noviembre 19, 2026

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Ciudad Valles blinda su territorio contra el fracking

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El Ayuntamiento publicó un reglamento que impide otorgar licencias y autorizaciones para infraestructura relacionada con la fractura hidráulica

Por: Redacción

Mientras el gobierno federal mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de aplicar la fractura hidráulica bajo criterios de sustentabilidad, Ciudad Valles decidió cerrar la puerta a esta técnica desde el ámbito de sus atribuciones municipales.

El Ayuntamiento vallense publicó el pasado 17 de agosto en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Reglamento municipal para la protección del suelo y la prohibición de autorizaciones municipales vinculadas con la fractura hidráulica “fracking”, mediante el cual establece la negativa a otorgar licencias, permisos y otras autorizaciones para obras e infraestructura relacionadas con esta práctica.

La disposición aplica dentro del territorio de Ciudad Valles, gobernado por el alcalde David Armando Medina Salazar, y busca impedir que desde la administración municipal se facilite la instalación de infraestructura vinculada con proyectos de fractura hidráulica.

El reglamento reconoce que la exploración y extracción de hidrocarburos son materias de competencia federal y deja claro que el municipio no pretende cancelar asignaciones, contratos o permisos otorgados por otras autoridades.

“El presente Reglamento no tiene por objeto autorizar, prohibir, suspender o cancelar asignaciones, contratos, permisos o autorizaciones federales, ni regular directamente las actividades técnicas de exploración o extracción de hidrocarburos”, establece el documento.

Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que los proyectos asociados con el fracking requieren obras e intervenciones que sí pueden afectar materias bajo competencia municipal, como el uso y aprovechamiento del suelo, las licencias de construcción, los caminos municipales, la protección civil, la gestión de residuos y los servicios públicos.

Por ello, Ciudad Valles determinó que sus dependencias deberán negar cualquier acto administrativo que permita obras incompatibles con el ordenamiento territorial y ecológico del municipio o que facilite infraestructura relacionada con la fractura hidráulica.

El reglamento parte de una distinción: el municipio no puede decidir si el gobierno federal autoriza o no la explotación de hidrocarburos, pero sí puede ejercer sus atribuciones sobre las consecuencias territoriales y administrativas que generaría un proyecto de este tipo.

La fractura hidráulica implica perforaciones profundas y la inyección a presión de agua y otros aditivos para extraer gas o petróleo de formaciones subterráneas. Además, puede requerir caminos de acceso, maquinaria pesada, instalaciones y un uso intensivo de recursos.

El Ayuntamiento argumenta que estas actividades pueden tener consecuencias sobre el suelo, el agua, los ecosistemas y la población, por lo que invoca los principios de prevención y precaución ante posibles riesgos graves o irreversibles.

Incluso, el reglamento establece que la autoridad municipal deberá actuar para prevenir daños aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre todas las posibles afectaciones.

La norma también obliga a las dependencias municipales a coordinarse para la inspección y vigilancia de posibles obras relacionadas con esta práctica, además de establecer mecanismos para la presentación de denuncias ciudadanas.

La decisión de Ciudad Valles ocurre en medio de un renovado debate nacional sobre el uso de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

Aunque la regulación energética y las decisiones sobre exploración y extracción corresponden al ámbito federal, la posibilidad de utilizar esta técnica ha generado oposición de comunidades, ejidos y organizaciones ambientalistas por sus posibles efectos sobre el agua, el suelo y las actividades agrícolas.

En San Luis Potosí, la discusión adquiere especial relevancia por la presencia de zonas de la Huasteca dentro de las áreas que han sido señaladas en distintos análisis y mapas relacionados con el potencial de explotación de hidrocarburos.

Para Ciudad Valles, la respuesta fue establecer un límite desde el ámbito municipal: si un proyecto de fracking requiere permisos, obras o infraestructura que dependan del Ayuntamiento, el nuevo reglamento ordena que no sean autorizados.

Con esta medida, el municipio no prohíbe directamente la extracción de hidrocarburos —una facultad que reconoce como federal—, pero sí establece un mecanismo para impedir que su administración otorgue las autorizaciones locales necesarias para facilitar la instalación y transformación territorial asociada con la fractura hidráulica.

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Ciudad

Denuncian a sacristán por abuso de niñas en iglesia de SLP

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El movimiento Abejita Vuelve a Casa reporta unas ocho carpetas de investigación abiertas. Pidió al obispo ayudar a localizarlo y exige prisión preventiva

Por: Redacción

El movimiento Abejita Vuelve a Casa informó que existen alrededor de ocho carpetas de investigación contra un sacristán señalado de abusar sexualmente de niñas en una iglesia de la colonia Prados.

Su fundadora, Marilú González Martel, pidió este miércoles al obispo ayudar a ubicarlo, pues el hombre habría huido.

González Martel dijo que las víctimas serían alrededor de diez. Una de las carpetas corresponde a dos hermanas. La activista no descartó que haya más, porque el hombre llevaría más de 15 años trabajando en cinco o seis capillas de la zona metropolitana.

Dijo que las menores tendrían entre 5 y 13 años y que ya han recibido denuncias anónimas que involucran a niños.

Según la activista, el hombre aprovechaba su papel en la parroquia para llevar a las menores a un cuarto dentro del templo. Una madre, cuya identidad se omite para proteger a su hija, relató que la niña le contó una noche, tras el rosario, que el hombre la tocó y la besó. Otras niñas le refirieron tocamientos similares y dijeron que las amenazaba con dejar de llevarlas como monaguillas.

La madre contó que el sacristán fue detenido al día siguiente, señalado por una de las víctimas, pero lo liberaron a las 24 horas

porque aún no se tenía su nombre completo. Después, dijo, huyó de noche con maletas junto con su esposa.

Las denunciantes afirman que no saben si existe orden de aprehensión.

Tras reunirse con el obispo, González Martel dijo que este se comprometió a entregar la lista de capillas donde trabajó el hombre. También se comprometió a mantener localizable al párroco y a pedirle que coopere.

La activista aseguró que el sacerdote sabe dónde está el sacristán, y las denunciantes dijeron que la Diócesis conoció el caso por redes sociales.

González Martel afirmó, además, que un familiar del acusado con un cargo en la Fiscalía habría influido en su liberación y que se habría pagado dinero. También dijo sospechar que el hombre grababa a las menores.

El movimiento pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades prisión preventiva contra el sacristán. Advirtió que, de no lograrla, habrá manifestaciones y cierres de calles.

La Comisión Estatal de Víctimas ya brinda abogados gratuitos a las familias. Las citas con psicólogas en la Fiscalía fueron programadas para el 27 de noviembre y principios de diciembre.

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Ciudad

SSPC: vuelta continua a la derecha no se prohíbe, se limita

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La maniobra solo podrá hacerse en cruces con señal que la autorice, y con precaución aun con semáforo en rojo

Por: Redacción

La vuelta continua a la derecha en la capital potosina solo podrá hacerse en los cruces que tengan un señalamiento que la autorice, de acuerdo con las modificaciones al Reglamento de Tránsito del municipio, publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

El artículo 125, fracción VII, establece que los conductores podrán incorporarse de manera continua hacia la derecha solo donde exista una señal que indique “vuelta a la derecha continua”. Si el semáforo está en rojo y no hay esa señal, deberán esperar la luz verde.

Aun donde la señal exista y el semáforo esté en rojo, los conductores deberán extremar precauciones y permitir preferentemente el paso a los vehículos que tengan luz verde.

Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento, explicó que la medida no es una prohibición generalizada: la maniobra se retira únicamente en los cruces donde no hay una señal que la autorice. Dijo que el cambio responde a estudios de siniestralidad y condiciones de circulación, pues incorporarse con el semáforo en rojo representaba un riesgo por la afluencia de vehículos y peatones.

Como ejemplo, Villa Gutiérrez mencionó el cruce de avenida Venustiano Carranza y Uresti, donde la vuelta continua ya no está permitida.

El funcionario dijo que el reglamento ya fue aprobado por el Cabildo, publicado oficialmente y está vigente. El Ayuntamiento contempla seis meses para dar a conocer los cambios y orientar a automovilistas y motociclistas, con una campaña que incluye la entrega de ejemplares del reglamento. En ese periodo se dará prioridad a la concientización y la difusión.

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Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles

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El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles

Por: Redacción

La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.

Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.

El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.

Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.

La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno

, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.

Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.

Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.

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Opinión

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