Estado
Detuvieron a 27 personas durante el 17 de junio en SLP
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz reportó 27 personas detenidas por faltas administrativas y delitos del fuero común
Por: Redacción
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz informó del aseguramiento de tres vehículos y 1 motocicleta, así como 56 gramos de marihuana y 19 gramos de cristal en diversos operativos durante el 17 de junio en San Luis Potosí.
Asimismo, se reportó la detención de 27 personas por faltas administrativas y delitos del fuero común, de las que 14 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, 12 ante un juez cívico y una persona puesta a disposición ante el juez de control.
Además, mencionaron que, durante la madrugada del 18 de junio, elementos de la Fuerza Metropolitana Estatal con apoyo del Centro de Coordinación, Control, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia de la SSPE (C5-i2), detuvieron a dos personas en la Terminal Terrestre Potosina (TTP) por posesión de dos vehículos con reporte de robo.
Los dos detenidos, uno de 37 y el otro de 23 años de edad, son originarios de la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
Por otro lado, en Rioverde, la Policía de Investigación de la Fiscalía aseguró droga, cartuchos y equipo táctico en un domicilio, el cual se había incendiado. Fue en la colonia Pedregal de San Marcos en donde se encontraron 3 bolsas de plástico con cristal, unas esposas, una báscula gramera, 4 cartuchos útiles de diferente calibre, una caja en forma de guitarra con 58 cartuchos útiles calibre .22, una mochila táctica, un chaleco táctico, un rifle de juguete, dos rifles de postas, una cámara, una navaja y dos celulares.
En la capital, los agentes investigadores detuvieron en flagrancia a un sujeto de 59 años de edad que conducía un camión urbano que tenía reporte de robo vigente. Los hechos se registraron en la colonia El Morro del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. La persona y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común.
La Dirección General de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con autoridades federales y municipales, mantiene un operativo permanente para prevenir y evitar saqueos o hechos de vandalismo; al corte del 18 de junio no se presentan incidentes.
Se atendieron 16 reportes por violencia de género, en tanto que la Policía Cibernética otorgó 11 atenciones; cinco por extorsión no consumada, tres para asesorías y tres por difusión ilícita de imágenes.
La Línea de Emergencia 9-1-1, atendió 1 mil 483 llamadas, de las que 325 fueron reales, siendo los reportes más recurrentes por accidentes de tránsito, ruido excesivo, persona sospechosa, persona agresiva y violencia familiar.
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El objetivo fue fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas de las personas servidoras públicas municipales
Por: Redacción
El Congreso del Estado a través de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, llevó a cabo el curso de capacitación para la Elaboración de las Leyes de Ingresos y Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2027, en el museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.
Asistieron las y los presidentes municipales de varios ayuntamientos, el auditor superior Joaquín Rodrigo Lecourtois López; la titular del Instituto Registral y Catastral, Yahaira Martínez Martínez
El objetivo fue fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas de las personas servidoras públicas municipales, mediante el análisis de los aspectos normativos, financieros y técnicos que intervienen en la elaboración de las leyes de ingresos municipales.
Responsabilizó a Morena por las modificaciones legales que concentraron facultades en la presidencia del INE
Por: Redacción
La senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, responsabilizó a Morena por la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei de su presidencia, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y actos de corrupción.
Durante su intervención en la tribuna del Senado de la República, la legisladora panista aseguró que la situación del organismo electoral es consecuencia de las modificaciones legales impulsadas por Morena, que permitieron concentrar atribuciones en la presidencia del instituto.
“El día en que cayó Taddei gracias al cochinero de Morena”, expresó.
Rodríguez Hernández cuestionó que el oficialismo pretenda deslindarse de decisiones que, desde su perspectiva, debilitaron los mecanismos de control del instituto. Explicó que las modificaciones al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) otorgaron a la presidencia del INE facultades para nombrar y remover de manera unilateral a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin el consenso del Consejo General.
En ese contexto, informó que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para restablecer los contrapesos institucionales. La propuesta establece que los nombramientos estratégicos cuenten con el respaldo de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.
La iniciativa también contempla un procedimiento extraordinario para revisar los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, con el objetivo de evaluar su idoneidad y desempeño.
La senadora sostuvo que la salida de Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción y las irregularidades señaladas durante su gestión.
“No pueden venir aquí a lavarse las manos y a pretender no hablar de los temas importantes en esta tribuna”, reclamó.
Rodríguez Hernández insistió en que Morena debe asumir su responsabilidad política por la concentración de facultades en la presidencia del INE. Exigió además que la designación de la nueva presidencia del organismo se realice con absoluta transparencia, para que la persona elegida cuente con independencia y credibilidad.
Advirtió que, de cara al proceso electoral de 2027, el país necesita un árbitro imparcial que garantice elecciones libres, transparentes y democráticas. Por ello consideró indispensable corregir los problemas institucionales y evitar que las decisiones del organismo dependan de una sola persona.
La legisladora reiteró que Acción Nacional exigirá que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que la renovación de la presidencia del INE sirva para fortalecer su autonomía.
“El INE le pertenece a los ciudadanos”, sentenció.
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Mientras el INE establece que las precampañas para la gubernatura serán del 4 de enero al 12 de febrero, una reforma aprobada por el Congreso local fija el periodo del 20 de enero al 8 de febrero; la discrepancia podría provocar impugnaciones, sanciones y conflictos sobre la validez de los actos de precampaña
Por: Jorge Saldaña
La reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí el pasado 12 de agosto abrió una controversia jurídica frente al calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027, debido a que ambas disposiciones contemplan fechas distintas para la realización de las precampañas a la gubernatura.
De acuerdo con el calendario publicado por el INE, las precampañas para elegir a quien sucederá en la gubernatura deberán desarrollarse del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, con una duración de 40 días naturales. Sin embargo, la reforma a la Ley Electoral del Estado establece que comenzarán el 20 de enero y concluirán el 8 de febrero, reduciendo el periodo a solamente 20 días.
La discrepancia adquiere relevancia porque el Consejo General del INE aprobó el 30 de julio de 2026 el acuerdo INE/CG478/2026, mediante el cual ejerció su facultad de atracción para homologar las fechas de conclusión de las precampañas locales y estableció el 12 de febrero como límite para San Luis Potosí.
La determinación federal, aprobada antes de la reforma estatal, también vinculó a los organismos públicos locales electorales a adecuar sus calendarios conforme a las fechas homologadas.
En consecuencia, la diferencia plantea un problema sobre el alcance de las facultades de las autoridades electorales federales y locales.
Aunque los congresos estatales tienen atribuciones para regular la duración de las precampañas, deben ejercerlas conforme a la Constitución federal y la legislación general electoral.
Por ello, la reforma potosina podría generar controversias sobre su compatibilidad con el acuerdo de homologación del INE, particularmente respecto de la fecha de conclusión de las precampañas.
Partidos y aspirantes podrían enfrentar sanciones
Por ejemplo, si un partido inicia actos de precampaña el 4 de enero, conforme al calendario publicado por el INE, podría enfrentar denuncias por presuntos actos anticipados, debido a que la legislación estatal establece el inicio hasta el 20 de enero.
De manera similar, las actividades realizadas del 9 al 12 de febrero podrían ser cuestionadas, ya que esas fechas se encuentran comprendidas en el calendario federal, pero fuera del plazo establecido en la reforma local.
Las consecuencias podrían incluir procedimientos sancionadores, amonestaciones, multas y controversias sobre la validez de los procesos internos.
En el caso de las personas aspirantes, también podrían generarse problemas para clasificar y reportar gastos de precampaña, especialmente cuando las actividades se realicen en fechas consideradas válidas por una autoridad, pero controvertidas frente a otra disposición.
En circunstancias específicas previstas por la legislación, las infracciones graves en materia de fiscalización pueden tener consecuencias sobre el registro de candidaturas. Sin embargo, ninguna sanción se produciría automáticamente por la sola existencia de calendarios contradictorios.
CEEPAC, ante el reto de definir un calendario
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) enfrenta una de las principales implicaciones de esta diferencia normativa, al ser el organismo encargado de organizar las elecciones locales y establecer las condiciones operativas para las distintas etapas del proceso.
El decreto de reforma establece que el organismo electoral debe adecuar su normatividad dentro de los 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.
Sin embargo, cualquier calendario que apruebe deberá considerar tanto la legislación estatal vigente como las disposiciones obligatorias emitidas por el INE.
Si el CEEPAC adopta las fechas establecidas en la reforma local, podría enfrentar cuestionamientos por su incompatibilidad con la fecha de conclusión homologada por el organismo nacional. Por el contrario, si mantiene el calendario federal sin resolver su relación con la ley estatal, sus acuerdos también podrían ser impugnados.
Entre sus posibles consecuencias se encuentran conflictos de fiscalización y procedimientos sancionadores relacionados con actos realizados durante los días en disputa.
La discrepancia alcanza diputaciones y ayuntamientos
El problema podría ser todavía mayor en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos.
Mientras el calendario publicado por el INE contempla que esas precampañas concluyan el 12 de febrero de 2027, la reforma estatal establece un periodo del 4 al 23 de febrero.
Esto significa que, para estas elecciones, la legislación local permitiría actividades de precampaña durante 11 días posteriores al cierre homologado por el organismo nacional.
La situación también podría repercutir en las candidaturas independientes, debido a las modificaciones legales relacionadas con los plazos para recabar apoyo ciudadano.
De mantenerse sin aclaración, las diferencias de fechas podrían ocasionar impugnaciones por posibles afectaciones a los derechos político-electorales de las personas participantes.
Incertidumbre debe resolverse antes de enero
De acuerdo a las fechas y normativas, resulta necesario que el INE y el CEEPAC aclaren formalmente cuál será el calendario aplicable y qué disposiciones regirán la fiscalización y los procedimientos internos.
La cuestión central es si debe mantenerse la fecha de conclusión del 12 de febrero establecida por el INE o prevalecer el periodo del 20 de enero al 8 de febrero aprobado por el Congreso potosino.
Mientras no exista una definición institucional clara, los partidos y aspirantes enfrentarán el riesgo de realizar actividades cuya legalidad podría ser cuestionada posteriormente ante los tribunales electorales.
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