José Roberto García Castillo dijo que el objetivo es dar a los municipios criterios técnicos iguales para elaborar sus propuestas de ingresos

Por: Redacción

La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado aprobó convocar a los presidentes municipales de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a una capacitación para elaborar sus leyes de ingresos de 2027 y sus valores unitarios de suelo y construcción.

La ley de ingresos es el documento en el que cada municipio fija cuánto cobrará el próximo año por impuestos, derechos y servicios. Los valores unitarios de suelo y construcción son las tablas que fijan cuánto vale el metro cuadrado de terreno y de construcción en cada zona, y sirven para calcular el predial.

El presidente de la comisión, el diputado José Roberto García Castillo, explicó que el objetivo es dar a los municipios “herrami entas y criterios técnicos homologados”, es decir, iguales para todos, que les faciliten preparar sus propuestas. Dijo que estos trabajos permitirán fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales y mejorar la planeación de sus ingresos.

Miércoles 28, en el Laberinto

La capacitación será el miércoles 28 de octubre, de 8:30 a 15:00 horas, en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Se hará en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano del Congreso que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos.

Habrá ponencias sobre las leyes y reglas que aplican, los tipos de ingresos municipales, las cuotas, tarifas y derechos, la estructura que debe tener una ley de ingresos y los formatos que deben llenar los ayuntamientos.

Los plazos

La semana pasada, la Comisión Segunda de Hacienda anunció una capacitación similar para 29 ayuntamientos. Su presidenta, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, informó que los municipios tienen hasta el 15 de noviembre para entregar sus propuestas de valores unitarios y hasta el 25 de noviembre para sus iniciativas de ley de ingresos.

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Héctor Serrano dijo que ninguno de los laudos viene de demandas contra esta legislatura

Por: Redacción

El Congreso del Estado acumula cerca de 30 millones de pesos en laudos laborales y en separaciones de trabajadores que ya alcanzan su jubilación, dijo Héctor Serrano Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Muchísimo dinero”, respondió al preguntarle por el monto. Serrano calculó que son “como ocho laudos“, aunque aclaró que no quería dar “una cifra al aire” y que el área jurídica del Congreso tendría el dato exacto.

Según el diputado, ninguno corresponde a demandas contra la actual legislatura. “Son laudos que recibimos en esta legislatura, pero no porque sean demandas contra esta legislatura”, explicó. Se trata de obligaciones institucionales que pasan de una legislatura a otra.

Y la cuenta crece. “La deuda no va a fenecer por no atenderla, al contrario, se va a incrementar”, advirtió Serrano, quien reconoció un “gran déficit económico” para pagar laudos y pensiones.

Sobre el origen de los casos, explicó que quien demanda suele alegar despido injustificado, y que a veces el Congreso pierde por “deficiencia jurídica o por desinterés jurídico” al no atender los procedimientos, lo que también implica responsabilidad. Los diputados, añadió, pueden ser sancionados por los órganos jurisdiccionales.

Estos pagos no forman parte del presupuesto asignado al Congreso porque son gastos extraordinarios. El Poder Legislativo los solicita a la Secretaría de Finanzas y recibe el dinero a lo largo del año, por eso no aparecen en el presupuesto que aprueba el pleno, algo que “a veces genera confusión”, dijo.

Para dimensionar: el presupuesto que los diputados aprobaron para el Congreso en 2027 es de 349.8 millones de pesos. Los 30 millones equivalen a casi 9% de esa cantidad.

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La propuesta busca que la población reciba información clara sobre riesgos ambientales para protegerse

Por: Redacción

Luis Fernando Gámez Macías, diputado local, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí. Busca promover acciones de prevención y campañas de educación sobre los factores ambientales que puedan representar riesgos para la salud.

La reforma busca fortalecer la parte preventiva de la ley en información, comunicación de riesgos y coordinación institucional. La idea es que la información ambiental sirva también para prevenir enfermedades y proteger a los grupos más vulnerables.

La iniciativa plantea incorporar como facultad del Estado promover acciones de salud ambiental preventiva, para identificar, prevenir y comunicar riesgos para la salud asociados con factores ambientales.

También propone mecanismos de coordinación e intercambio de información con las autoridades ambientales, educativas, de protección civil, de agua y con los gobiernos municipales. Aplicarían cuando los datos disponibles permitan identificar condiciones ambientales de riesgo, con especial atención a los grupos de atención prioritaria.

Además, plantea que el Estado promueva, junto con las autoridades educativas, acciones de información y prevención sobre salud ambiental en las comunidades escolares.

Gámez Macías señaló que, cuando existe información técnica sobre una condición ambiental que puede representar un riesgo para la salud, la población debe contar con información clara, accesible y oportuna para tomar medidas preventivas.

“Una política moderna de salud ambiental debe facilitar que la ciudadanía conozca los riesgos relacionados con factores como contaminación atmosférica, calidad del agua, exposición a sustancias contaminantes, temperaturas extremas u otros factores ambientales que puedan afectar su bienestar”, afirmó.

Agregó que esa información puede ser particularmente relevante para niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o alguna condición que aumente su vulnerabilidad.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado.

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