La actuación de las autoridades en materia de recuperación, aseguramiento y resguardo de vehículos robados adquiere una relevancia jurídica

Por: Redacción

La diputada Gabriela Martínez Vázquez propuso una iniciativa de adición del párrafo tercero al artículo 61 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, para establecer la exención del pago de servicios de arrastre y pensión por recuperación de vehículos robados.

Establece que en el caso de ser víctima de los delitos de robo de vehículo y robo de vehículo equiparado, una vez que se haya denunciado el ilícito, el cobro por servicios de arrastre y pensión deberá ser exceptuado, ya que con ello se establece el principio de no imputabilidad al propietario y se evita la doble victimización institucional.

Señala que el fenómeno del robo de vehículos constituye una de las manifestaciones delictivas de mayor impacto patrimonial y social en San Luis Potosí.

En este sentido, la actuación de las autoridades en materia de recuperación, aseguramiento y resguardo de vehículos robados adquiere una relevancia jurídica singular, ya que cuando una unidad es localizada por corporaciones policiales o derivado de investigaciones ministeriales, ésta suele ser asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente, y trasladada a depósitos o corralones vehiculares para su custodia provisional mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Diputado Luis Felipe Castro sostuvo una reunión con representantes de centros de rehabilitación de adicciones

Por: Redacción

El diputado Luis Felipe Castro Barrón sostuvo una reunión con representantes de centros de rehabilitación de adicciones, para escuchar sus necesidades y construir propuestas para fortalecer la política pública en materia de prevención y atención de adicciones.

Durante la reunión, se presentó una propuesta para impulsar la Ley y Estrategia de Regulación de Centros de Rehabilitación en el estado, que busca establecer lineamientos claros de operación, garantizar atención digna y profesional a personas con problemas de adicciones, así como fortalecer la supervisión institucional.

El legislador explicó que esta iniciativa también pretende mejorar la coordinación entre autoridades estatales y municipales, e impulsar políticas públicas enfocadas en la prevención y tratamiento de adicciones, además de fomentar la participación social en temas de salud pública.

“Ellos buscan que exista una iniciativa que garantice que las clínicas estén certificadas, que haya procesos claros en la obtención de licencias y que aquellas que no cumplan con la normativa dejen de operar”.

El legislador reiteró que el Congreso del Estado mantendrá un esquema de Parlamento Abierto para recibir propuestas de ciudadanos y organizaciones, con el fin de fortalecer esta iniciativa y garantizar mejores condiciones en la atención de las adicciones en San Luis Potosí.

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El objetivo es armonizar su contenido con la legislación federal , para adoptar el término “violencias” como reconocimiento a la complejidad de agresiones que enfrentan las mujeres

Por: Redacción

La diputada Roxanna Hernández Ramírez propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí a efecto de armonizar su contenido con la legislación federal en la materia, y adoptar el término de “violencias” como un reconocimiento normativo de la diversidad y complejidad de las agresiones que enfrentan las mujeres.

La legisladora señala que el término plural visibiliza que la violencia no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estructural que se expresa en distintos ámbitos: familiar, laboral, institucional, comunitario, digital y político. La propuesta establece claramente que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y adoptarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a través de acciones reforzadas de protección.

Agrega que la violencia contra las mujeres trata de una manifestación estructural de desigualdad histórica que se expresa de manera diferenciada según las condiciones particulares de cada mujer. El enfoque interseccional reconoce que factores como la edad, la pertenencia indígena, la discapacidad, la condición socio económica, la orientación sexual, la identidad de género, la situación migratoria o el contexto rural o urbano

“Desde esta perspectiva, el singular resulta conceptualmente insuficiente. La violencia no se manifiesta de una sola manera, sino a través de múltiples expresiones que pueden coexistir y reforzarse entre sí”. Indica que en la actualidad, el orden jurídico reconoce diversas manifestaciones: violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial; así como modalidades específicas como la violencia política en razón de género, la violencia digital, la violencia mediática, la violencia institucional, la violencia obstétrica y la violencia vicaria, entre otras. Cada una de ellas impacta de manera distinta la autonomía, la dignidad y el ejercicio de derechos de las mujeres.

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