La eficacia legislativa bajó de 57 a 54% mientras crecen las iniciativas sin dictamen

Por: Redacción

La organización Congreso Calificado reprobó al Congreso del Estado de San Luis Potosí en sus tres evaluaciones más recientes. Entre marzo y septiembre de 2026, la eficacia legislativa bajó de 57 a 54 por ciento y la mejor calificación individual pasó de 7.04 a 3.63 puntos.

La sexta, séptima y octava evaluaciones trimestrales miden a la LXIV Legislatura, que en septiembre cumplió dos años. En ese lapso, las iniciativas presentadas subieron de 532 a 824, y las que siguen sin dictamen, de 229 a 374.

El rezago crece

En marzo, la organización reportó que en el trimestre no se aprobó ninguna ley nueva. En julio contó una sola, la Ley de Justicia Cívica, que dio puntaje de alto impacto a Rubén Guajardo Barrera, del PAN. En su Segundo Informe de Actividades, la Legislatura reportó tres leyes nuevas y más de 300 decretos en todo el año.

La publicación de actas se desplomó. En marzo, 20 de 27 comisiones daban a conocer las de sus sesiones; en septiembre, solo dos lo hicieron en los últimos tres meses.

Las iniciativas ciudadanas siguen detenidas. En marzo sumaban 75, con 12 aprobadas. En julio, de 89 propuestas, casi 90 por ciento estaban rechazadas, pendientes o caducadas. Las comisiones con al menos una sin dictaminar pasaron de 25 a 26 de 27.

Los diputados con iniciativas caducas subieron de 13 en julio a 17 en septiembre.

Faltas en tiempos electorales

El ausentismo tuvo su pico en julio, cuando 20 legisladores faltaron al menos a una sesión de Pl eno. Es la cifra más alta registrada por la organización, que la relacionó con el adelanto de los tiempos electorales. En septiembre fueron 11

, aun en periodo de receso. En marzo, el máximo individual había sido de dos faltas.

Una tabla que cambia cada trimestre

María Dolores Robles Chairez, del PVEM, fue la única diputada con calificación aprobatoria en marzo, con 7.04 puntos

. En julio encabezó la tabla con 4.39 y en septiembre ya no figuró entre los tres primeros.

El giro más brusco es el de Héctor Serrano Cortés, del PVEM. En julio quedó entre los peores, con -3.04 puntos, y recibió la sanción por conducta notoriamente perniciosa como promotor de la llamada Ley Serrano, que el Congreso derogó el 30 de julio. En septiembre subió al segundo lugar, con 3.48.

Guajardo Barrera pasó del segundo lugar en julio al primero en septiembre, con 3.63 puntos. Él y Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, son los únicos con página web y redes sociales actualizadas en ambas evaluaciones.

En el otro extremo está Sara Rocha Medina, del PRI, la diputada que más propone: sus iniciativas pasaron de 36 a 70 y sus puntos de acuerdo, de 19 a 27. Aun así, cerró julio en el último lugar, con -6.56, y septiembre en el penúltimo, con -4.79.

Tomás Zavala González, del PT, fue tercer lugar en marzo con 4.22 puntos. En julio cayó a -3.53 y fue sancionado luego de ser exhibido, según la organización, por usar relojes con valor de cientos de miles de pesos.

En septiembre, la sanción recayó en María Leticia Vázquez Hernández, del PT, tercera en julio. El motivo fueron señalamientos públicos sobre su presunta intervención en actos que impidieron el correcto funcionamiento de la justicia en el caso de un familiar. El último lugar fue para Nancy Jeanine García Martínez, de Morena, con -5.26 puntos.

La octava evaluación documentó cinco suplentes en dos años de Legislatura, la mayoría sin iniciativas aprobadas. La organización señaló esa rotación como factor del mal desempeño general.

También lee: Congreso aprueba 3 leyes y 300 decretos en su segundo año

Con este dictamen de ambas situaciones, que no estaban contempladas en la legislación se respalda a la paciente y la familia que lo requiera

Por: Redacción

Con el objetivo de adicionar las definiciones de muerte fetal y muerte neonatal, e incorporar la atribución en materia de atención psicológica y médica, la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de esta comisión legislativa, indicó que con este dictamen se ambas situaciones, que no estaban contempladas en nuestra legislación y se brinda un respaldo a la paciente y la familia que lo requiera.

“La iniciativa fue presentada por la diputada Sara Rocha Medina, y se visibiliza de lo que adolece nuestra Ley de Salud con respecto a los conceptos de muerte fetal, muerte neonatal y solicitar en caso de que lamentablemente exista el fallecimiento fetal o neonatal y que la familia requiera de una atención psicológica, de un respaldo de esta naturaleza pueda contarlos en esos momentos”.

Se establece el concepto de muerte fetal, entendido como “la muerte del producto de la concepción antes de la expulsión o su extracción completa del cuerpo de la madre”; y muerte neonatal como “la muerte de una o un recién nacido durante sus primeros veintiocho días de vida”.

Se indica que la Secretaría de Salud del Estado, tendrá entre sus facultades para estos casos, la provisión de atención médica y psicológica integral, oportuna y digna; y, se brindará acompañamiento mediante primeros auxilios psicológicos y contención emocional.

Se busca que la pena establecida actualmente de tres meses a dos años de prisión, se incremente a dos años a seis años de prisión

Por: Redacción

La Comisión de Salud y Asistencia Social aprobó reformar el artículo 248 del Código Penal del Estado, para incrementar sanciones en el delito contra la fidelidad profesional, en los casos en que directivos de clínicas, sanatorios y hospitales públicos o privados, retardan o niegan, por cualquier motivo la entrega de un cadáver, al igual que a funerarias.

 

La legisladora Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de esta comisión legislativa, indicó que en estos casos se busca que la pena establecida actualmente de tres meses a dos años de prisión, se incremente a dos años a seis años de prisión, para quienes cometan esta conducta.

 

“Es una modificación al Código Penal para endurecer las penas, las sanciones para incrementar las penas en años para quienes cometan el delito de retención de cadáveres ya sea en hospitales privados, funerarias, o la retención de personas en los hospitales privados de alguna persona que haya fallecido, ya existe este delito y lo que solicita es incrementar las penas”.

 

Se indica en la exposición de motivos, que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud constituye una de las actividades de mayor relevancia social, ya que de ellas depende, en gran medida, la vida, la integridad física y el bienestar de las personas.

 

El dictamen se turnará al pleno para su votación.