El diputado afirmó que Interapas pierde la mitad del agua que extrae en su red

Por: Redacción

El diputado local Luis Fernando Gámez Macías propuso que los ayuntamientos destinen 15% de su presupuesto a reforzar la infraestructura hidráulica y la distribución del agua.

Gámez Macías explicó que la iniciativa de reforma constitucional ya está en la Comisión del Agua del Congreso del Estado y dijo confiar en que se resuelva en breve.

El legislador advirtió que hay un “ecocidio” en la zona metropolitana de San Luis Potosí y afirmó que 50% del agua que extrae el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) se pierde en la red. Por eso calificó de “inoperante” el modelo de gestión del agua.

Habló tras las lluvias que inundaron el Puente de Otón y dejaron vehículos varados. Dijo que la capital enfrenta “una crisis del agua y ahora una crisis de operatividad”.

El diputado anunció que el próximo martes presentará una segunda reforma, a la Ley de Planeación del Estado, para evaluar los indicadores municipales en servicios públicos. Con ella, afirmó, se podría auditar a los alcaldes no solo en agua, sino también en recolección de basura, alumbrado y seguridad.

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El exhorto pide a la SICT y a CAPUFE justificar públicamente cualquier cambio en las cuotas

Por: Redacción

La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo del diputado Marco Antonio Gama Basarte para pedir a las autoridades federales que revisen y, en su caso, bajen las tarifas de peaje en las carreteras federales.

Un punto de acuerdo es un pronunciamiento del Congreso: no obliga a la autoridad, pero le pide formalmente que actúe sobre un tema.

La presidenta de la comisión, diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza, explicó que el exhorto va dirigido al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para que analicen suspender, modificar o revisar las tarifas vigentes. También se pide que cualquier decisión sobre las cuotas tenga una justificación técnica, económica, financiera y jurídica, y que esta se haga pública.

Jauregui Mendoza señaló que los aumentos no solo afectan a quienes usan las autopistas a diario, sino también al tr ansporte de carga

, a los autobuses y a los servicios que dependen de esas vías, cuyos costos pueden trasladarse al precio final de productos y alimentos. La propuesta añade que el impacto alcanza a quienes viajan por trabajo, por escuela o en vacaciones.

En San Luis Potosí, según la propuesta, se registraron aumentos recientes en algunos tramos. En el corredor Lagos de Moreno–San Luis Potosí el peaje pasó de 704 a 757 pesos, y en el libramiento Ciudad Valles–Tamuín la tarifa para el transporte de carga subió de 437 a 471 pesos.

La comisión consideró que, por la importancia de San Luis Potosí para la conectividad carretera del país, es necesario revisar el efecto de las tarifas en los sectores productivos y en la economía de las familias.

El dictamen pasará al Pleno del Congreso para su análisis y, en su caso, aprobación.

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La reforma aplica a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría la minuta de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal, que exige nacionalidad única a quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales. Es decir, quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad.

Una minuta es un proyecto de reforma que ya aprobó el Congreso de la Unión y que, por tratarse de un cambio a la Constitución, necesita también el aval de la mayoría de los congresos estatales.

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que elaboró el dictamen, explicó que la minuta llegó de la Cámara de Senadores. Con la reforma también se considerarán incompatibles con esta obligación el uso de un pasaporte o identificación de otro país, el ejercicio de derechos políticos ante ese Estado, como votar, y acogerse a su protección diplomática, es decir, pedir el apoyo de sus embajadas o consulados como ciudadano de ese país.

Arreola Mallol recordó que la iniciativa la presentó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, con el objetivo de que quienes ocupen esos cargos mantengan únicamente la nacionalidad mexicana mientras los ejercen.

Con la reforma, para ser presidente o presidenta se requerirá ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, haber residido en el país al menos 20 años

y no tener otra nacionalidad. Quien la tenga deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.

Quien ya ocupe la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocarla ante una autoridad extranjera. Si lo hace, será sancionado conforme al Título Cuarto de la Constitución, el apartado que regula las responsabilidades de los servidores públicos.

Para las gubernaturas la regla es similar. Solo podrá ser gobernador o gobernadora un mexicano por nacimiento sin otra nacionalidad, que sea nativo del estado o tenga al menos cinco años de residencia efectiva antes de la elección, y que tenga 30 años cumplidos el día de los comicios, o menos si la Constitución local lo permite.

Los artículos transitorios, que son las reglas para aplicar la reforma, dan al Congreso de la Unión 90 días naturales a partir de que entre en vigor el decreto para ajustar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.

La minuta se remitió a la Cámara de Senadores para continuar con su trámite.

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