Cascada de Tamul, el Jabalí, Puente de Dios, Trajinera, Nacimiento de Tamuín y Balneario la Isla permanecerán cerrados al menos 24 horas por medidas de seguridad preventiva.

Por: Redacción

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) cerró seis parajes turísticos de la Huasteca potosina ante el riesgo que representan las lluvias asociadas a las tormentas tropicales Boris y Cristina, que mantienen en alerta a las cuatro regiones del estado.

Nadia Ochoa Limón, titular de la CEPC, confirmó que los parajes clausurados son: Cascada de Tamul, El Jabalí, Puente de Dios, Trajinera, Nacimiento de Tamuín y Balneario la Isla. El cierre estará vigente por 24 horas o hasta nueva instrucción, informó la funcionaria.

Ochoa Limón precisó que la restricción aplica al acceso de visitantes por razones de seguridad, pero que algunos puntos permiten el ingreso para tomar fotografías desde zonas controladas. “Por temas de seguridad es que se cierra la entrada a estos parajes, pero sí cuidamos el tema del acceso para tomar fotografías, para ver los parajes”, sostuvo.

La tormenta tropical Boris tocó tierra este viernes y ya no representa un peligro activo, según la dependencia. Sin embargo, la tormenta Cristina registra vientos de 40 kilómetros por hora y mantiene en precaución a la zona. Por el momento, las cuatro regiones de la Huasteca no reportan afectaciones a personas ni viviendas, indicó Ochoa Limón.

La CEPC recibe reportes diarios a las 6:00 horas de los directores de Protección Civil de los 59 municipios del estado.

También lee: Protección Civil alista medidas de seguridad para la Fenapo 2026

Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.

En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.

El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.

Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias

Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.

El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.

También lee: Imprudencia, principal factor detrás de accidente en Sierra Leona: SSPC

La iniciativa busca garantizar prevención, detección, diagnóstico y seguimiento integral del síndrome, que afecta entre 8 y 13 por ciento de mujeres en edad reproductiva

Por: Redacción

La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para incorporar el síndrome ovárico metabólico poliendocrino en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral.

La iniciativa adiciona una fracción al artículo 4 y reforma las fracciones II, XI Bis y XIV de la Ley de Salud estatal. El concepto incorporado es el de síndrome ovárico metabólico poliendocrino, antes conocido como síndrome de ovario poliquístico.

Se trata de un trastorno endocrino-metabólico crónico que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y puede persistir en etapas posteriores de la vida. Se caracteriza por hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico, disfunción ovulatoria y alteraciones morfológicas ováricas.

El síndrome se asocia con mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, trastornos de la fertilidad y repercusiones psicológicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que se trata de una condición crónica con repercusiones a largo plazo que requiere prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento continuo. Estudios sitúan su prevalencia aproximada entre 8 y 13 por ciento

A pesar de su prevalencia, persisten el subdiagnóstico, la identificación tardía y la atención fragmentada, especialmente cuando las manifestaciones del padecimiento se tratan de forma aislada y no como parte de un mismo síndrome.

La iniciativa contempla integrar dentro de la atención médica ginecológica la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trastornos endocrino-metabólicos que afecten la salud reproductiva, como el síndrome ovárico metabólico poliendocrino.

También propone incorporar en las acciones de prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y accidentes, las enfermedades endocrinas, metabólicas y cardiovasculares, reconociendo al síndrome ovárico metabólico poliendocrino como padecimiento que requiere acciones específicas de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento integral.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis.

También lee: “Nunca va a existir una denuncia”: Guajardo defiende a la prensa en SLP