Diputada plantea reformas para castigar discriminación y explotación contra jornaleros, migrantes y personas con discapacidad

Por: Redacción

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia y discriminación en el ámbito laboral, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas, o que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado y al Código Penal del Estado.

La legisladora señaló que es indispensable fortalecer la protección de estos grupos debido a que están expuestos a diversos abusos laborales, ya sea por sus condiciones socioeconómicas, porque históricamente han sufrido discriminación o porque enfrentan alguna discapacidad.

De esta manera, se propone reformar el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de San Luis Potosí, para establecer como obligaciones de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia y en materia laboral, garantizar condiciones de trabajo que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen cualquier tipo de discriminación, así como el ac oso y el hostigamiento de carácter sexual, a través de protocolos, campañas informativas, capacitación y mecanismos de atención.

Esto, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas

También se propone adicionar el artículo 350 BIS al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en el apartado de protección de los derechos laborales, dentro del capítulo denominado Delitos contra el Derecho de los Trabajadores. Este artículo tipifica conductas realizadas por el patrón como entregar cantidades inferiores al salario mínimo legal; pagar salarios en mercancías; retener, total o parcialmente, los salarios como sanción económica o por cualquier motivo no autorizado legalmente; u obligar a los trabajadores a realizar jornadas sin descanso que excedan los límites establecidos por la ley.

En este sentido, la iniciativa propone incrementar las sanciones hasta en una mitad cuando la víctima sea persona trabajadora del campo, migrante, persona con discapacidad, persona indígena o afromexicana, o pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis.

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El objetivo es que el salario alcance más, reducir la pobreza laboral y facilitar que madres y padres continúen trabajando

Por: Redacción

Con el objetivo de incentivar la creación de centros de cuidado infantil en zonas de alta densidad industrial, la diputada Sara Rocha Medina propuso iniciativa de modificación a la Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

La legisladora señala que se busca incentivar que las empresas, en coordinación con el Estado, instalen centros de cuidado en o cerca de las zonas industriales, estableciendo mecanismos para que el personal operativo no tenga que pagar por estos servicios, permitiendo que su salario rinda más para alimentación y otras necesidades básicas.

La legisladora señaló que resulta importante asegurar que la ubicación de estos centros en zonas industriales sea validada bajo criterios estrictos de Protección Civil, evitando riesgos por la actividad fabril colindante.

“Al subsidiar o hacer gratuitos estos servicios en zonas industriales, el Estado de San Luis Potosí no solo estará cumpliendo con el derecho humano a la educación inicial, sino que estará implementando una política de combate a la pobreza efectiva, directa y que fortalece la competitividad de nuestras empresas

La inversión en servicios públicos de cuidado de la primera infancia tiene beneficios a corto y largo plazo. En el corto plazo, estos servicios permiten a las madres tener un trabajo remunerado fuera del hogar, mientras que en el largo, contribuyen al desarrollo integral infantil.

Uno de los gastos más onerosos para las familias trabajadoras es el cuidado infantil. La falta de opciones accesibles y cercanas a los centros de trabajo no solo merma la economía familiar, sino que también limita la participación de las mujeres en el mercado laboral y aumenta el ausentismo en las empresas.

La iniciativa contempla también incorporar el concepto de pobreza laboral, reconocido como el indicador que permite estimar el porcentaje de la población que tiene un ingreso laboral inferior al valor monetario de una canasta alimentaria.

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La iniciativa busca frenar la usurpación médica en un mercado que ha crecido sin suficiente control

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer el marco legal del Estado de San Luis Potosí, tipificando y sancionando la práctica indebida de la cirugía estética, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para modificar los artículos 246 BIS Y 247 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora explica que con esta modificación, se busca proteger la salud pública y la seguridad de las personas; garantizar un ejercicio profesional responsable y seguro; armonizar la legislación local con las disposiciones nacionales y las reformas de otros estados.

Con ello, se pretende cerrar la puerta a la usurpación de funciones médicas y asegurar que la cirugía plástica en San Luis Potosí sea ejercida únicamente por profesionales certificados, en beneficio de la sociedad y en respeto a la dignidad de la profesión médica.

La iniciativa busca modificar el capítulo relacionado con los Delitos contra la fidelidad profesional para establecer que se impondrán prisión de tres a ocho años y multa de 300 hasta mil unidades de medida y actualización a quien cometa el delito de ejercicio ilegal de la profesión en su modalidad de usurpación médica, sin contar con título y cédula profesional de Médico Cirujano, y sin la especialidad médica legalmente reconocida en cirugía plástica, estética o reconstructiva.

Esto, en la realización de procedimientos quirúrgicos con fines estéticos; actos médicos invasivos con fines estéticos; o la introducción, infiltración o aplicación de sustancias líquidas, modelantes, rellenos, implantes o similares con fines estéticos.

Para efectos del presente artículo, se entenderá por actos médicos invasivos aquellos que impliquen la penetración del cuerpo humano mediante instrumentos, agujas, cánulas o cualquier otro medio que ponga en riesgo la salud o la integridad física de las personas.

La legisladora señala que a nivel nacional, el crecimiento exponencial de la demanda de procedimientos estéticos ha generado un mercado lucrativo que, lamentablemente, ha sido aprovechado por personas sin formación médica.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha advertido sobre el aumento de establecimientos irregulares que ofrecen cirugías y tratamientos invasivos sin cumplir con las disposiciones sanitarias, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones Primera de Justicia; y Salud y Asistencia Social.

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