La reforma plantea que la elección de magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito se realice conforme a la división territorial de los circuitos judiciales

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría la minuta de reforma constitucional federal en materia de Poder Judicial, con la que se aplaza de 2027 a 2028 la elección de magistrados, jueces y demás personas juzgadoras del país.

La propuesta, enviada por el Senado de la República, busca otorgar un mayor periodo para la implementación de la reforma judicial, permitiendo la consolidación de los cambios administrativos, presupuestales y operativos necesarios para la organización de los procesos electorales judiciales.

Además del aplazamiento, la minuta incorpora modificaciones para fortalecer la operación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, homologar criterios de selección de aspirantes, reducir el número de candidaturas y simplificar el diseño de las boletas electorales.

Entre los cambios también se contempla garantizar la paridad de género desde las etapas iniciales del proceso, ordenar la elección por circuitos y especialidades judiciales, así como establecer reglas para cubrir vacantes, licencias y renuncias dentro del Poder Judicial.

La reforma plantea que la elección de magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito se realice conforme a la división territorial de los circuitos judiciales y no únicamente bajo criterios poblacionales

Asimismo, se propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el encargado de definir los distritos judiciales necesarios para cada circuito y realizar la asignación aleatoria de candidaturas, garantizando criterios de paridad y representación.

Las boletas electorales deberán identificar el Poder que postula a cada aspirante, señalar cuando se trate de personas juzgadoras en funciones y distinguir las especialidades judiciales correspondientes.

Durante la discusión del dictamen participaron las diputadas Frinné Azuara Yarzábal y Sara Rocha Medina, así como los diputados Carlos Artemio Arreola Mallol y Marco Antonio Gama Basarte.

Tras su aprobación por el Congreso potosino, la minuta será remitida al Senado de la República para continuar con el procedimiento constitucional correspondiente.

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José Roberto García explicó que cada una de las solicitudes será revisada de manera puntual para garantizar el cumplimiento de los requisitos

Por: Redacción

La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado dio cuenta de seis solicitudes presentadas por ayuntamientos que buscan obtener la aprobación para acceder a un crédito simple y financiamiento ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el propósito de destinar los recursos a obras de infraestructura básica y fortalecimiento de los servicios públicos.

Los expedientes que actualmente se encuentran bajo análisis corresponden a los municipios de Tampacán, San Ciro de Acosta, Rayón, Tamasopo, Santa Catarina y Vanegas.

El diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, explicó que cada una de las solicitudes será revisada de manera puntual para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar que los recursos económicos obtenidos, se orienten exclusivamente a proyectos que generen un beneficio directo para la población.

El legislador señaló que se deberá cumplir estrictamente el marco jurídico aplicable en materia de disciplina financiera, deuda pública y coordinación fiscal.

Entre los cambios están que el proceso electoral iniciará el 15 de noviembre del año previo a la jornada electoral, además de nuevas disposiciones para agilizar procedimientos internos

Por: Redacción

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó una serie de reformas a la Constitución Política y a la Ley Electoral de San Luis Potosí con el objetivo de modernizar y hacer más eficientes los procesos electorales, además de fortalecer la participación política de las mujeres mediante reglas permanentes de paridad y alternancia de género.

Durante la Sesión Ordinaria, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Carlos Artemio Arreola Mallol, destacó que las modificaciones consolidan mecanismos jurídicos para garantizar una mayor igualdad en cargos de elección popular, especialmente en la gubernatura y las presidencias municipales.

El legislador señaló que las reformas buscan “blindar jurídica y constitucionalmente” la participación efectiva de las mujeres, incorporando criterios claros de alternancia de género para futuras elecciones.

Entre los cambios aprobados destaca que el proceso electoral iniciará el 15 de noviembre del año previo a la jornada electoral, además de nuevas disposiciones para agilizar procedimientos internos, fortalecer la fiscalización de recursos públicos y modernizar el sistema de quejas y denuncias.

También se estableció la obligación de realizar al menos dos debates entre candidaturas a la gubernatura durante el periodo de campañas, así como debates obligatorios para presidencias municipales en los cinco municipios con mayor lista nominal del estado.

En materia de paridad, la reforma constitucional establece que los partidos políticos deberán aplicar la alternancia de género en la postulación a la gubernatura estatal, tomando como referencia el género de la candidatura presentada en la elección inmediata anterior.

Sin embargo, tras las observaciones realizadas por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, se determinó que para el proceso electoral de 2027 no existirá restricción de género en las candidaturas a la gubernatura, permitiendo a partidos y candidaturas independientes definir libremente sus postulaciones bajo el principio general de paridad.

La aplicación obligatoria de la alternancia de género comenzará a partir del proceso electoral 2032-2033, con reglas específicas para garantizar una implementación gradual y constitucionalmente sólida.

Las reformas también contemplan ajustes administrativos y financieros, incluyendo mayores obligaciones de transparencia en el uso de recursos públicos y nuevas reglas para las prerrogativas y sanciones de los partidos políticos.

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