El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar la Ley de Educación para atender la violencia contra el personal educativo

Por: Redacción

Cuando un estudiante agreda a un maestro o a otro trabajador de su escuela, sus madres, padres o tutores deberán participar en procesos obligatorios de orientación y acompañamiento. Así lo establece una reforma a la Ley de Educación del Estado que el Congreso aprobó por unanimidad en sesión ordinaria.

La reforma agrega el artículo 83 Bis a la ley. Además de atender la violencia contra el personal docente, obliga a las escuelas a aplicar programas de formación en valores, cultura de paz, empatía y resolución pacífica de conflictos.

Qué deberán hacer las escuelas

En los casos en que un estudiante cometa actos de violencia contra el personal docente o educativo, las autoridades escolares deberán aplicar medidas formativas y correctivas “con enfoque educativo y restaurativo”. Se trata de que el estudiante entienda el daño y lo repare, más que de un castigo.

Si hubo daños, las autoridades deberán promover los mecanismos legales para que se reparen, conforme a la ley.

La reforma también pide a las escuelas que tengan acciones para prevenir, detectar a tiempo y atender la violencia escolar; que capaciten de forma continua a docentes y directivos en manejo de conflictos, y que tengan protocolos claros de actuación ante agresiones contra cualquier integrante de la comunidad educativa, en particular contra los maestros.

Otras reformas de la sesión

En la misma sesión, el Congreso aprobó la convocatoria para la Presea al Mérito Plan de San Luis 2026 y reformas para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin necesidad de un representante legal.

También aprobó reconocer la violencia digital contra las personas adultas mayores y definir en la ley qué es un evento deportivo masivo.

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Cuauhtli Badillo dijo que primero deben tener voluntad y que después se podrán analizar reformas en el Congreso

Por: Redacción

Cuauhtli Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos por incumplir en materia de seguridad, aunque consideró prudente analizar en el Congreso reformas para empujar a los ayuntamientos.

Badillo dijo que el secretario de Seguridad del Estado le planteó propuestas de sanciones, pero que él no es partidario de “estrategias tan punitivas”. “Primero deben tener voluntad los alcaldes, las alcaldesas, y después ir aterrizando a otras estrategias”, afirmó.

El diputado reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo mínimo de 14 mil pesos para los policías municipales. La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija ese salario para los policías de los 59 municipios, con plazo que venció el 31 de agosto. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados.

Badillo dijo que muchos policías municipales ni siquiera están certificados y que lo primero es que todos tengan su Certificado Único Policial (CUP)

Dijo también que el año que entra entrará en vigor un cambio con el que las policías estatales y municipales tendrán tareas de investigación.

Badillo espera que el gobernador, que encabeza el Consejo de Seguridad, lo convoque a la brevedad para dar seguimiento a la reunión pasada, conocer las problemáticas y saber en dónde puede entrar la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la Defensa Nacional.

Afirmó que hay buena coordinación entre el gobierno federal y el del Estado, pero que hace falta seguir exhortando a los alcaldes a apoyar a sus policías municipales.

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Cuauhtli Badillo dijo que no hay un hecho concreto, pero que datos de la investigación apuntan a posibles vínculos

Por: Redacción

Cuauhtli Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, solicitó una reunión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México para conocer cómo va la operación Enjambre, ante datos de la investigación que, dijo, indican que algunos municipios de San Luis Potosí pueden estar recayendo en la delincuencia organizada.

Badillo aclaró que “no es un hecho concreto”, pero que “algunos datos de la investigación dan información de que pueden estar por ahí recayendo en la delincuencia organizada”.

La operación Enjambre es una estrategia del Gobierno de México que investiga la infiltración del crim en organizado en gobiernos municipales y que ha derivado en detenciones de alcaldes y policías en varios estados.

El diputado dijo que lo platicó con el secretario de Seguridad del Estado hace unos días, cuando acudió a la comparecencia, y que uno de los temas pendientes es la participación de las policías municipales en la Estrategia Nacional de Seguridad. Los policías municipales, recordó, son los principales respondientes de la seguridad en los ayuntamientos.

Badillo afirmó que en San Luis Potosí la estrategia “está dando el resultado”, pero que hay algunos ayuntamientos que “no están cumpliendo”.

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