Francisco Javier Ruiz aseguró que no fue detenido ni enfrenta cargos por narcotráfico o acopio de armas y  las versiones difundidas son falsas. Emprendió acciones legales por daño moral contra tres comunicadores.

Por: Redacción 

El empresario Francisco Javier Ruiz Rodríguez negó categóricamente haber sido detenido o vinculado a delitos federales, luego del cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en su domicilio del Club de Golf La Loma el pasado 31 de julio, donde —según versiones periodísticas— se habrían encontrado armas, drogas y un supuesto búnker.

Acompañado de su abogado, Rodríguez ofreció una rueda de prensa para aclarar su situación jurídica y anunció la presentación de denuncias civiles y penales por daño moral en contra de tres periodistas locales que —dijo— difundieron información falsa.

“Todas esas publicaciones son evidentemente falsas. Ya presentamos formalmente las demandas y una denuncia penal en su contra. Causaron daños de imposible reparación a mi representado”, señaló su abogado.
Rodríguez explicó que la intervención de la FGR se originó por una denuncia de carácter familiar, que fue “malinterpretada y ventilada de forma dolosa” hasta derivar en un operativo desproporcionado.

“Fue una denuncia familiar falsa que afectó a mi familia, a mis empresas y a la gente que trabaja conmigo. Catearon incluso la casa de mis hijos”, sostuvo el empresario.

El abogado cuestionó la actuación de la autoridad federal:
“No entendemos cómo, a partir de un asunto doméstico, se deriva un cateo como si fuera un caso de delincuencia organizada. Si hubiera existido algo ilegal, mi cliente no estaría en libertad.”

Rodríguez puntualizó que nunca fue detenido, sino únicamente presentado para rendir declaraciones y que posteriormente se retiró libremente del lugar.
“De hecho, no fui detenido, salí caminando de la oficina. Estoy tranquilo, aunque incómodo por todo lo que se ha dicho.”

El empresario también rechazó las versiones que lo vinculan con funcionarios del actual gobierno estatal:
“Intentan relacionarme con el gobernador y el secretario general de Gobierno como si fuéramos amigos o compadres. Los he visto dos veces: una cuando les presenté un proyecto de drones, y otra cuando mostré una plataforma tecnológica para el 911. Nada más.”
Sobre las denuncias contra los comunicadores, el abogado precisó que se procederá por daño moral, daños y perjuicios, además de falsedad de declaraciones, con la expectativa de que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, Rodríguez insistió en que confía en la justicia y que su defensa está enfocada en demostrar que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

“Estamos tranquilos. Todo lo que se dijo fue falso. Que los tribunales hagan su trabajo y se restablezca la verdad.”

El secretario General, René Oyarvide Ibarra, explicó que la convocatoria fue autorizada por el Concejo Municipal

Por: Redacción

Villa de Pozos informó que el proceso para la designación de la persona que será comisionada municipal de derechos humanos se desarrolla en tiempo y forma, bajo la conducción de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, encabezada por la Concejal Regidora Mónica López Villagrán.

El secretario General, René Oyarvide Ibarra, explicó que la convocatoria fue autorizada por el Concejo Municipal y publicada tanto en medios locales como en el Periódico Oficial del Estado y destacó que siete aspirantes presentaron la documentación requerida dentro del plazo establecido, cuya fecha límite fue el pasado 18 de septiembre.

Precisó que la Secretaría General fue la encargada de recibir las solicitudes y expedientes, mismos que fueron turnados a la Comisión de Participación Ciudadana y Derechos Humanos para su revisión y análisis.

Oyarvide Ibarra señaló que la comisión llevará a cabo la evaluación de los planteamientos y posturas de aspirantes, para posteriormente someter la decisión a votación y una vez dictaminado, el nombramiento será autorizado en una sesión solemne del Concejo Municipal de Villa de Pozos, para asegurar así un proceso transparente y con apego a la normativa.

Durante la jornada, personal inspeccionó un total de 36 establecimientos, de los cuales ocho fueron clausurados de manera inmediata

Por: Redacción

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) participó en un operativo interinstitucional de supervisión en centros nocturnos, bares y discotecas de la zona metropolitana de San Luis Potosí, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad en favor de la población. En estas acciones se contó con la colaboración de la Dirección de Gobernación, la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Durante la jornada, personal inspeccionó un total de 36 establecimientos, de los cuales ocho fueron clausurados de manera inmediata al detectarse que no cumplían con las medidas mínimas indispensables en materia de protección civil.

La dependencia Estatal reiteró que continuará implementando estos operativos de vigilancia, en coordinación con diversas autoridades, con el propósito de garantizar que todos los espacios de convivencia nocturna funcionen bajo estricto apego a la Ley de Protección Civil y salvaguarden la integridad de clientes y empleados.