de longitud que unirá Camino a la Presa con Villa Magna, cruzando por encima del Río Santiago. De acuerdo con el mandatario, la obra pretende agilizar la circulación en un sector donde el crecimiento urbano ha incrementado la demanda de movilidad.

El segundo puente se construirá en la Glorieta de la Familia, ubicada en la salida a Guadalajara. Gallardo señaló que los trabajos iniciarán en las próximas semanas y permitirán ofrecer una alternativa de circulación en una zona que suele registrar complicaciones durante la temporada de lluvias.

El gobernador indicó que estas obras forman parte de la estrategia estatal para modernizar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento de la capital y su zona conurbada.

Además, recordó que estos proyectos se suman a otras obras en proceso o anunciadas, como el puente del Hospital del Niño y la Mujer, la rehabilitación del puente de avenida Juárez, el puente de la calle 71 en Prados, el puente elevado de Circuito Potosí con bulevar Valle de los Fantasmas y el futuro paso a desnivel en el acceso a la Feria Nacional Potosina.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha informado el monto de inversión ni el plazo de ejecución para las dos nuevas obras anunciadas.

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Documentos de Reporte Índigo lo señalan ahora como líder de una operación de huachicol fiscal por más de mil 100 millones de dólares

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó este año el no ejercicio de la acción penal en dos carpetas de investigación contra Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados. Pese a ello, nuevos documentos consultados por Reporte Índigo lo señalan como presunto líder de una red de lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción ilícita de hidrocarburos de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La primera carpeta, derivada de señalamientos de 2024 sobre un presunto saqueo de hidrocarburos a Pemex, y la segunda, radicada en Tabasco por lavado de dinero, facturación de operaciones inexistentes y portación de arma de fuego, concluyeron sin acción penal por insuficiencia probatoria.

Estas indagatorias no son nuevas: desde noviembre de 2024 se conoce una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Tabasco que acusaba a Sánchez Zumaya —dueño de Petrogesa, contratista de Pemex entre 2021 y 2024— de lavado de dinero y fraude fiscal mediante una red de empresas y prestanombres que facturaron más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Días después, diputados del PAN exigieron en la Cámara que la FGR investigara esos nexos.

Ninguna de esas resoluciones impidió que su nombre reapareciera en documentos que lo vinculan con una operación de mayor escala. Una investigación de Reporte Índigo, basada en comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros, sostiene que el empresario habría encabezado una organización identificada como Grupo GESA, dedicada a lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y petroquímicos desde instalaciones de Pemex.

El documento describe un mecanismo similar al ya conocido: al menos 15 personas físicas

—entre ellas familiares y medios hermanos del empresario— habrían emitido esos comprobantes para dificultar el rastreo del dinero, sin infraestructura ni capacidad económica para respaldarlas. Cita casos atípicos: un joven de 24 años y otro de 25 habrían facturado mil 800 y más de mil 200 millones de pesos, casi sin gastos reportados.

La investigación sostiene además que la red logró ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— sin registros oficiales de entrada o salida ni contratos que justificaran la presencia de particulares.

El expediente ubica el destino final de los recursos en cuatro empresas constituidas en Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC, que habrían recibido comprobantes fiscales por más de mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, luego de que las operaciones pasaran por un segundo grupo de empresas en Nuevo León y Coahuila asociado al empresario Salvador Vigil Jordán.

Los nuevos señalamientos ocurren mientras Sánchez Zumaya busca la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027. Fuentes de Morena confirmaron que su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación no prosperó debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos; se inscribió entonces ante el Partido del Trabajo (PT), que no aplica ese filtro. Apenas el mes pasado, el empresario tuvo que ampararse para evitar ser detenido después de que trascendiera que pesaba sobre él una orden de aprehensión.

El empresario ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas relacionadas con Pemex y ha sostenido que enfrenta una campaña política en su contra. Hasta el momento, ninguno de los nuevos señalamientos cuenta con una resolución judicial definitiva.

Con información de Reporte Índigo.

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La tercera sesión del Comité Técnico Estatal reunió a dependencias de los tres órdenes de gobierno para nutrir el proyecto

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí avanza en la elaboración de una Ley Estatal en Materia de Manejo del Fuego: la tercera sesión del Comité Técnico Estatal reunió a autoridades federales, estatales y municipales para enriquecer la iniciativa, impulsada por el diputado Tomás Zavala González, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal.

La urgencia de contar con un marco legal propio queda respaldada por los números: en lo que va de 2026 se han registrado 87 incendios forestales en San Luis Potosí, con una afectación de 23,550 hectáreas en las cuatro regiones del estado. El Altiplano concentra el mayor daño, con más de 17,480 hectáreas dañadas. El siniestro más grave ocurrió en el municipio de Santo Domingo, donde se perdieron más de 15,349 hectáreas.

Zavala González señaló que entre las principales causas de los incendios se encuentran las actividades pecuarias, la quema de basura, los usos agrícolas, los incendios provocados de forma intencional, los descuidos de fumadores y las fogatas

, además de festividades y rituales. Por ello, consideró indispensable fortalecer las acciones de prevención y la cultura de protección de los recursos naturales en la entidad.

La iniciativa plantea garantizar una coordinación efectiva entre las dependencias responsables, con mecanismos claros de actuación y colaboración. El legislador destacó que, a diferencia de otras entidades del país, en San Luis Potosí no se han registrado pérdidas humanas derivadas de los incendios, resultado que atribuyó al trabajo conjunto de las instituciones participantes.

Las propuestas de las dependencias serán integradas al proyecto para elaborar un dictamen que analizará el pleno del Congreso.

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