En el caso de los Polos del Bienestar que están a cargo de la Secretaría de Marina, tendrán reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Por: Redacción

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó que, como parte del Plan México, están en marcha 11 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), se han aprobado 14, y cuatro más están en proceso de evaluación con el objetivo de generar Prosperidad Compartida para todas y todos los mexicanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los Polos para el Bienestar, así como sus incentivos, que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), impulsan la inversión ordenada y con la finalidad de que se genere más bienestar, ya que el modelo de la economía moral de la Cuarta Transformación ha demostrado que al país le va mejor cuando se atiende primero a los que menos tienen.

Explicó que los incentivos que se darán a quienes inviertan en los Polos para el Bienestar son para promover inversiones en maquinaria y equipo: deducción inmediata del 100 por ciento de inversión en activos fijos nuevos; para fomentar programas de capacitación dual: deducción adicional del 25 por ciento en programas de capacitación; y para impulsar la innovación: apoyar iniciativas de investigación y desarrollo con deducción adicional del 25 por ciento.
Además de concesión de predios federales, estatales y municipales. En el caso de los Polos del Bienestar que están a cargo de la Secretaría de Marina, tendrán reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), asimismo el Polo del Bienestar ubicado en Tapachula tendrá los mismos incentivos que se aplican en la frontera norte.

Añadió que los Polos para el Bienestar estarán cercanos a viviendas, escuelas, servicios de atención a la salud y más en beneficio de las trabajadoras y trabajadores de estos parques industriales.

El legislador aseguró que el gobierno federal está consciente de las prioridades y los riesgos que enfrenta el país

Por: Roberto Mendoza

 

El diputado federal de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario, se reunió, en las instalaciones de la Cámara, con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para abordar temas clave para la agenda nacional.

Monreal calificó el encuentro como directo y productivo, señalando que se trataron asuntos delicados como migración, inseguridad, el proceso electoral en curso y hechos recientes de violencia, incluidos dos homicidios ocurridos días atrás en la Ciudad de México.

“Se avizora entendimiento, se avizora acuerdo en leyes como la de desaparición forzada o desaparición de personas, en leyes como la de radiodifusión y telecomunicación, en leyes como las de la seguridad, que están pendientes en toda la agenda del periodo extraordinario”, afirmó.

Según Monreal, la secretaria Rodríguez Velázquez manifestó su disposición al diálogo y a construir una relación fructífera entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

En cuanto a la situación previa a las elecciones y las recientes tensiones con Estados Unidos, el legislador aseguró que el gobierno federal está consciente de las prioridades y los riesgos que enfrenta el país. “No hay improvisación, hay una actitud de previsión y de preparación a cualquier eventualidad”, puntualizó.

Esta condena penal por desvío de recursos se suma a la que recibió en octubre de 2024 por 38 años de prisión

Por Roberto Mendoza

Una corte civil del condado de Miami-Dade, en Florida, dictó este jueves una sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, condenandolos a pagar 2,488 millones de dólares por su responsabilidad en un esquema de corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza Lisa Walsh, García Luna deberá cubrir un monto de 748 millones 829 mil 626 dólares, mientras que Pereyra fue condenada a pagar 1,740 millones 540 mil dólares. La sentencia deriva de una demanda civil presentada en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Durante su gestión como servidor público, García Luna habría facilitado contratos gubernamentales irregulares

por más de 250 millones de dólares a través de sus empresas vinculadas. Posteriormente, los fondos fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos con la finalidad de ocultar su origen ilícito.

Las investigaciones apuntan a que estos recursos fueron utilizados para adquirir diversos bienes inmuebles en el estado de Florida. Las propiedades fueron decomisadas, vendidas por las autoridades estadounidenses y los ingresos transferidos al gobierno mexicano como parte del proceso de restitución.

Este fallo se suma a la condena penal que García Luna recibió en octubre de 2024, cuando un tribunal de Nueva York lo sentenció a 38 años de prisión tras ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

La UIF ha confirmado que continuará las acciones legales correspondientes para garantizar la recuperación integral de los recursos desviados y perseguir a los responsables del entramado financiero ilegal que operó durante el sexenio de Felipe Calderón.

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