Se busca que la pena establecida actualmente de tres meses a dos años de prisión, se incremente a dos años a seis años de prisión

Por: Redacción

La Comisión de Salud y Asistencia Social aprobó reformar el artículo 248 del Código Penal del Estado, para incrementar sanciones en el delito contra la fidelidad profesional, en los casos en que directivos de clínicas, sanatorios y hospitales públicos o privados, retardan o niegan, por cualquier motivo la entrega de un cadáver, al igual que a funerarias.

La legisladora Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de esta comisión legislativa, indicó que en estos casos se busca que la pena establecida actualmente de tres meses a dos años de prisión, se incremente a dos años a seis años de prisión, para quienes cometan esta conducta.

“Es una modificación al Código Penal para endurecer las penas, las sanciones para incrementar las penas en años para quienes cometan el delito de retención de cadáveres ya sea en hospitales privados, funerarias, o la retención de personas en los hospitales privados de alguna persona que haya fallecido, ya existe este delito y lo que solicita es incrementar las penas”.

Se indica en la exposición de motivos, que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud constituye una de las actividades de mayor relevancia social, ya que de ellas depende, en gran medida, la vida, la integridad física y el bienestar de las personas.

El dictamen se turnará al pleno para su votación.

Luis Felipe Castro advirtió que la práctica sigue en la capital, Soledad, Matehuala y Coxcatlán

Por: Redacción

Luis Felipe Castro Barrón, diputado y vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, llamó a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a cumplir con la prohibición de usar animales de carga, como burros y caballos, en la recolección de basura y residuos domésticos.

La prohibición forma parte de las reformas de 2025 a la Ley de Protección a los Animales del Estado, que considera esta práctica una forma de maltrato animal y establece multas de 3 a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El legislador señaló que, pese a la ley, el uso de animales de carga continúa en la zona metropolitana y en municipios del interior, donde se han documentado casos de sobreexplotación y maltrato que pueden causar la muerte de los animales.

“Estamos pidiendo a los ayuntamientos que ejecuten la ley de manera eficiente. Seguimos viendo en distintos lugares, no solamente en la zona metropolitana, sino al interior del estado, personas que siguen utilizando animales de carga para estos fines”, dijo.

Castro Barrón precisó que la práctica se ha identificado en Coxcatlán, en la Huasteca; Matehuala, en el Altiplano; la capital, y en particular en la comunidad de Peñasco, en Soledad de Graciano Sánchez.

Advirtió además que algunos recolectores depositan los residuos en tiraderos irregulares, donde las altas temperaturas y la falta de prevención pueden provocar incendios que afectan a vecinos de zonas cercanas.

Reconoció que algunos propietarios de carretas argumentan falta de recursos para sustituir a los animales por unidades motorizadas, y planteó que los ayuntamientos implementen programas de financiamiento para esa transición.

“Creo que lo que falta es voluntad de parte de los ayuntamientos, cultura de parte de los ciudadanos y que ayuden las distintas organizaciones en apoyo al cuidado de los animales”, afirmó.

Nancy García, presidenta de la Comisión del Agua, dijo que aún hay tiempo para trabajos preventivos

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Nanc y Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado

Señaló que los municipios aún están a tiempo de hacer trabajos de desazolve, revisión de drenajes y mantenimiento de infraestructura hidráulica, sobre todo en la zona metropolitana. Añadió que estas acciones deberían mantenerse todo el año, no solo antes de la temporada de lluvias, para detectar a tiempo drenajes antiguos u obsoletos.

García Martínez recordó una iniciativa que impulsó y que fue aprobada sobre la implementación del Atlas de Riesgo

La legisladora reconoció que los organismos operadores de agua y los municipios enfrentan dificultades financieras, en buena medida porque sus ingresos dependen de cuotas y tarifas.

Dijo que la prevención requiere la participación coordinada de los municipios, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la ciudadanía, porque la acumulación de basura en calles y drenajes también provoca obstrucciones e inundaciones.