Investigación revela socios, facturaciones y movimientos notariales coincidentes

Una revisión de registros mercantiles identifica al menos a 13 compañías más constituidas en San Luis Potosí, que están vinculadas por accionistas, representantes y operaciones ante las mismas notarías, con la constelación de facturación y desvío de recursos del caso Gómez Mont

Cinco de esas empresas fueron señaladas definitivamente por el SAT como emisoras de facturas por operaciones simuladas. Uno de los empresarios que concentra las conexiones fue detenido en febrero de 2025 en la capital potosina

Investigación especial
San Luis Potosí, S.L.P.
Por: Carlos Ruiz / Jorge Saldaña

Una investigación documental sobre las empresas de San Luis Potosí involucradas en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga permitió identificar una red empresarial más extensa de lo que hasta ahora se había dado a conocer: al menos otras 13 sociedades mercantiles relacionadas entre sí mediante socios comunes, administradores, apoderados y movimientos notariales realizados en las mismas fechas.

La revisión de actas constitutivas, modificaciones societarias, poderes notariales y registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela un patrón de creación y reorganización de compañías, especialmente durante 2016 y 2017, en el que se repiten nombres, notarías, capitales sociales e incluso descripciones idénticas de las actividades para las que fueron constituidas.

Cinco de las empresas identificadas terminaron incorporadas a los listados definitivos del SAT, bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por operaciones consideradas inexistentes para efectos fiscales.

La red tiene entre sus principales personajes a Armando Romero López, empresario relacionado con al menos seis sociedades potosinas, detenido el 14 de febrero de 2025 en la colonia Estrella de la capital del estado y vinculado a proceso seis días después por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información judicial disponible, el juez Enrique Beltrán Santés le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano, misma que sigue vigente.

Romero López aparece como fundador y administrador único de tres compañías vinculadas directamente con el expediente federal: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint y Rancel.

Empresas constituidas en serie ante la misma notaría

Uno de los principales hallazgos está en los registros de la Notaría Pública número 24 de San Luis Potosí, a cargo de Juan Francisco Corripio Andrés.

En menos de 20 días, entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2016, ante ese mismo fedatario se constituyeron tres empresas que posteriormente aparecerían relacionadas con el caso.

La primera fue Comcelint, constituida el 18 de febrero, con Armando Romero López y Joel Alejandro Sánchez Romero como accionistas, cada uno con el 50 por ciento del capital.

Siete días después, el 25 de febrero, se constituyó Gupea Construcciones, con Yareli Eunice Delgado García como accionista mayoritaria, propietaria del 60 por ciento de las acciones, y Steve Santiago Colorado Muñoz con el 40 por ciento restante.

El 8 de marzo se formalizó Rancel, nuevamente con Romero López como socio y administrador único, acompañado de Jorge Armando Romero Gaspar.

Las tres compañías nacieron con un capital social de 50 mil pesos y bajo un esquema de dos accionistas y un administrador único.

Pero las coincidencias no terminaron ahí.

Los documentos registrales muestran que Gupea y Rancel realizaron el pago de su inscripción mercantil el mismo 31 de marzo de 2016, con las boletas 2713157 y 2713159, prácticamente consecutivas.

La proximidad de las fechas de constitución, la intervención del mismo notario y la coincidencia de los trámites registrales constituyen uno de los patrones detectados por la investigación.

Meses después, la misma Notaría 24 formalizó otras dos sociedades relacionadas con este grupo empresarial: Comeceler y Serbatel, constituidas el 28 de octubre de 2016 mediante los instrumentos notariales consecutivos 11993 y 11994.

Ambas tuvieron el mismo capital social de 50 mil pesos y exactamente los mismos dos accionistas, aunque con las participaciones invertidas.

En Comeceler, Mario Alberto Galindo Sáenz concentró el 80 por ciento de las acciones y Juan del Ángel Munguía Navarro el 20 por ciento. Hasta donde se pudo investigar, Juan del Ángel Munguía Navarro se promociona como músico local para eventos sociales.

En Serbatel ocurrió lo contrario: Munguía Navarro quedó con el 80 por ciento y Galindo Sáenz con el 20 por ciento.

En total, cinco compañías de la red fueron constituidas durante 2016 ante el mismo notario.

Los nombres que conectan a las empresas

La identificación de las personas que aparecen en las actas permite reconstruir las relaciones entre las distintas sociedades.

Armando Romero López figura como accionista y administrador único de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, fundada en julio de 2007, así como de Comcelint y Rancel, creadas en 2016.

Además, las consultas de socios del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) lo relacionan con Vialidades del Tangamanga, Innovación en Servicios Integrales Dicont y Tangamanga Innovaciones y Negocios.

Otra figura central es Yareli Eunice Delgado García, socia mayoritaria y administradora única de Gupea Construcciones.

El registro también la identifica como socia de Arquitectura y Acabados Yardel y Electro-Construcciones Quiga. La primera fue incluida en 2019 en la lista definitiva de contribuyentes del artículo 69-B (conocida como la lista negra de empresas factureras).

La conexión entre ambos grupos empresariales se amplía con Mario Alberto Galindo Sáenz.

El 29 de abril de 2016, Gupea le otorgó un poder general que incluía facultades para actos de dominio, es decir, atribuciones para disponer de bienes en representación de la compañía.

Cinco días después, el 4 de mayo, Galindo Sáenz constituyó M y R Proyectos Integrales Constructora y Renta de Equipo, donde tenía el 70 por ciento de las acciones y era administrador.

En octubre participó en la fundación de Comeceler y Serbatel, las dos sociedades constituidas el mismo día ante la Notaría 24.

Así, un apoderado de Gupea aparece también como fundador o accionista de otras tres compañías, un vínculo mercantil que permite extender el mapa de relaciones más allá de las firmas originalmente identificadas en la investigación penal.

Cambios de socios, poderes y operaciones ante otra notaría

La revisión de los movimientos posteriores permitió detectar otro patrón: la participación recurrente de determinadas personas en la compraventa de acciones y los cambios de administración.

La Notaría Pública número 21, de Gerardo Parra Dávalos, aparece en varios actos relacionados con estas compañías.

Ante ella se formalizó el poder que Gupea otorgó a Galindo Sáenz, así como modificaciones de Comeceler y operaciones societarias de M y R Proyectos y Grupo Roilwe.

En junio de 2017, Galindo Sáenz salió de M y R Proyectos mediante una operación accionaria. Alberto Casas Castillo terminó incorporándose a la administración de esa sociedad y también aparece como socio y administrador de Grupo Roilwe, constituida en abril de ese año.

Lourdes García Ávalos participó igualmente en operaciones accionarias de las dos empresas.

En enero de 2018, García Ávalos y Casas Castillo vendieron sus acciones de Grupo Roilwe a Omar y Adriana Rivera Alonso. En junio del mismo año, Alberto y Areli Casas Castillo quedaron con el total del capital de M y R Proyectos.

Por su parte, Comeceler, constituida en octubre de 2016, fue disuelta en marzo de 2018 y liquidada en junio de ese mismo año mediante trámites formalizados en la Ciudad de México.

Los movimientos muestran una secuencia de constituciones, otorgamientos de poderes, compraventas de acciones, sustituciones de administradores y liquidaciones que involucraron a personas recurrentes en un periodo relativamente corto.

El patrón permite establecer documentalmente relaciones que no resultaban evidentes al revisar cada empresa de manera aislada.

El mismo objeto social en compañías diferentes

Otro hallazgo está en la redacción de las actividades autorizadas a varias de las sociedades.

Comcelint, Rancel, Comeceler, Serbatel y Grupo Roilwe reproducen textualmente disposiciones de su objeto social relacionadas con servicios de recepción de llamadas telefónicas y soluciones integrales de centros de contacto.

No se trata solamente de que fueran registradas para desarrollar actividades semejantes: las actas contienen fragmentos redactados con las mismas palabras.

Este patrón se combina con otras coincidencias: capitales sociales de 50 mil pesos, estructuras iniciales de dos accionistas, administradores únicos con facultades amplias y actuaciones notariales próximas.

Aunque las escrituras mercantiles pueden utilizar modelos estandarizados, la repetición de estos elementos, sumada al intercambio de socios y representantes, constituye un dato relevante para comprender la configuración del grupo empresarial.

El vínculo con los millones investigados por la FGR

La relevancia de estas conexiones está en el expediente federal que involucra a Gómez Mont y Álvarez Puga, relacionado con presuntas irregularidades en contratos del sistema penitenciario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según información judicial divulgada por Reforma en febrero de 2025, tres compañías constituidas en San Luis Potosí —Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Rancel y Comcelint— recibieron transferencias por un monto conjunto de aproximadamente 635.2 millones de pesos relacionadas con los recursos investigados.

Los registros difundidos atribuyen a Tangamanga depósitos por alrededor de 315.9 millones de pesos, a Rancel por 181.6 millones y a Comcelint por 137.6 millones.

De Ingeniería y Arquitectura Tangamanga salieron, según la investigación de la Fiscalía, transferencias por 7 millones 395 mil pesos a favor de Gómez Mont.

Otra empresa potosina, Gupea Construcciones, habría realizado operaciones por aproximadamente 7.4 millones de pesos a favor de la exconductora, de acuerdo con la información judicial publicada sobre el caso.

El monto atribuido a las operaciones con Gómez Mont es distinto de los 635.2 millones de pesos que circularon por las otras tres sociedades y también del valor total de los contratos federales investigados.

El 20 de febrero de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Romero López, por considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar el procedimiento penal. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.

Cinco empresas terminaron en las listas definitivas del SAT

La investigación documental permitió confirmar que cinco de las 13 sociedades relacionadas fueron incorporadas a las listas definitivas del SAT por operaciones inexistentes, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Se trata de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint, Rancel, Gupea Construcciones y Arquitectura y Acabados Yardel.

Rancel y Gupea fueron publicadas en el listado definitivo del Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2018.

Tangamanga y Comcelint aparecieron el 31 de diciembre del mismo año.

Yardel fue incorporada el 26 de diciembre de 2019.

La inclusión definitiva implica que la autoridad fiscal no tuvo por acreditada la capacidad material necesaria para realizar las operaciones facturadas, conforme al procedimiento legal aplicable.

Otra compañía de Álvarez Puga trasladó su domicilio a San Luis Potosí

A las 13 empresas identificadas en la revisión de relaciones mercantiles se suma otro hallazgo: Mase Energy, sociedad en la que Víctor Manuel Álvarez Puga aparece como accionista mayoritario.

De acuerdo con la documentación registral referida en el reportaje original, una asamblea celebrada el 23 de noviembre de 2015 acordó trasladar el domicilio de la compañía de la Ciudad de México a San Luis Potosí y aumentar su capital social en 5.1 millones de pesos.

En esa operación, Alejandro Mario Álvarez Puga vendió sus acciones a su hermano Víctor Manuel, quien quedó con el 70 por ciento del capital, mientras Sergio Martínez Vega conservó el 30 por ciento restante.

El acuerdo fue inscrito en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí el 28 de septiembre de 2016, el mismo año en que fueron constituidas varias de las compañías que forman parte de la red identificada.

Según el reportaje original, Mase Energy también fue incluida en abril de 2021 en el listado definitivo del SAT por operaciones inexistentes, debido a la ausencia de activos y personal.

Esta relación directa con Álvarez Puga amplía la presencia de sociedades vinculadas al caso en San Luis Potosí.

La investigación también revisó los antecedentes de señalamientos periodísticos que vincularon a la firma contable Marcelo de los Santos y Cía., S.C., propiedad del exgobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga, con las empresas relacionadas con este expediente.

En febrero de 2022, San Luis Al Instante publicó una información que atribuyó equivocadamente al diario Reforma y en la que se identificaba a Marcelo y Carlos de los Santos Anaya, hijos del exgobernador, como propietarios de compañías potosinas involucradas en el caso.

Sin embargo, en las actas constitutivas y modificaciones societarias revisadas de ocho empresas, ninguno de los dos aparece como accionista, administrador, comisario o apoderado.

La búsqueda de socios en SIGER tampoco permitió establecer una relación entre los folios identificados a nombre de los hermanos y las sociedades investigadas.

Por tanto, los documentos revisados no respaldan atribuirles la propiedad de las empresas analizadas ni tampoco se puede comprobar que las mismas sociedades tengan relación contractual con la firma.

Lo que sí está documentado es la cercanía de Fernando Francisco Gómez Mont con el exgobernador potosino Marcelo de los Santos durante sus dos años de gestión como secretario de Gobernación en el periodo del expresidente Felipe Calderón. Fernando Gómez-Mont Urueta es tío de Inés Gómez Mont. Ocupó la Secretaría de Gobernación del 10 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2010, cuando él y De los Santos militaban en Acción Nacional. Se debe recordar que Gómez Mont tomó protesta luego de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño, en el desplome del Learjet que lo transportaba, precisamente de San Luis Potosí a la CDMX.

Una investigación que amplía el mapa empresarial del caso

La detención de Inés Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre de 2026 por motivos migratorios, reactivó la atención sobre la investigación federal. La FGR informó que mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México contra la exconductora, cuya situación jurídica en Estados Unidos depende de las autoridades de ese país.

La evidencia que se presenta revela que la estructura empresarial potosina alrededor del caso Gómez Mont–Álvarez Puga es más amplia y presenta más conexiones de las que se habían documentado públicamente y es posible que conforme avancen las investigaciones puedan salir a la luz otros vínculos.

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Por: Ana G Silva

En 2025 se registraron mil 989 conflictos de trabajo en San Luis Potosí y se solucionaron 284 (es decir solo el 14.28%), de acuerdo con las Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local (ERLAJUL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los conflictos solucionados bajaron de 825 en 2024 a 284 en 2025, una caída de 65.6%. En el mismo periodo, los conflictos nuevos subieron 7.9%: pasaron de mil 844 a mil 989.

El estado va en sentido contrario al país. A nivel nacional se registraron 104 mil 741 conflictos y se solucionaron 106 mil 980, es decir, se cerraron más casos de los que entraron en el año. En San Luis Potosí se solucionaron 14 por cada 100 conflictos nuevos.

Para el INEGI, un conflicto de trabajo es una disputa individual, que afecta a una persona trabajadora, o colectiva, que afecta a todo el personal de una empresa. Se cuenta como solucionado cuando hay arreglo o resolución final. En el país, el principal motivo de los conflictos individuales fue el despido injustificado, con 59.5%.

Cinco años con el nuevo modelo

San Luis Potosí fue una de las ocho entidades que arrancaron la reforma laboral el 18 de noviembre de 2020. Desde entonces, acudir a un centro de conciliación es obligatorio antes de demandar ante un tribunal laboral. Las juntas locales de conciliación y arbitraje siguen resolviendo los asuntos que empezaron antes del cambio.

Antes de la reforma, el estado registraba entre 3 mil 800 y 4 mil 900 conflictos por año y solucionaba entre 2 mil 600 y 3 mik 400. En 2021, el primer año completo del nuevo modelo, los conflictos bajaron a 1,699 y los solucionados a mil 607. Desde entonces, los conflictos se han mantenido arriba de mil 600 al año, mientras los solucionados han bajado cada año.

Entre 2021 y 2025 se acumularon 9 mil 077 conflictos de trabajo en el estado y se solucionaron 4 mil 702.

En 2025 se solucionaron menos de un conflicto de trabajo por día (0.77 al día): 284 en todo el año, entre tribunales laborales y la junta local.

En el Poder Judicial del Estado, la materia laboral la atiende un solo órgano jurisdiccional con cuatro personas juzgadoras, según el registro administrativo de justicia laboral estatal del INEGI. Desde finales de 2020, ese órgano ha radicado 11 mil 068 expedientes y 6 mil 097 seguían en proceso al cierre de 2025, de acuerdo con la misma fuente.

En 2025, el Tribunal de Justicia Laboral contó con 29 millones 716 mil pesos, el 2.2% del presupuesto del Poder Judicial, según el informe del Programa Institucional 2025 del propio Poder Judicial al tercer trimestre.

La mayoría de las diferencias entre patrones y trabajadores ya no llega a esa etapa. En 2025 se registraron 12 mil 869 convenios prejudiciales en San Luis Potosí, 10.2 por cada mil personas ocupadas, por encima de la tasa nacional de 8.6. La tasa de conflictos fue de 1.6 por cada mil ocupados, cercana a la nacional de 1.7.

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, encargado de esa etapa, recibió 9 millones 609 mil 13 pesos en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2025 (Decreto 0037). Es la misma cifra que tenía asignada en 2021, según el Programa Institucional del Centro 2022-2027, y la que repite el presupuesto de 2026 (Decreto 0338). Con ese monto se registraron los 12 mil 869 convenios del año, unos 747 pesos por convenio, aunque si solo se resolvieron 284 tiene un costo para los potosinos de 33 mil 834.55 pesos.

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SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz

Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.

Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.

¿A quiénes alcanza?

La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.

Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.

¿Cómo se evaluará?

El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).

Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.

Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.

Las consecuencias no son menores.

Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.

Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.

El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses

¿Y qué sucede durante 2026?

El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.

El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.

La memoria de 2024 no puede borrarse.

Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.

Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.

La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.

El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.

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