El Ejecutivo federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares

Por: Roberto Mendoza

En una jornada maratónica, el Senado aprobó por unanimidad, en una primera sesión matutina, con 123 votos a favor, la reforma al artículo 28 de la Constitución Política, que declara al sistema ferroviario como un área prioritaria para el desarrollo de México. La modificación, que adiciona un párrafo quinto al mismo artículo, tiene como objetivo impulsar el transporte de pasajeros por tren.

Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, refuerza el control estatal sobre este transporte. Con ella, se establece que los 18 mil kilómetros de vías férreas podrán ser utilizados por entidades públicas, devolviendo al Estado la gestión de este recurso para la conectividad nacional.

Más tarde, alrededor de las seis de la tarde, comenzó otra discusión que se extendió por casi seis horas. Finalmente, con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, el Senado aprobó las reformas constitucionales que fortalecen las capacidades del Estado en áreas estratégicas como el sector energético, el servicio de internet y el aprovechamiento del litio.

El proyecto de decreto modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el propósito de garantizar la seguridad y autosuficiencia energética del país, y asegurar el acceso a electricidad a precios más bajos para la población. Una de las principales modificaciones es la eliminación del concepto de “empresas productivas del Estado”, que será reemplazado por “empresas públicas del Estado”.

Estas reformas precisan que no constituirán monopolios las funciones exclusivas del Estado en áreas como la explotación del litio y la provisión del servicio de internet. Asimismo, se destaca que el Estado tendrá la responsabilidad de planear y controlar el sistema eléctrico nacional con el fin de preservar la seguridad energética y garantizar electricidad accesible para todos.

Además, se aclara que aunque los particulares podrán participar en algunas actividades de la industria eléctrica, en ningún caso tendrán prevalencia sobre las empresas públicas del Estado, cuyo principal objetivo será cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad del servicio.

La discusión de estas reformas estuvo marcada por fuertes divisiones entre la mayoría oficialista y la oposición. Mientras la oposición intentó sin éxito modificar el dictamen, la mayoría utilizó su ventaja numérica para aprobar las leyes sin cambios, repitiendo un patrón de sesiones nocturnas y prolongadas donde las posturas de ambos bloques son irreconciliables.

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