Congreso del Estado
Congreso aprobaría elevar penas en delito de lesiones a mujeres.
Se buscarían de 12 a 21 años de prisión por daño de lesiones a mujeres por razón de género.
Por: Redacción
En reunión de la Comisión de Justicia, se aprobó el dictamen que reforma el artículo 142 BIS en sus párrafos primero y cuarto del Código Penal del Estado, con el objetivo de elevar las penas en el delito de lesiones a una mujer en razón de su género.
El diputado Rene Oyarvide presentó la propuesta buscando incluir en el apartado de lesiones contra la mujer, una penalidad de 8 a 20 años de prisión, así como una sanción pecuniaria de 400 a 700 días del valor de la unidad de medida y actualización.
El artículo establece que es considerado como razones de género cuando concurra alguna de estas circunstancias: Lesiones infamantes, degradantes o una mutilación; Que previo a alguna lesión infringida existan datos donde se hayan cometido amenazas, acoso o violencia del sujeto activo contra la víctima.
En la actualidad, está establecido una pena de 7 a 14 años de prisión, y una sanción pecuniaria de 200 a 500 días del valor de la unidad de medida y actualización, por lo que se buscaría establecer una sanción más severa para quien cometa este delito.
Además, se indico que si entre el sujeto activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza así como de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, donde se acredite, que en virtud de esa relación fueron infringidas las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, al sujeto activo se le impondrán de 12 a 21 años de prisión, y una multa de 500 a 800 días del valor de la unidad de medida y actualización.
La sanción establecida en el Código, por esta agravante, es de 9 a 18 años de prisión, y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, se mencionó que el objetivo es sancionar con mayor severidad esta clase de conductas, así como proteger la integridad de las mujeres. Esto debido al incremento que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 hubo sobre casos de violencia hacia la mujer.
El dictamen respectivo se presentará a votación en el pleno.
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Congreso del Estado
Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica
El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.
La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.
Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.
El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.
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Congreso del Estado
Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil
El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México
Por: Redacción
Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.
Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.
Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.
Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.
Congreso del Estado
Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas
Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio
Por: Redacción
Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.
Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.
Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
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