México
García Luna Acusa a AMLO de Vínculos con el Narco
López Obrador ya había enviado una carta al abogado de García Luna, donde reclama haberlo involucrado en el presunto trasiego de recursos
Por Roberto Mendoza
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, rompió el silencio que había mantenido desde su detención en 2019 y defendió su inocencia. En una misiva, García Luna asegura que permanece detenido en condiciones infrahumanas y denuncia que fue condenado a partir de evidencias falsas proporcionadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
García Luna sostiene que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada pone en evidencia los vínculos entre el narco y la Administración de López Obrador, así como la controvertida reforma judicial impulsada por el presidente. “Mi honor está intacto. Yo no he cometido ningún delito”, afirmó.
La carta de cuatro páginas aparece tres semanas antes de la audiencia de sentencia contra el exsecretario, prevista para el 9 de octubre en la Corte del Distrito Este de Nueva York. García Luna se enfrenta a una condena de entre 20 años y cadena perpetua en prisión por colaborar con el Cartel de Sinaloa.
García Luna asegura que su juicio en Nueva York fue una represalia tras negarse a colaborar y convertirse en testigo protegido a cambio de una pena reducida de seis meses. También acusó que fue segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma y que le asignaron compañeros de celda que lo grabaron por más de 2.000 horas tratando de involucrarlo con el narcotráfico o algún delito.
Cabe destacar que López Obrador ya había enviado una carta al abogado de García Luna, César de Castro, donde reclama haberlo involucrado en el presunto trasiego de recursos sin prueba alguna.
México
Cámara de Diputados aprueba extinción de Organismos Autónomos
El diputado José Luis Fernández destacó eficiencia y continuidad en funciones tras extinción de organismos autónomos
Por: Roberto Mendoza
Con 347 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones, alcanzando la mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica. La reforma propone reestructurar la administración pública, priorizando la eficiencia, austeridad y centralización de funciones mediante la desaparición de siete organismos autónomos y la redistribución de sus facultades entre dependencias del Ejecutivo federal.
Los organismos afectados son:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Las responsabilidades del INAI pasarán a la Secretaría de la Función Pública, mientras que las tareas de CONEVAL se integrarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, las funciones educativas de MEJOREDU se transferirán a la Secretaría de Educación Pública. El dictamen establece que los ahorros derivados de esta reforma se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se respetarán los derechos laborales del personal afectado, quienes serán reubicados en las nuevas dependencias responsables.
El diputado federal por San Luis Potosí, José Luis Fernández Martínez , destacó en entrevista exclusiva para La Orquesta que la reforma busca garantizar la continuidad de las funciones de los organismos extintos sin duplicar esfuerzos ni incrementar la burocracia: “La aprobación de este dictamen no quiere decir que las funciones de estos órganos vayan a desaparecer. Por ejemplo, en el caso del INAI, el Sistema Nacional de Información seguirá vigente y sus funciones estarán en la Secretaría Anticorrupción. Los ciudadanos tendrán garantizado el acceso a la información que requieran”, explicó.
Fernández Martínez aseguró que la redistribución de funciones será más eficiente, “otros organismos, como el INEGI, absorberán funciones. El INEGI tiene toda la capacidad y experiencia para generar estadísticas sobre pobreza. Creo que hay que dar el voto de confianza. Estamos viviendo nuevas formas en el país, es un régimen distinto a lo que hemos vivido. El pueblo se manifestó en ese sentido y eso es lo que estamos construyendo”.
Cuestionado sobre si esta reforma podría complicar el acceso a la información pública, el diputado federal respondió: “Al contrario, la burocracia va a tender a disminuir. Estos espacios eran de cuotas políticas, entregados para acomodar a los cuates. No se pensaba en el beneficio de la gente, sino en dónde acomodar a un compadre o al amigo del contrario político para llegar a acuerdos. De esto está harto el pueblo de México. Con esta ley vamos a garantizar que los ciudadanos tengan información y una condición inmejorable en estos temas”.
Sobre las críticas que señalan que esta reforma es una venganza política, Fernández Martínez rechazó esa interpretación: “Los argumentos de la oposición no son sólidos, incluso son irresponsables. Si eres un inversionista extranjero y lees las declaraciones de la oposición, evidentemente habría alarma. La verdad es que estamos recuperando la soberanía del Estado, que sea el rector de las políticas y decisiones que se toman en el país. Creemos que tenemos un buen gobierno, y los resultados son muy buenos para el pueblo de México”.
Finalmente, sobre el impacto en San Luis, el legislador afirmó: “Formamos parte del pacto federal. Con el trabajo de las y los potosinos se pagan los sueldos de estas personas que no tienen nada que hacer en este nuevo esquema porque duplican funciones. Al quitarlos, no solo San Luis Potosí se verá beneficiado, sino todo el país”.
Por su parte, el diputado Elías Lixa, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, expresó su rechazo a la reforma y señaló que centralizar las facultades de estos órganos pone en riesgo la transparencia y los derechos ciudadanos. “Están distribuyendo las facultades de estos órganos para dárselas a sí mismos desde el gobierno y controlar la información, lo cual es muy grave. Esta mayoría no escucha a nadie. Estos organismos eran un logro de los ciudadanos, y ¿quién es el interesado en que no exista información? Quien tiene cosas que ocultar”, señaló en entrevista exclusiva para La Orquesta.
Lixa agregó que la desaparición de estos entes autónomos responde a una represalia por los casos de corrupción destapados por instituciones como el INAI: “Gracias al INAI supimos, entre otros casos, del desvío multimillonario de SEGALMEX. Esto es una venganza contra este órgano que dio a conocer esa información. Además, desaparecen CONEVAL, que mide los avances de las políticas públicas en materia de combate a la pobreza. Si no se mide, no se puede evaluar ni mejorar. El gobierno quiere controlar todo, y será entonces un gobierno mediocre, que busca solo aplausos dentro de sus propias filas”.
Al ser cuestionado sobre algún posible beneficio en esta reforma, Lixa fue enfático: “No puede haber nada positivo en quitarle facultades a órganos técnicos y darle el control absoluto al gobierno a costa del derecho de los ciudadanos. Esto es un retroceso para México”. Hoy en la discusión en lo particular se analizarán propuestas de modificación, entre ellas la creación de dos organismos descentralizados que asumirán las funciones del IFT y la Cofece.
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Destacadas
Buscan en Tabasco a socio facturero de Sánchez Zumaya
La Fiscalía de aquel estado emitió una ficha de búsqueda para encontrar a David Ignacio Olivares, de 26 años, por lavado de dinero
Por: Redacción
Trascendió que uno de los socios factureros de Gerardo Sánchez Zumaya y que aparece en la red juvenil de lavado de dinero publicada por el diario Reforma se encuentra desaparecido.
Se trata de David Ignacio Olivares Zúñiga, de 26 años de edad, quien forma parte del grupo de conocidos de Gerardo Sánchez Zumaya, acusado de lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos con PEMEX y que se encuentra desaparecido desde el pasado mes de marzo.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió una ficha de búsqueda en la que detalla que el pasado 20 de marzo, el socio de Sánchez Zumaya salió de un domicilio en el centro de Villahermosa a bordo de su auto Beat, Chevrolet y no se le volvió a ver.
Cabe mencionar que la investigación del diario Reforma apunta que Olivares Zúñiga emitió 379 comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) con los que, en conjunto con otros socios factureros menores de 30 años con empresas “especializadas” en productos petroquímicos ayudaron a Gerardo Sánchez Zumaya ha logrado encubrir 15 mil millones de pesos.
A la fecha, el joven de 26 años no ha sido localizado cómo tampoco su “socio” Gerardo Sánchez Zumaya se ha pronunciado en sus redes sociales para pedir a la ciudadanía por su localización.
También lee: Fiscalía del Estado también debe investigar a Sánchez Zumaya: Hector Serrano
México
Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos
Secretaría General de Gobierno participa en la Tercera Sesión de la Agenda Nacional de Derechos Humanos para exponer los avances del Estado
Por: Redacción
El Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, se suma a las acciones por el respeto y promoción de los derechos humanos y, junto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, trabajará para articular esfuerzos y asegurar el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos.
Lo anterior lo afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez al acudir a la reunión convocada por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, donde expuso los resultados de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), a través del incremento en su plantilla de profesionales en antropología, arqueología, genética y en la búsqueda o localización de personas y contar con el segundo centro especializado para la identificación de personas del país y un proyecto de un centro de resguardo de cuerpos.
En la reunión de carácter nacional, el funcionario estatal habló con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Gobernación César Yáñez Centeno, con quienes abordó temas relevantes para San Luis Potosí y expresó el agradecimiento al Gobierno de la República por la solidaridad en el fortalecimiento de instituciones como la CEBP, que tiene una efectividad del 80 por ciento en sus procesos de búsqueda.
Sobre los temas que dará seguimiento a nivel nacional, Torres Sánchez, habló de un modelo de atención municipal a grupos prioritarios a fin de garantizarles sus derechos mediante el trabajo conjunto y reconstruir el tejido social.
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