El diputado Cuauhtli Badillo afirmó que fue una decisión de la Jucopo, por sugerencia del alcalde Navarro Muñiz; podría retomarse a finales de abril

Por: Bernardo Vera

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de San Luis Potosí, decidió posponer la sesión itinerante a realizarse este próximo lunes 14 de abril, en el Centro Cultural “Doroteo Arango” del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Directiva en el Congreso local, expuso que apenas fue notificado de esta situación, la cual fue derivada por solicitud del presidente municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz.

“A petición de algunos compañeros se va a reagendar la visita,

para contar con mejores condiciones, contar con algunos temas que tenemos que trabajar o que se van a poder trabajar precisamente en el municipio de Soledad”, externó.

Afirmó que esto no implica la cancelación de la sesión, misma que podría retomarse hasta el 28 de abril, una vez que se lleve a cabo la sesión en Tamazunchale, y se regrese a la capital potosina.

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Tras señalamientos de violencia de género y sanciones electorales, diputados locales lograron que Salvador López y Rosa María Huerta se dieran la mano

Por: Redacción

A través de la intervención del Congreso del Estado, se logró un acuerdo político entre regidores del Ayuntamiento de Rioverde, con el objetivo de superar diferencias internas y garantizar la gobernabilidad del municipio. El anuncio fue realizado por los diputados Leticia Vázquez (del Partido del Trabajo) y Marco Antonio Gama (de Movimiento Ciudadano), quienes celebraron el acercamiento entre regidores de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras semanas de tensión política e institucional.

En conferencia de prensa, los legisladores dieron a conocer que los regidores de MC, Salvador López, Mariana Díaz Castillo, Elisa Mendoza Tovar y J. Concepción Neri, alcanzaron un acuerdo con la regidora del PVEM, Rosa María Huerta. Ambas partes se comprometieron a dejar atrás las diferencias políticas y priorizar el trabajo institucional. “Los desacuerdos al inicio de las administraciones son naturales, pero nuestra labor es ayudar a mantener la gobernabilidad”, señaló la diputada Vázquez.

Por su parte, el diputado Gama aseguró que el tema surgió desde el pasado Congreso Itinerante, y que se ha logrado resolver en el corto plazo. Durante el encuentro, Salvador López y Rosa María Huerta se dieron la mano, como muestra del nuevo compromiso institucional. La regidora Mariana Díaz añadió que habrá espacio para el debate, pero con respeto y responsabilidad.

Sin embargo, este acuerdo ocurre en un complejo contexto legal y social, ya que Salvador López fue denunciado por violencia política en razón de género por Rosa María Huerta, lo que derivó en medidas de protección emitidas el pasado 12 de septiembre de 2024 por el Juzgado Primero de lo Familiar en Rioverde.

Huerta acusó que durante la campaña electoral y el día de la elección, recibió mensajes despectivos y fue agredida verbalmente por López. Posteriormente, denunció actos de acoso en redes sociales y agresiones simbólicas, como el lanzamiento de huevos a su domicilio y prácticas intimidatorias que calificó como brujería.

“No me va a intimidar. Tengo todo documentado con fotografías”, declaró la regidora, quien también presentó una segunda demanda por revictimización.

Estas medidas legales impidieron que Salvador López tome protesta como regidor, ya que tiene prohibido acercarse al lugar de trabajo de la regidora, es decir, la presidencia municipal. López ha argumentado que esta situación vulnera sus derechos político-electorales y ha intentado presentar pruebas en redes sociales para desmentir las acusaciones.

En paralelo, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa de 10 mil 800 pesos para cada integrante del Cabildo de Rioverde, por no tomar protesta a Salvador López en el plazo establecido. El fallo, emitido el pasado 23 de enero, ratificó la sanción impuesta previamente por el Tribunal Estatal Electoral, señalando que el incumplimiento fue parcial e injustificado, aun cuando algunos regidores consideraron haber actuado conforme a lo ordenado.

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La diputada Leticia Vázquez Hernández presentó la iniciativa para sancionar acciones de propaganda a favor del crimen organizado

Por: Redacción

La diputada María Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar las acciones de propaganda a favor del crimen organizado, con cárcel de dos a seis años y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización.

El artículo 168 Ter sanciona “al que realice amenazas o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden, a través de imágenes o escritos plasmados en mantas, cartulinas, lonas, cartón o por cualquier medio físico o electrónico, entendiéndose como medios electrónicos, cualquier plataforma digital, red social digital o cualquier medio de información digital, tratándose de material alusivo al crimen organizado”.

También habrá penas similares a aquél que elabore, fabrique, imprima, proporcione, desplace, traslade, aplique, coloque o tenga en su posesión, cualquier escrito señalado anteriormente; este delito será perseguido por oficio.

La legisladora Vázquez Hernández dijo que es importante generar políticas públicas para evitar que los ciudadanos modifiquen su estilo de vida, que puedan desarrollarse de manera integral teniendo la garantía de que la seguridad pública es una preocupación constante para la Legislatura.

Los mensajes de la delincuencia organizada son presentados de múltiples formas, en cualquier material que utilicen para exponer amenazas a la sociedad y a sus rivales, para infundir miedo en la sociedad,

generar un terror colectivo que conlleve a las personas o autoridades implicadas a ceder para evitar la psicosis colectiva generada.

Añadió que San Luis por su cercanía con Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, está logísticamente ubicado para el traslado de grupos delictivos, lo que genera repercusiones y consecuencias en la entidad, pues a pesar de las acciones implementadas por el Ejecutivo estatal en coordinación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, crecen las tasas delictivas.

La iniciativa es parte de las acciones que se deben implementar para erradicar la cultura de las amenazas, sancionar a quien atente contra la paz y la seguridad de los ciudadanos, porque eso impide el desarrollo integral de las familias y que puedan disfrutar la libertad a plenitud, expuso la diputada María Leticia Vázquez.

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