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Artículo 19 emitió alerta por amenazas contra periodistas en Ciudad Valles
Samuel Roa, director de Emsavalles, encontró una hielera con dos cabezas y una caña de azúcar al exterior de su domicilio
Por: Redacción
Article 19, organización independiente pro derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, emitió una alerta debido a las amenazas sufridas por Samuel Roa Botello, director del portal Emsavalles, en las que una hielera con dos cabezas de cerdo y una caña de azúcar fue dejada al exterior de su casa en el municipio de Ciudad Valles.
El periodista dio a conocer que, el lunes 9 de enero, identificó el contenedor con los restos animales, por lo que alertó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí y presentó una denuncia ante Fiscalía.
Samuel Roa dijo que desde la última semana de diciembre de 2022 y los primeros días de enero del 2023, el portal informativo publicó una serie de reportajes sobre el sector cañero en la Huasteca Potosina, en donde se enfocaron en el actuar de grupos criminales que explotan a los productores, les exigen cuotas o los amenazan con actos de violencia física, levantamientos o, incluso, desapariciones.
Artículo 19 detalló que el periodista comentó que no es la primera vez que él y el medio de comunicación recibe amenazas: “Seguido se tienen intimidaciones y situaciones de seguridad, pero no habíamos sido víctimas de algo tan crítico desde el 2018, cuando nos quemaron dos camionetas”. Desde entonces, Roa cuenta con medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección Federal a Personas Defensoras y Periodistas. 
La organización emitió una serie de exigencias a varias autoridades: la primera, al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas para incorporar esta nueva amenaza en el análisis de riesgo de Samuel Roa, con el fin de actualizar su plan de protección y generar medidas efectivas para proteger al periodista, su familia y sus colegas. El segundo a la Fiscalía General del Estado, para investigar de manera objetiva, expedita y veraz en acorde al Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión con debida diligencia y urgencia. Tercera, al Gobierno del estado de San Luis Potosí para rechazar de manera pública cualquier agresión o amenaza contra la prensa, y generar una política pública con acciones no sólo reactivas, sino también preventivas para propiciar un ambiente que permita ejercer el periodismo de manera libre y sin amenazas.
Según la documentación de Artículo 19, San Luis Potosí en los últimos cuatro años ha tenido un promedio de 15 periodistas agredidos o amenazados al año. Esto incluye al menos 7 amenazas y 5 ataques físicos contra periodistas en la entidad.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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