La nueva norma permite negar el ingreso o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra Argentina o sus ciudadanos. Especialistas advierten que el texto deja amplio margen para la discrecionalidad

Por: Redacción

El presidente de Argentina, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio contra Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos patrios, una medida que ya entró en vigor y que deberá ser revisada por el Congreso.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, establece que podrán ser sancionados quienes hayan dirigido mensajes de odio de forma oral o escrita, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o participado en actos de ultraje contra los símbolos nacionales.

La nueva normativa también contempla la cancelación de residencias para extranjeros que incurran en esas conductas. Aunque el decreto ya tiene vigencia, el Congreso argentino deberá pronunciarse sobre su validez durante el trámite legislativo correspondiente.

Especialistas en derechos humanos y migración cuestionaron el alcance de la medida. Lucía Galoppo

, integrante del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que el decreto no define con claridad qué constituye un discurso de odio ni cómo las autoridades identificarán y comprobarán esas conductas.

La abogada advirtió que la ausencia de criterios específicos para aplicar las sanciones podría abrir espacio a decisiones arbitrarias por parte del Estado.

El gobierno de Milei ha impulsado en los últimos meses una serie de cambios en materia migratoria con el argumento de reforzar el control fronterizo y la seguridad nacional. El decreto sobre discursos de odio se suma a ese paquete de medidas.

La discusión sobre la norma se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde el Congreso deberá determinar si ratifica o rechaza el decreto presidencial.

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La llegada masiva de migrantes puso al límite la capacidad de acogida en la ciudad española. Entre los recién llegados se encuentran cientos de menores de edad

Por: Redacción

Miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, ingresaron de forma masiva a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos, en una jornada que volvió a poner bajo presión a las autoridades migratorias y a los centros de acogida del enclave español en el norte de África.

La Delegación del Gobierno español estimó que alrededor de cinco mil personas cruzaron la frontera durante el ingreso masivo, mientras que medios marroquíes elevaron la cifra hasta 30 mil. Los migrantes atravesaron la frontera prácticamente sin oposición de las fuerzas de seguridad de ambos países.

La mayoría de los recién llegados fueron trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), cuya capacidad oficial es de 512 personas. Sin embargo, el centro ya se encontraba saturado, con más de 750 ocupantes, por lo que cientos de migrantes permanecen en campamentos improvisados en las inmediaciones mientras esperan un lugar.

Las autoridades españolas expresaron especial preocupación por la presencia de aproximadamente 500 menores de edad

no acompañados, quienes, de acuerdo con la legislación vigente, deben ser alojados en centros especializados y quedar bajo protección del Estado si no son reclamados por sus familias.

El incremento de los cruces también coincide con un aumento de las muertes en la ruta marítima hacia Ceuta. En menos de 24 horas fueron recuperados cuatro cuerpos en distintos puntos del litoral ceutí, con lo que el número de personas fallecidas cuyos cadáveres han sido localizados en las costas asciende a 31 en lo que va del año.

Ante la situación, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, solicitó al gobierno español la activación de un plan de emergencia nacional para reforzar la seguridad fronteriza, ampliar la capacidad de acogida y establecer un mando único para coordinar la respuesta ante la llegada masiva de migrantes.

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La ex presidenta argentina acusó a los jueces que la condenaron de ejercer machismo estructural y violar sus derechos humanos. El recurso fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Por: Redacción

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra los jueces que la condenaron por corrupción, al acusarlos de persecución política y de actuar con base en un machismo estructural.

Fernández, quien cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, informó este miércoles que recurrió al organismo internacional al considerar que los mecanismos judiciales argentinos dejaron de proteger sus derechos.

La presentación fue realizada por dos abogados extranjeros al cumplirse un año de la prisión domiciliaria impuesta a la ex mandataria, luego de que la Corte Suprema argentina confirmara la sentencia por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su gobierno.

En un mensaje difundido en redes sociales, Fernández sostuvo que su caso representa una violación de derechos humanos

y afirmó que las decisiones judiciales en su contra no pueden entenderse únicamente como errores de los tribunales.

La dirigente peronista, de 73 años, enfrenta además otro juicio por asociación ilícita en una causa relacionada con presuntos sobornos pagados por empresarios a funcionarios durante su administración. Fernández rechaza todas las acusaciones.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, deberá determinar primero si admite el recurso presentado por la ex mandataria antes de emitir una resolución. Las decisiones del organismo no son necesariamente vinculantes para el Estado argentino.

Debido a que la condena ya quedó firme, la principal vía para que Fernández recupere su libertad sería un indulto presidencial, una posibilidad considerada poco probable durante el gobierno del presidente Javier Milei.

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