Por: Haniel Valdés

Dos derrotas seguidas, ocho goles en contra y un solo objetivo por cumplir. El Atlético de San Luis Femenil llega a la última jornada del Apertura 2026 con la Liguilla al alcance, pero sin la tranquilidad con la que la tenía hace tres semanas, cuando se sabía tercero y con margen.

El golpe grande fue el del sábado 24 de octubre, en el Libertad Financiera. El América, el mejor equipo del torneo, ganó 7-0, con triplete de Geyse y goles de Montse Saldívar, Irene Guerrero (de penal) y Scarlett Camberos. Es difícil sacar conclusiones de un partido así, y más cuando San Luis se quedó con diez jugadoras antes del descanso por la expulsión de María Sánchez. Contra un rival de ese nivel, jugar con una menos es una sentencia, y el marcador habla más de eso que de lo que es este equipo.

Y en medio de esa tarde, una jugadora que mereció mejor suerte: Dayra Duarte. Con un equipo que tuvo 29% de posesión y que terminó el partido sin un solo disparo a puerta, la portera enfrentó 13 tiros al arco y atajó 6, varios de ellos pelotas que parecían gol cantado. Cuando un equipo recibe 35 remates, la portera es la que evita que el marcador sea todavía más duro, y en una goleada así rara vez se le reconoce.

La segunda derrota fue distinta y, en cierto modo, más preocupante. El lunes 2 de noviembre, en el Nou Camp, León ganó 1-0 en el partido pendiente de la jornada 13, con un disparo de zurda de Solange Lemos al minuto 4. San Luis tuvo la pelota y generó, con Enyerliannys Higuera y Amina Bello al frente, y al 54 Bello encabezó un contragolpe que terminó en un disparo de Michelle Gutiérrez, que la portera local rechazó. No fue una derrota de goleada, sino de las que se pierden por un gol temprano y por no encontrar el empate. Y León, ya sin posibilidades de Liguilla, no tenía nada que perder.

Lo que más pesa es que Higuera, la máxima goleadora de la historia del club, no apareció en el marcador en ninguno de los dos partidos y se quedó en 14 goles en el torneo. No es una crítica, es una realidad: cuando el equipo se queda sin su fuente de goles, el ataque se apaga.

Con esos resultados, San Luis suma 13 partidos jugados, 6 victorias, 1 empate y 6 derrotas, 19 puntos, y es tercero de su grupo. Atrás vienen Pumas (17 pts), Pachuca (16 pts) y Atlas (16 pts), por lo que el margen es corto. La cuenta es sencilla: si San Luis empata o gana, llega a 20 puntos y ya nadie puede alcanzarlo, porque Pachuca y Atlas llegarían, como máximo, a 19.

Y el examen de hoy es justo contra Pumas, con lo que sería la primera Liguilla en la historia del club en juego. El viernes 6 de noviembre, a las 17:00 horas, en Ciudad Universitaria, San Luis visita a un rival que también llega herido: en la jornada 13 cayó 6-0 ante Rayadas. Es un duelo directo, de esos que se resuelven con carácter más que con nombres, y San Luis no necesita jugar bien, necesita no perder.

Las últimas dos jornadas han sido duras, pero el equipo ya demostró en este torneo que sabe sobreponerse: tres partidos sin perder en octubre, una máxima goleadora histórica y dos porteras de nivel. Hoy toca demostrarlo otra vez, con la Liguilla de por medio.

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Araceli Martínez dijo que las concesiones se cancelarán cuando concluyan los procesos

Por: Redacción

Hay alrededor de 15 carpetas de investigación abiertas contra taxistas por la probable comisión de delitos, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Según la funcionaria, los casos tienen que ver con la posible participación de choferes en robos o en otros incidentes. Aclaró que no se puede saber si son responsables “hasta que no se acredite y se concluya la investigación”.

Las carpetas siguen en proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). Para integrarlas, la Fiscalía ha pedido a la SCT datos de los taxistas, como números económicos y domicilios.

Esta semana, la dependencia pidió una reunión con la fiscal María Manuela García Cázares

La secretaria adelantó que los expedientes terminarán con la cancelación de la concesión de los taxistas que resulten responsables “en el momento procesal oportuno”. “Sin duda así será”, afirmó.

En julio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que los choferes que entraran a la plataforma de taxis de la SCT pasarían exámenes de control y confianza.

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SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz

Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.

Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.

¿A quiénes alcanza?

La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.

Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.

¿Cómo se evaluará?

El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).

Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.

Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.

Las consecuencias no son menores.

Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.

Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.

El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses

¿Y qué sucede durante 2026?

El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.

El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.

La memoria de 2024 no puede borrarse.

Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.

Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.

La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.

El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.

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