El titular de la SSPC dijo que no bajarán la guardia pese a señalamientos de Tekmol

Por: Redacción

El secretario de Seguridad de Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, confirmó que el operativo Escudo Huasteco, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, se volverá permanente en la región de Ciudad Valles y la Huasteca.

El funcionario respondió así a un cuestionamiento sobre el político José Luis Romero Calzada, conocido como Tekmol, a quien se le atribuyó incitar a la violencia contra elementos de la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles. Juárez Hernández dijo que su dependencia actuó con prudencia y en coordinación con la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, que encabezó el operativo del que derivó el señalamiento; agregó que es la primera vez que en esa zona se les acusa de tratar de denostar a las instituciones, y que, de presentarse una denuncia formal, la Secretaría abriría un expediente interno para acompañar la investigación de la Fiscalía.

Cuestionado sobre si su respuesta se limitaría a la prudencia, el secretario fue enfático: dijo que no bajarán la guardia por comentarios que buscan desacreditar a la autoridad y que seguirán trabajando con la misma intensidad.

Juárez Hernández dijo que el Escudo Huasteco responde al combate de grupos del crimen organizado que intentan ingresar a Ciudad Valles y municipios vecinos, y que continuará hasta que esos grupos dejen de operar en la zona.

Como resultado de ese operativo, la Policía de Investigación de la Fiscalía, con apoyo de la Guardia Civil Estatal, detuvo a tres personas señaladas como objetivos criminales por hechos observados previamente: dos originarias de Tamaulipas y una de San Luis Potosí. Juárez Hernández dijo que la detención derivó de labores de inteligencia compartidas en mesas de coordinación, además de vigilancia, persecuciones y algunos enfrentamientos.

Cuestionado sobre si hay candidatos o aspirantes políticos vinculados al crimen organizado, dijo no tener información al respecto y evitó pronunciarse.

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Crisógono Sánchez, secretario del Trabajo, dijo que las sanciones que ha aplicado este año son por fallas en el registro ante el IMSS, no por horas extra

Por: Redacción

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado ha sancionado este año a empresas potosinas por no tener en regla el registro de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no ha aplicado ninguna sanción por imponer horas extra a su personal, informó el secretario Crisógono Sánchez Lara.

Sánchez Lara dijo que varias empresas han requerido horas extra a sus trabajadores durante el año, pero que lo han hecho pagando el doble o el triple del salario, como marca la ley, y de manera voluntaria. Afirmó que no ha detectado ningún caso en el que un trabajador haya sido obligado a cumplir ese tipo de jornadas.

En contraste, el funcionario dijo que sí ha habido sanciones económicas contra empresas que no tienen en regla la documentación de sus empleados, en particular el registro ante el IMSS. Explicó que, cuando eso ocurre, la ley da a la empresa un margen de cinco días

Dijo que las empresas que no atienden ese plazo reciben la sanción económica correspondiente, que se turna a la Secretaría de Finanzas del Estado para su cobro.

Sánchez Lara explicó que la vigilancia se realiza mediante inspecciones diarias a comercios y plantas del estado, en las que personal de la dependencia revisa el cumplimiento de los derechos y los requisitos que marca la ley laboral.

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La magistrada dijo que los datos filtrados venían desordenados, por fecha y no por expediente

Por: Redacción

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), dijo que la auditoría externa sobre el presunto hackeo al Poder Judicial ya concluyó, y que el caso apunta más hacia una filtración de información que a una intrusión al sistema, aunque dijo no tener certeza todavía.

Explicó que ya se descargó y revisó la información junto con el órgano de administración, pero que los documentos llegaron desordenados —organizados por fecha y no por expediente—, lo que ha retrasado un análisis más preciso sobre qué o cuánta información se filtró.

Dijo que la próxima semana dará más detalles sobre el caso, una vez que el área de tecnología concluya el análisis.

El caso se originó en agosto, cuando publicaciones en redes sociales denunciaron la filtración de “muchos gigas” de información del Poder Judicial. En ese momento, Zarazúa había descartado que los servidores del tribunal hubieran sido vulnerados, tras una revisión con las empresas Kaspersky y Fortinet, aunque no descartó que el origen estuviera en la cuenta individual de algún litigante externo con acceso al expediente electrónico.

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