noviembre 22, 2026

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Congreso del Estado

Aranzazu Puente propone sumar a DIF municipales y al Instituto de la Juventud en la prevención del su1c1d10

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La diputada María Aranzazu Puente Bustindui propuso reformar la Ley de Salud Mental y la Ley de la Persona Joven para que los DIF municipales y el Instituto Potosino de la Juventud, junto con la Secretaría de Salud, hagan campañas de prevención del suicidio, detecten señales de alerta y canalicen a tiempo a quien lo necesite, con atención especial a jóvenes.

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Las iniciativas reparten tareas entre la Secretaría de Salud, los 59 ayuntamientos y el Instituto Potosino de la Juventud, con atención especial a las personas jóvenes

Por: Redacción

La diputada local María Aranzazu Puente Bustindui presentó dos iniciativas para que más instituciones participen en la prevención del suicidio en San Luis Potosí. Una reforma la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios y la otra la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios.

La primera propuesta busca que los municipios organicen programas y campañas de prevención y sensibilización a través de sus Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en coordinación con la Secretaría de Salud. También plantea que los DIF detecten los primeros casos de riesgo, orienten a las personas y las canalicen a tiempo a los servicios de atención, siguiendo los protocolos de la autoridad sanitaria.

Según la legisladora, la prevención necesita una respuesta coordinada. La Secretaría de Salud fija los criterios técnicos y los protocolos, pero también hay que fortalecer a las instituciones que tratan todos los días con las personas y sus familias. Explicó que la reforma aprovecha estructuras que ya existen en la ley estatal y deja claro qué le toca hacer a cada municipio.

El Instituto de la Juventud también entraría

La segunda iniciativa agrega una fracción al artículo 68 de la Ley de la Persona Joven. Con ella, el Instituto Potosino de la Juventud participaría junto con la Secretaría de Salud y los 59 ayuntamientos en acciones, programas y campañas de prevención y sensibilización sobre el suicidio.

El Instituto también tendría que identific ar señales de alerta, orientar a quien lo necesite y canalizarlo a tiempo a los servicios de atención, de acuerdo con los protocolos de la Secretaría de Salud. Estas acciones irían dirigidas a toda la población, con atención especial a las personas jóvenes. Puente Bustindui sostuvo que así cada autoridad participaría desde sus atribuciones y bajo los mismos criterios técnicos.

Jóvenes, el grupo con la tasa más alta

Las propuestas llegan cuando San Luis Potosí está por encima del promedio nacional. Según datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas 2025 del Inegi, el estado cerró el año con una tasa de 9.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, frente a 6.7 en el país, y ocupó el sexto lugar nacional.

En todo el país, la población de 15 a 29 años registró la tasa más alta de todos los grupos de edad, con 10.2 casos por cada 100 mil habitantes. Ese grupo concentró 38.1% de los suicidios de 2025, y el suicidio fue su tercera causa de muerte.

Las iniciativas se turnaron a las comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte. Ahí se analizan y se dictaminan antes de poder llegar a votación en el Pleno.

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Congreso del Estado

Proponen ampliar de 12 a 20 días el plazo para recuperar animales en resguardo en SLP

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Después de ese periodo, podrían ser entregados a asociaciones protectoras legalmente constituidas

Por: Redacción

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la operación de refugios sin fines de lucro, ampliar el plazo para recuperar animales resguardados y promover su adopción responsable.

Entre los principales cambios propuestos se encuentra modificar el artículo 101 para ampliar de 12 a 20 días hábiles el periodo que tienen los propietarios para reclamar a sus animales cuando ingresen a un centro de resguardo.

Una vez transcurrido ese plazo, la propuesta contempla que puedan ser entregados a asociaciones protectoras legalmente constituidas que se comprometan a garantizar su cuidado y protección, además de promover su adopción.

Otro de los puntos relevantes es eliminar el sacrificio como alternativa cuando no sea posible entregar a los animales a alguna asociación protectora, de manera que la falta de espacio en estos organismos no implique que los ejemplares se queden sin opciones de resguardo.

La iniciativa también busca reconocer expresamente la labor de personas físicas y morales que establezcan refugios sin fines de lucro, ya sea para brindar protección temporal o permanente a animales abandonados, rescatados de situaciones de maltrato o que no cuentan con un hogar.

En su exposición de motivos, Sánchez de Lira señaló que las asociaciones protectoras y los rescatistas independientes destinan recursos, tiempo y espacios para atender a estos animales, pero requieren instalaciones adecuadas, alimentación y atención veterinaria para garantizar su bienestar.

Además, la propuesta establece que los ayuntamientos deberán realizar campañas periódicas de adopción y difusión, mediante medios de comunicación, plataformas digitales y otros mecanismos disponibles, con la posibilidad de colaborar con organizaciones civiles y asociaciones protectoras.

La legisladora argumentó que no basta con mantener a los animales bajo resguardo, sino que también es necesario facilitar que la ciudadanía conozca cuáles están disponibles para adopción y promover una cultura de tenencia responsable.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.

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Congreso recibe el Paquete Económico 2027 del Gobierno del Estado

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La Comisión de Hacienda revisará primero los ingresos, luego los egresos y después los dictámenes

Por: Redacción

Funcionarios de la Secretaría de Finanzas entregaron al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda, el proyecto de Paquete Económico 2027 del Gobierno del Estado. Lo informó la presidenta de la comisión, la diputada María Dolores Robles Chairez.

El paquete contiene las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2027. La primera establece cuánto dinero se espera recaudar y la segunda define en qué se va a gastar. La entrega se hizo en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución estatal.

Entregaron los tomos ante personal de la Oficialía de Partes la directora general de Planeación y Presupuesto, Damaris Grajeda Acosta

, y el director general de Ingresos, Ricardo René Ibarra Pérez.

Cómo se revisará

Robles Chairez dijo que ambas iniciativas se turnarán al Pleno en la próxima sesión y que, cuando se envíen a su comisión, comenzará el análisis. Explicó que la entrega se hizo en la fecha límite que marca la ley, el 20 de noviembre

.

“En la comisión manejamos un calendario de actividades, donde veremos, primero la revisión de ingresos, después la revisión de egresos y, posteriormente, reuniones para los dictámenes”, dijo.

Lo que sigue

La diputada informó que el próximo martes la comisión se reunirá para dar cuenta del paquete. Después se citará a funcionarios de Finanzas y a la propia secretaria, en una fecha por definir.

Otras revisiones en el Congreso

Aparte, otra comisión, la Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, revisa las leyes de ingresos 2027 de 30 municipios. Los ayuntamientos tienen hasta el 25 de noviembre para presentar sus iniciativas.

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Congreso amplía qué se considera “razones de género” en feminicidio

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El Pleno aprobó la reforma al artículo 135 del Código Penal sin cambiar la pena de 40 a 60 años de prisión

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 135 del Código Penal de San Luis Potosí, el que define el delito de feminicidio. La reforma incorpora características que ayudan a investigar estos crímenes, evitar su impunidad y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

El dictamen lo presentó la Comisión Primera de Justicia, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández. Amplía los ámbitos de violencia previa y de las relaciones entre personas que permiten acreditar las “razones de género”, es decir, el elemento que debe demostrarse para que la muerte de una mujer se considere feminicidio.

La reforma no cambia la pena ni crea un delito abierto o impreciso, para no violar el principio de legalidad, que exige que los delitos estén descritos con claridad en la ley.

Qué se agrega

Habrá razones de género cuando exista una relación de subordinación o superioridad, formal o de hecho: institucional, laboral, docente, religiosa, de servicio o de cualquier otro tipo.

También cuando la víctima estuviera en indefensión o desprotección real, por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, o por dificultad para pedir auxilio, ya sea por la distancia a un lugar habitado o por un impedimento físico o material.

Otra característica es que la víctima haya sido reportada como desaparecida o buscada por familiares, particulares o autoridades antes de localizar su cuerpo o restos, o que el cuerpo haya sido expuesto, arrojado, enterrado u ocultado en un lugar público o privado.

Cuál es la pena

El feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión y una multa de 4 mil a 6 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de referencia que se usa para calcular multas y otros pagos. La pena aumenta hasta en una tercera parte cuando hay varios autores, cuando el delito ocurre en contextos de trata de personas o explotación sexual, o cuando se comete frente a personas con vínculo de parentesco, afectivo o de confianza con la víctima, o si ésta es niña o adolescente.

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