La comisión aprobó la terna por unanimidad; el Pleno elegirá a quien investigará los delitos de corrupción de servidores públicos

Por: Redacción

La terna que envió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción está integrada por el secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y por dos abogados que han trabajado en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la dependencia que maneja la obra pública del Estado.

Los aspirantes son Benjamín Pérez Álvarez, Jesús Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño. La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó la terna y la turnará al Pleno, donde los diputados votarán por uno de los tres. Quien resulte electo ocupará el cargo hasta el 5 de mayo de 2028, el tiempo que le quedaba al fiscal anterior.

La Fiscalía Anticorrupción es el área de la Fiscalía General del Estado que investiga los delitos que cometen los servidores públicos, como el desvío de recursos o los sobornos, y que lleva esos casos ante un juez.

Quiénes son

Benjamín Pérez Álvarez es secretario general del Ayuntamiento de Soledad, el segundo cargo en importancia del gobierno municipal. Según su currículum, fue director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de 2022 a marzo de 2024 y director de Infraestructura de Soledad de 2019 a 2022. Antes fue oficial mayor de ese municipio y, en la capital, subdirector de Licitaciones de Obra Pública y director general de Desarrollo Social.

Jesús Iván Meza Galeana es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Desde septiembre de 2021 es titular de la Unidad de Transparencia de la Seduvop, el área que responde las solicitudes de información sobre esa secretaría. De 2017 a 2021 trabajó en la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Soledad, en expedientes de obra pública, adjudicaciones y auditorías. El directorio de Villa de Pozos también lo registra como titular de la Junta de Reclutamiento de ese municipio.

Javier Ortiz Patiño es licenciado en Derecho por la Universidad Tangamanga. De junio de 2022 a septiembre de 2024 fue subdirector de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Seduvop. Antes fue escribiente en el Tribunal Electoral del Estado y trabajó en despachos particulares y en una notaría. En noviembre de 2024 fue propuesto también para encabezar la Procuraduría Urbana del Estado.

La renuncia

Felipe Aurelio Torres Zúñiga, quien fue electo en mayo de 2021 para un periodo de siete años, renunció el 31 de marzo con efectos inmediatos. El Congreso declaró vacante el cargo mediante el Decreto 507, publicado el 9 de abril.

El 13 de abril, Gallardo dijo que el nuevo fiscal iniciaría una ofensiva contra los alcaldes que usaron dinero público para comprar vehículos de lujo, ranchos y ganado. “Todos los alcaldes que han actuado como ‘ratas’, socialmente hablando, van a ser señalados”, afirmó.

Lo que pidieron los diputados

Cuando se declaró la vacante, el diputado Carlos Arreola Mallol dijo que el nuevo fiscal debía tener “un perfil técnico” y “necesariamente también sin responsabilidad y sin vínculos partidistas”.

“Buscaremos un perfil profesional, hombre o mujer, que tenga la capacidad y la entereza de saber que la Fiscalía Anticorrupción tiene que ser incómoda al poder”, señaló.

Hasta 2028

El periodo de Gallardo como gobernador termina en septiembre de 2027. Quien resulte electo seguirá como fiscal anticorrupción durante los primeros meses del siguiente gobierno estatal, hasta mayo de 2028.

También lee: Declaran vacante la Fiscalía Especializada en Corrupción

José Roberto García Castillo dijo que el objetivo es dar a los municipios criterios técnicos iguales para elaborar sus propuestas de ingresos

Por: Redacción

La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado aprobó convocar a los presidentes municipales de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a una capacitación para elaborar sus leyes de ingresos de 2027 y sus valores unitarios de suelo y construcción.

La ley de ingresos es el documento en el que cada municipio fija cuánto cobrará el próximo año por impuestos, derechos y servicios. Los valores unitarios de suelo y construcción son las tablas que fijan cuánto vale el metro cuadrado de terreno y de construcción en cada zona, y sirven para calcular el predial.

El presidente de la comisión, el diputado José Roberto García Castillo, explicó que el objetivo es dar a los municipios “herrami entas y criterios técnicos homologados”, es decir, iguales para todos, que les faciliten preparar sus propuestas. Dijo que estos trabajos permitirán fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales y mejorar la planeación de sus ingresos.

Miércoles 28, en el Laberinto

La capacitación será el miércoles 28 de octubre, de 8:30 a 15:00 horas, en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Se hará en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano del Congreso que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos.

Habrá ponencias sobre las leyes y reglas que aplican, los tipos de ingresos municipales, las cuotas, tarifas y derechos, la estructura que debe tener una ley de ingresos y los formatos que deben llenar los ayuntamientos.

Los plazos

La semana pasada, la Comisión Segunda de Hacienda anunció una capacitación similar para 29 ayuntamientos. Su presidenta, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, informó que los municipios tienen hasta el 15 de noviembre para entregar sus propuestas de valores unitarios y hasta el 25 de noviembre para sus iniciativas de ley de ingresos.

También lee: Congreso capacitará a 29 ayuntamientos para sus leyes de ingresos 2027

Héctor Serrano dijo que ninguno de los laudos viene de demandas contra esta legislatura

Por: Redacción

El Congreso del Estado acumula cerca de 30 millones de pesos en laudos laborales y en separaciones de trabajadores que ya alcanzan su jubilación, dijo Héctor Serrano Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Muchísimo dinero”, respondió al preguntarle por el monto. Serrano calculó que son “como ocho laudos“, aunque aclaró que no quería dar “una cifra al aire” y que el área jurídica del Congreso tendría el dato exacto.

Según el diputado, ninguno corresponde a demandas contra la actual legislatura. “Son laudos que recibimos en esta legislatura, pero no porque sean demandas contra esta legislatura”, explicó. Se trata de obligaciones institucionales que pasan de una legislatura a otra.

Y la cuenta crece. “La deuda no va a fenecer por no atenderla, al contrario, se va a incrementar”, advirtió Serrano, quien reconoció un “gran déficit económico” para pagar laudos y pensiones.

Sobre el origen de los casos, explicó que quien demanda suele alegar despido injustificado, y que a veces el Congreso pierde por “deficiencia jurídica o por desinterés jurídico” al no atender los procedimientos, lo que también implica responsabilidad. Los diputados, añadió, pueden ser sancionados por los órganos jurisdiccionales.

Estos pagos no forman parte del presupuesto asignado al Congreso porque son gastos extraordinarios. El Poder Legislativo los solicita a la Secretaría de Finanzas y recibe el dinero a lo largo del año, por eso no aparecen en el presupuesto que aprueba el pleno, algo que “a veces genera confusión”, dijo.

Para dimensionar: el presupuesto que los diputados aprobaron para el Congreso en 2027 es de 349.8 millones de pesos. Los 30 millones equivalen a casi 9% de esa cantidad.

También lee: Ayuntamiento pagó 12 millones en laudos laborales, revela transparencia