El presidente de la Comisión de Educación dijo que busca que los maestros tengan derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso

Por: Redacción

El diputado local de Nueva Alianza Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, afirmó que su propuesta de Ley de Atención Docente busca evitar casos como el del maestro de Veracruz denunciado por una madre de familia tras pedir a sus alumnos un croquis de tarea.

“No queremos que los maestros sean de primera o de segunda, queremos que se les trate igual que a todos, porque se les trata diferente en contra de sus intereses. Los maestros tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen derecho al debido proceso”, dijo. La presunción de inocencia significa que a una persona se le considera inocente mientras no se demuestre lo contrario. El debido proceso es el derecho a que cualquier acusación se revise con las reglas y garantías que marca la ley.

“Sin ningún fundamento”

El caso ocurrió en Martínez de la Torre, Veracruz. Una madre acusó al docente de acoso por pedir a los alumnos que dibujaran un croquis de la escuela a su casa, y presentó una denuncia ante la Fiscalía. En redes sociales la bautizaron como “Lady Croquis”.

Pérez López dijo que ese tipo de ejercicios se hace “desde hace muchísimos años” en la primaria, por ejemplo cuando se prepara a los alumnos para el plano cartesiano, que se enseña en cuarto año y sirve para ubicarse en el espacio. Afirmó que la madre hizo la acusación “sin ningún fundamento”.

Según el diputado, al maestro “de inmediato lo sacaron de la escuela, le quitaron el grupo”. Añadió que, como era interino, “seguramente no le habían pagado y ni le pagarán”. Criticó también que la Fiscalía le diera entrada a la denuncia. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo que el maestro no sería suspendido y calificó el caso como “una injusticia”.

Ajustes pendientes

Sobre lo que le falta a la iniciativa para aprobarse, el legislador dijo que le pidieron algunas adecuaciones y que ya la enviaron a una nueva revisión. “Ojalá y ya nos la pasen para que podamos tener esa ley aquí, para que los maestros también estén un poco más protegidos”, señaló.

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La dependencia conoció investigaciones sobre etanol, fertilizantes, control de plagas y electromovilidad durante el 46 aniversario del plantel

Por: Redacción

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) manifestó su respaldo a proyectos de innovación tecnológica de estudiantes e investigadores del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Ciudad Valles, durante la celebración de su 46 aniversario.

El titular de Sedarh, Jorge Luis Díaz Salinas, reconoció el trabajo de la comunidad académica y destacó la importancia de incorporar nuevas tecnologías y métodos productivos que mejoren las actividades agropecuarias en las regiones de San Luis Potosí.

Durante su visita, conoció proyectos para producir etanol y fertilizantes a partir de residuos orgánicos de frutas, alimentos para mascotas elaborados con granos, equipos de electromovilidad para carga y propuestas de alimentación saludable bajo el concepto “del campo a la mesa”.

También revisó investigaciones sobre el control de hongos, insectos y enfermedades vegetales, y ofreció apoyo con equipo y maquinaria para las actividades de estudio e investigación del plantel. El boletín no precisa qué equipo ni en qué monto.

El plantel recibió previamente un autobús entregado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en beneficio de las y los estudiantes de la región Huasteca.

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El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo

Por: Haniel Valdés

El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.

El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.

El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.

“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.

En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.

Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales

La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.

Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.

Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.

Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.

La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.

En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.

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