Estado
Acuerdo de acueducto de Realito será definido con el gobierno entrante
El director de CEA, Alfonso Medica dio a conocer que la recisión del contrato con la empresa Aquos El Realito es solo una parte de la estrategia
Por: Redacción
En el caso del acueducto de la presa El Realito, será definida una estrategia jurídica conjunta con el gobierno entrante de Ricardo Gallardo Cardona, así lo reveló el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Jesús Alfonso Medina Salazar.
Además, el funcionario aclaró que la rescisión del contrato con la empresa Aquos El Realito es sólo una parte de dicha estrategia, pues reconoció que para rescindir, se debe garantizar que existirá la capacidad de operar el acueducto.
De momento, en opinión del funcionario, resulta conveniente mantener el contrato con Aquos “porque todas las reparaciones corren a costa de la concesionaria, además de que tenemos ahí un instrumento de penalización que ha redituado cerca de 70 millones, los cuales ayudan a Interapas”.
Finalmente, de la intención declarada por el alcalde electo de la capital, Enrique F. Galindo Ceballos, de privatizar Interapas para volverlo eficiente, Medina Salazar dijo que él le apuesta más a un esquema mixto en donde el Gobierno municipal conserve la mayoría del control, pero donde se puedan hacer, con ayuda de la Iniciativa Privada, las inversiones de más de mil millones de pesos que se requieren para sanear al organismo operador.
La iniciativa de Cuauhtli Badillo plantea incorporar el delito de ecocidio al Código Penal estatal, con multas de hasta 10 mil UMAs y sanciones mayores cuando haya daños en áreas naturales protegidas o participación de servidores públicos
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo Moreno presentó una iniciativa para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal de San Luis Potosí, con penas de seis a 14 años de prisión y multas de cinco mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando se provoquen daños graves, sustanciales o irreparables al medio ambiente.
La propuesta busca sancionar conductas que ocasionen la destrucción de ecosistemas, la alteración de sus funciones ecológicas, la afectación de especies endémicas o en peligro de extinción y la contaminación de cuerpos de agua o suelos con sustancias y residuos peligrosos.
De acuerdo con la iniciativa, se consideraría ecocidio la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie igual o mayor a 10 hectáreas, así como las afectaciones que alteren sustancialmente sus funciones ecológicas durante al menos cuatro meses continuos.
El proyecto también contempla sanciones para quienes dañen el hábitat de especies amenazadas o en peligro de extinción, cuando la afectación ponga en riesgo su supervivencia o su viabilidad genética y poblacional. Asimismo, incluye la contaminación de aguas superficiales, subterráneas, acuíferos o suelos mediante descargas o depósitos no autorizados de sustancias peligrosas.
Las penas podrían incrementarse hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa en áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, así como en zonas declaradas de restauración ecológica.
En caso de que un servidor público cometa, permita o encubra el ecocidio, con conocimiento de la ilegalidad o de la inminencia del daño, la iniciativa plantea aumentar las penas hasta en una mitad, además de su destitución e inhabilitación de 10 a 20 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La propuesta establece también que las personas físicas o jurídicas responsables estarían obligadas a la reparación integral del daño ambiental, con prioridad en la restitución y restauración de los ecosistemas afectados, independientemente de las sanciones penales y económicas.
Badillo Moreno argumentó que la falta de esta figura penal en la legislación local deja al medio ambiente vulnerable ante actividades de explotación que pueden ocasionar la pérdida de la riqueza biológica del estado.
La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado para su análisis.
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El gobierno municipal realiza trabajos de succión y mantenimiento de la red sanitaria; señala a Interapas por la falta de atención a problemas recurrentes
Por: Redacción
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos reforzó los trabajos preventivos en al menos 20 puntos con problemas de drenaje, encharcamientos y acumulación de aguas residuales, ante las lluvias y los riesgos sanitarios que representan para las familias.
José Luis Blanc Ramírez, director del Agua Municipal, informó que las cuadrillas realizan labores de succión, sondeo y revisión de la red sanitaria, con apoyo de una unidad Vactor para retirar aguas negras y pluviales en zonas con afectaciones recurrentes.
Entre los puntos atendidos se encuentran las calles 75 y 73, Andador Cedros, el fraccionamiento Umbral y Plaza Las Águilas, donde se busca reducir los encharcamientos y prevenir focos de infección derivados de la acumulación de aguas residuales.
El funcionario señaló que estas labores corresponden al organismo operador Interapas
Las cuadrillas también realizaron trabajos de mantenimiento y revisión en 16 de Septiembre, Antiguo Camino a Santa María, Julián de los Reyes, calle 87 y Jacinto Lárraga, entre otros sectores, para detectar obstrucciones y favorecer el desalojo de aguas residuales.
Blanc Ramírez indicó que el Ayuntamiento mantendrá las acciones preventivas y la atención a los reportes ciudadanos; sin embargo, advirtió que la succión de aguas residuales es una solución temporal y que corresponde a Interapas reparar y rehabilitar la infraestructura dañada.
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La competencia “Un Legado a la Nación” estaba programada para este domingo y contaba con más de mil participantes inscritos
Por: Redacción
El Congreso del Estado anunció la suspensión temporal de la carrera atlética “Un Legado a la Nación”, programada para este domingo 11 de octubre, luego de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí negara el permiso para realizarla.
Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso, informó que la decisión municipal impide llevar a cabo la competencia, organizada en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE).
De acuerdo con el boletín legislativo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal notificó mediante un oficio que no era posible autorizar la actividad ni asignar oficiales para su realización.
La suspensión afecta a más de mil personas inscritas, entre ellas niñas, niños, jóvenes, familias con mascotas y atletas de alto rendimiento que participarían en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.
Ante esta situación, Gámez Macías señaló que se realizarán las gestiones para reprogramar la carrera y buscar una nueva sede, con dos opciones sobre la mesa: el Parque Tangamanga I o el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El Congreso del Estado y el INPODE informarán posteriormente la nueva fecha, el horario y el lugar de la competencia.
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