Fueron electos por mayoría los integrantes de la Directiva que fungirá durante el Primer y Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional

Por: Redacción

La Directiva quedó integrada por las y los diputados:

Presidente: Luis Fernando Gámez Macías
Primera Vicepresidenta: Frinné Azuara Yarzábal
Segundo Vicepresidente: Crisógono Pérez López
Primer Secretario: Luis Emilio Rosas Montiel
Segunda Secretaria: María Aranzazu Puente Bustindui
Primera Prosecretaria: Yaniria Santiago Medina
Segundo Prosecretario: Marcelino Rivera Hernández

Posteriormente, la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, declaró la clausura del Periodo Extraordinario.

Agotados los asuntos, se citó a Sesión Solemne de Apertura del Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el martes 15 de septiembre de 2026 a partir de las 10:00 horas, en el salón “Ponciano Arriaga Leija”, de Jardín Hidalgo 19.

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La propuesta de Gallardo sobre celulares en las aulas pasará primero por comisiones

Por: Redacción

El diputado local Héctor Serrano Cortés confirmó que el Congreso del Estado ya recibió la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para regular el uso de celulares en las aulas, y que se recibirá de manera formal este martes, al arrancar el nuevo periodo de sesiones.

Serrano explicó que la propuesta deberá pasar primero por comisiones, donde se resolverá antes de continuar su trámite en el Pleno, y que cada diputada y diputado fijará su posición al revisarla.

Recordó que la limitación al uso de celulares en las escuelas también fue planteada por la presidenta de México y fue retomada después por el Ejecutivo del Estado, con el objetivo de evitar distracciones entre los jóvenes y mejorar su aprovechamiento durante las clases.

Dijo que la revisión legislativa abarcará tanto a escuelas públicas como privadas, aunque el alcance final de la propuesta todavía está por definirse en comisiones.

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La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.

La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.

El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.

El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.

La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.

“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.

De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.

La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.

El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.

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