Seguridad
Sara Rocha pide no politizar caso del hijo de Leticia Vázquez
La dirigente estatal del PRI afirmó que la investigación por el accidente fatal en Cerritos debe seguir su curso en la Fiscalía y rechazó adelantar juicios sobre presunto tráfico de influencias
Por: Redacción
Tras la imputación de Raúl N., hijo de la diputada local Leticia Vázquez, por el accidente ocurrido el 2 de agosto en la carretera libre Cerritos–Villa Juárez, la dirigente estatal del PRI, Sara Rocha, pidió que el caso no se convierta en un tema político y que la investigación continúe conforme a la ley.
La Fiscalía General del Estado confirmó que Raúl N. tiene el carácter de imputado dentro de la carpeta de investigación iniciada por el percance en el que una joven perdió la vida y otras personas resultaron lesionadas. La institución mantiene abiertas las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
Cuestionada sobre las exigencias de los familiares de la víctima, quienes han denunciado presuntas irregularidades y posible tráfico de influencias por tratarse del hijo de una diputada local y de un regidor, Rocha sostuvo que el proceso debe resolverse por la vía legal.
“Primero nuestra solidaridad con la familia. Yo creo que estos temas no nada más son tristes, son delicados de cómo se toquen”, afirmó.
La dirigente priista consideró que, con la información que conoce, el hecho corresponde a un accidente y señaló que corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones. “Yo creo que el tema debe llevarse conforme a la ley.
Rocha también rechazó respaldar las peticiones para destituir al regidor involucrado por parentesco con el imputado o para retirar del cargo a la presidenta municipal de Cerritos. Afirmó que no encuentra una relación directa entre el accidente y la administración municipal.
“No quisiera meter a un ayuntamiento en este tema que es un accidente”, declaró.
La dirigente insistió en que el fallecimiento de una joven obliga a que la Fiscalía actúe con rigor y transparencia, pero advirtió que el caso debe tratarse con sensibilidad hacia todas las familias afectadas.
El accidente ocurrió cuando un vehículo en el que viajaban varios jóvenes salió del camino sobre la carretera libre Cerritos–Villa Juárez. En el percance falleció una joven identificada como Liz, mientras que Raúl N. y otros ocupantes resultaron lesionados. Las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación.
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El gobierno municipal realiza trabajos de succión y mantenimiento de la red sanitaria; señala a Interapas por la falta de atención a problemas recurrentes
Por: Redacción
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos reforzó los trabajos preventivos en al menos 20 puntos con problemas de drenaje, encharcamientos y acumulación de aguas residuales, ante las lluvias y los riesgos sanitarios que representan para las familias.
José Luis Blanc Ramírez, director del Agua Municipal, informó que las cuadrillas realizan labores de succión, sondeo y revisión de la red sanitaria, con apoyo de una unidad Vactor para retirar aguas negras y pluviales en zonas con afectaciones recurrentes.
Entre los puntos atendidos se encuentran las calles 75 y 73, Andador Cedros, el fraccionamiento Umbral y Plaza Las Águilas, donde se busca reducir los encharcamientos y prevenir focos de infección derivados de la acumulación de aguas residuales.
El funcionario señaló que estas labores corresponden al organismo operador Interapas
Las cuadrillas también realizaron trabajos de mantenimiento y revisión en 16 de Septiembre, Antiguo Camino a Santa María, Julián de los Reyes, calle 87 y Jacinto Lárraga, entre otros sectores, para detectar obstrucciones y favorecer el desalojo de aguas residuales.
Blanc Ramírez indicó que el Ayuntamiento mantendrá las acciones preventivas y la atención a los reportes ciudadanos; sin embargo, advirtió que la succión de aguas residuales es una solución temporal y que corresponde a Interapas reparar y rehabilitar la infraestructura dañada.
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Ricardo Gallardo atribuyó la saturación a la detención de narcomenudistas, que hoy son casi ocho de cada 10 internos
Por: Redacción
Los penales de San Luis Potosí operan al 120 por ciento de su capacidad, reconoció Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, al responder sobre un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que reprueba a cuatro de los cinco centros penitenciarios del estado. Para el mandatario, la salida es construir un sexto penal.
“Lo que se llama reprobar no es un tema de reprobar, es un tema que ya no tienen capacidad de albergar más personas”, dijo. “Estamos en sobrepoblación, en todos los penales tenemos sobrepoblación”.
De acuerdo con el gobernador, casi el 80 por ciento de esa población son narcomenudistas, personas detenidas por vender sustancias prohibidas en las calles. Antes, explicó, salían en 72 horas; con los cambios hechos con el Poder Judicial, ahora permanecen detenidas.
“Prácticamente se están limpiando las calles, pero ahora el fortalecimiento se tiene que dar en los penales”, señaló.
Cuestionado sobre si la solución es un nuevo centro, r espondió: “La solución es un sexto penal, sin lugar a dudas”. Al preguntarle si estaría para 2027, contestó que sí: “Eso se tiene que hacer”.
Agregó que el Estado ha trasladado a más de 100 internos a penales federales, con envíos de 20 personas cada tres o cuatro meses.
Gallardo vinculó la sobrepoblación con el ritmo de detenciones de la Guardia Civil Estatal, que, según dijo, detiene cada semana entre 80 y 90 narcomenudistas en las cuatro zonas del estado, contra cinco o seis de los municipios. “Prácticamente no es nada lo que se detiene a nivel municipal”, afirmó. Las policías municipales, a su juicio, tendrían que ayudar en ese trabajo en las calles.
Los cinco centros penitenciarios dependen de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Dirección General de Prevención y Rehabilitación Social.
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El INEGI señala que la Fiscalía potosina no proporcionó información sobre su número de agentes, peritos y policías ministeriales
Por: Ana G Silva
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cerró 2025 con 50 mil 201 procedimientos pendientes de concluir dentro de carpetas de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El rezago se acumuló mientras la Fiscalía registró durante el año 60 mil 59 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 12 mil 58 tenían una persona imputada y 48 mil una no identificada como imputada.
En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 67 mil 191 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación inicial y otras 6 mil 384 correspondientes a investigación complementaria. Sin embargo, al cierre del año permanecían pendientes 50 mil 201 procedimientos entre ambas etapas.
El dato no significa que 50 mil 201 de las carpetas abiertas durante 2025 hayan quedado sin resolver, pues el propio INEGI aclara que tanto las determinaciones como los procedimientos pendientes pueden corresponder a investigaciones iniciadas durante ese año o en ejercicios anteriores.
La cifra refleja, en cambio, el volumen de procedimientos de investigación que permanecían abiertos al finalizar 2025, tanto en la etapa inicial como en la complementaria.
También aumenta el rezago de órdenes judiciales
La carga de trabajo de la Fiscalía también se refleja en las órdenes judiciales.
Al comenzar 2025, San Luis Potosí tenía mil 440 órdenes judiciales
Esto representa un incremento de 170 órdenes pendientes respecto al inicio del año.
El INEGI considera dentro de este apartado órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras, tanto del sistema penal para personas adultas como del sistema de justicia para adolescentes.
La Fiscalía tampoco reportó cuántos agentes tiene
El Censo deja además un vacío para dimensionar con qué capacidad humana se enfrenta este volumen de investigaciones.
El INEGI señala expresamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre las personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas y personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales.
Esto impide establecer, a partir de este Censo, cuántos agentes del Ministerio Público, peritos o policías investigadores tiene la Fiscalía para atender las investigaciones que permanecían pendientes al terminar el año.
El dato resulta relevante porque, mientras el registro estadístico permite conocer el tamaño del rezago, no permite relacionarlo con la cantidad de personal encargado de atenderlo en San Luis Potosí.
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