APUNTES

 

Es ilegal publicar su nombre completo pero todos lo sabemos, es el hijo de la familia Fernández Montiel. Es Alejandro, el homenajeado con la Presea Plan de San Luis y el reconocimiento de “Potosino Distinguido”. Es el hermano de hermanos poderosos, el vinculado a grandes fortunas y autoridades circulantes en el ámbito de la opinión pública.

También es miembro de una sociedad que le creyó por décadas su disfraz de filántropo, prestigio que lo cubrió como cal a una tumba putrefacta.

En octubre del 2019, fecha en que fue detenido, se escarbó entre sus obscuros escombros, fue denunciado y posteriormente sentenciado a doce años de prisión por violación agravada, pues de acuerdo a su juicio (mismo que se retrasó en más de dos ocasiones), Alejandro “N” habría violentado en múltiples ocasiones de un menor de edad que estaba bajo su “cuidado”.

El caso de Alejandro, en sus inicios, causó controversia y hasta solidaridad de la clase más alta de la sociedad potosina. Sin embargo, éste se fue derruyendo en cada etapa de su proceso en el que expertos en materia psicológica, médica y tecnológica (fundamental fue el peritaje a su teléfono celular y otros dispositivos por el que se ponía en contacto con la víctima).

El colchón con sangre de la víctima y semen del victimario encontrado en la propia oficina del hoy encarcelado (disculpe Culto Público, pero a las cosas hay que llamarles por su nombre) no fue admitido como prueba. Por alguna razón inexplicable, la entonces defensa de Alejandro logró desacreditar la prueba, no obstante fue ratificada su sentencia el 14 de diciembre del 2023 cuando la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia confirmó su condena.

El ex funcionario del DIF estatal, a cargo de los albergues para los menores más desprotegidos del estado y en situaciones verdaderamente perturbadoras, fue quien de poco a poco y de cita en cita, sacaba a su víctima para convivir en solitario.

Bueno, pues el ex funcionario, ese personaje galardonado, ese preso sentenciado, a cinco años de su aprehensión y a menos de la mitad de su condena podría salir libre.

A las manos de quien esto escribe, llegó una copia (que fue previamente corroborada) de un oficio en el que se da cuenta a la Sala del Supremo Tribunal de Justicia, la interposición de un amparo directo promovido por el acusado.

Este oficio, fechado el 4 de junio de este año pero dado por visto a las partes y hecho público hasta la semana pasada de este mes de agosto, se interpone en contra de su sentencia; es decir, que de proceder, se convertiría en la puerta de salida para el sentenciado.

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Por el momento, y hasta que no se resuelva de manera definitiva el instrumento legal, se mantienen las cosas en el “estado procesal que guardan”. Es decir, que Alejandro N. Seguirá en prisión, pero no por mucho tiempo.

¿Por qué me animo a decir que no por mucho tiempo?

Le explico a mi Culto Público: a partir de tener en mi poder el oficio, me di a la tarea de rastrear e investigar justamente el “estado que guardan las cosas” y esas cosas de plano se podrían definir como un acto de vileza, abuso y corrupción.

Al día de hoy, la víctima no tiene defensa y parece no querer tenerla. Por alguna razón (no me imagino cuál pero se me viene a la mente una avalancha de signos de pesos) la propia familia de la víctima se ha alejado de sus abogados,

no les han dado mayor información de los procedimientos y se podría decir que abandonaron el caso.

De la víctima no se sabe absolutamente nada e incluso hay quien asegura que cansado del asunto, con una vida interna y externa hecha pedazos, ha decidido continuar su camino dejando todo el asunto atrás.

Respecto a la defensa de Fernández Montiel, también pude saber que ha cambiado. Ya no son los abogados que iniciaron su juicio los que hoy lo representan, ni Marco Polo ni Rafael Aguilar llevan el caso.

Al parecer hay un abogado “muy reconocido” de San Luis Potosí (que no pude saber de quién se trata) y es el que lleva veladamente el asunto a través de pasantes y abogados de su despacho.

Su estrategia ha sido la de “convencer” a billetazos a la familia de la víctima, es decir, aprovecharse de su necesidad, de su cansancio, de su sufrimiento, para que con algo de pan y lentejas calientes, el hombre que abusó de su hijo (como lo dijo el juez y no yo, para que no empiecen de violentos contra el mensajero los miembros de su familia) quede en libertad y siga su vida fuera de la cárcel y gozando de todos sus privilegios.

Ese es el estado verdadero que guardan las cosas.

Aparentemente así está de desequilibrada la balanza de la ciega Justicia en nuestro SLP.

Es este caso, como muchos otros incluso más graves pero que no son conocidos, los que deberían poner en cuestión la necesidad de reformar el sistema de justicia o dejarlo como está.

Este es un caso de corrupción agravada y desalmada, corromper el alma misma de una familia aprovechándose de sus necesidades más básicas. Es poner un bolillo con lentejas para que su voz que pide justicia esté ocupada comiendo.

Quizás, y muy pero muy tristemente en el caso de Alejandro N, van a ganar los billetes y la inmoralidad, a la justicia. Sin embargo, toda una fortuna en generaciones, no podrán comprar nuevamente la decencia, ni habrá suficiente oro que le permita al hoy probadamente culpable (por un juez y no por la opinión pública ni los periodistas que hemos dado seguimiento al caso) volver a andar por la calle con la cabeza en alto.

Estará este aprendiz de reportero, al pendiente de lo que ocurra en los próximos días.

Por hoy es todo para mi querido y Culto Público. Los destapes madrugadores rumbo al 2027 pueden esperar para la próxima entrega.

Atentamente

Jorge Saldaña

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