Congreso del Estado
Dictamen para desaparecer el Interapas pasa a comisiones
El diputado José Luis Fernández Martínez dijo que hay consenso entre la mayoría de las bancadas y la ciudadanía para disolver el organismo de agua en la zona metropolitana
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, presentó la iniciativa para desaparecer el organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) esta mañana en sesión del Pleno, misma que fue turnada a comisiones.
El legislador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dijo que existe un gran consenso por diferentes grupos parlamentarios, diputadas y diputados, así como de la ciudadanía, por desaparecer el organismo operador de agua de los municipios de la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
“Está suscrita por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde, del Partido del Trabajo, dos integrantes de Morena, la representante de Nueva Alianza, la diputada Yolanda Josefina Cepeda, que actualmente es diputada sin partido y la diputada Liliana Flores Almazán, con la adición de la diputada Emma Saldaña. Creo que tiene que tiene un gran respaldo, más allá de los diputados, de los ciudadanos”, expresó.
Fernández Martínez dijo que ahora vendrá la discusión en las diferentes comisiones, y se buscará la participación de los tres ayuntamientos involucrados, de gobierno del estado, y de la federación, para nutrir el dictámen; adelantó que durante el proceso, se podrían generar modificaciones a lo presentado el día de hoy.
“Advertiría que las comisiones se pronunciarán por tener la opinión, no solo de los ayuntamientos, sino de algunos entes más; le vamos a preguntar al gobierno del estado, a la Comisión Estatal del Agua, a la Comisión Nacional del Agua. Vamos a hacernos llegar de toda la información que sea prudente para tomar una buena decisión”, comentó.
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Congreso del Estado
Proponen campañas para prevenir abusos al patrimonio de adultos mayores
El diputado César Arturo Lara Rocha propuso reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha propuso en sesión ordinaria una iniciativa para reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado. Busca que las personas adultas mayores, sus familias y cuidadores cuenten con herramientas para prevenir riesgos a sus bienes, ingresos o patrimonio.
Qué propone
La iniciativa plantea que las campañas informativas del DIF Estatal y los DIF Municipales, junto con el INAPAM, incluyan información accesible sobre señales de alerta de posibles abusos, en particular los que afecten sus bienes, ingresos o patrimonio. También sobre las vías para solicitar orientación, presentar denuncias y acceder a los mecanismos institucionales de protección y atención.
Exposición de motivos
Lara Rocha señala que las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, y a recibir protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o discriminación. Afirmó que esa protección incluye también la preservación de sus bienes, ingresos y patrimonio. Por eso, dijo, la iniciativa busca que las campañas de prevención no se limiten a mensajes generales, sino que den información para identificar riesgos y conocer las alternativas institucionales.
Alcance
El legislador agregó que la medida tiene carácter preventivo y de sensibilización, sin crear nuevas categorías de violencia ni duplicar las disposiciones que ya regulan la protección patrimonial. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.
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Congreso del Estado
Congreso exhorta a ayuntamientos a promover adopción responsable de mascotas
La propuesta de la diputada Brisseire Sánchez se aprobó en sesión del Pleno del Congreso del Estado
Por: Redacción
El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo de la diputada Brisseire Sánchez López para exhortar a los ayuntamientos a fortalecer y promover, dentro de sus atribuciones y de su presupuesto disponible, acciones de adopción responsable de animales de compañía, con prioridad en su bienestar, protección y trato digno.
El exhorto también pide a los municipios fortalecer la coordinación con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones protectoras de animales, rescatistas, centros de atención animal y demás agrupaciones dedicadas al bienestar animal, para organizar campañas de información, jornadas de adopción y mecanismos de entrega responsable que procuren hogares adecuados y permanentes.
La diputada señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar la protección y el cuidado de los animales, una responsabilidad que, dijo, debe asumirse de manera compartida entre autoridades, sociedad civil y ciudadanía.
Expuso que los animales en situación de calle, el abandono y la reproducción sin control de perros y gatos afectan el bienestar animal, la salud pública, la convivencia social y el entorno urbano. De acuerdo con estimaciones de activistas, en el estado habría alrededor de 400 mil perros en situación de calle.
Para la legisladora, la adopción responsable es una herramienta para dar una segunda oportunidad a animales abandonados, rescatados o resguardados en centros de control, asociaciones protectoras o por personas dedicadas al rescate. Consideró que fomentarla no debe limitarse a jornadas ocasionales o a publicar animales disponibles, sino que debe promoverse una cultura en la que las personas conozcan las obligaciones de llevar un animal a su hogar.
Sánchez López explicó que adoptar implica proporcionar alimento, atención veterinaria, vacunas, esterilización cuando corresponda, alojamiento adecuado, ejercicio y atención, así como garantizar una vida libre de maltrato, abandono y negligencia. Propuso que los ayuntamientos realicen acciones permanentes de sensibilización y promoción de la adopción en sus medios institucionales, redes sociales y espacios públicos.
También reconoció el trabajo de las organizaciones civiles, asociaciones protectoras y rescatistas, y planteó que los municipios refuercen la colaboración con ellas mediante campañas permanentes, jornadas de adopción, difusión de animales disponibles y actividades de concientización.
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Congreso del Estado
Buscan que adultos mayores tengan acompañante en trámites públicos y privados
La reforma también define como persona adulta mayor a toda persona de 60 años o más, conforme a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez propuso reformar los artículos 5 y 6 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, para reconocer su derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza durante cualquier trámite, gestión, procedimiento o actuación ante instancias gubernamentales y del sector privado.
La reforma también busca armonizar el concepto de persona adulta mayor con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Establecería que se entenderá por personas adultas mayores a toda persona de 60 años o más, atendida bajo una perspectiva de igualdad, no discriminación y protección reforzada de sus derechos humanos.
Exposición de motivos
En su exposición de motivos, la legisladora señala que el envejecimiento de la población es uno de los f enómenos sociales más significativos del siglo XXI y que plantea desafíos para el diseño de políticas públicas y la actualización del marco jurídico en entidades como San Luis Potosí. Indica que este sector ha enfrentado históricamente condiciones de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad.
Sostiene que hoy las personas adultas mayores tienen dificultades al interactuar con instituciones gubernamentales y establecimientos privados, por la digitalización de trámites, la complejidad de los procedimientos administrativos y, en muchos casos, la falta de sensibilidad e inclusión del personal de atención. Según la iniciativa, esto las deja en desventaja.
Por ello plantea que permitirles acudir acompañadas facilitaría la comprensión del procedimiento y les brindaría seguridad, confianza y protección frente a posibles abusos, ya que la presencia de un acompañante puede ser determinante para que ejerzan sus derechos de manera informada.
Siguiente paso
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.
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